2,5 M€ para las pólizas de seguro destinadas a la retirada de cadáveres ganaderos

Podrán ser beneficiarios de las ayudas las personas físicas, jurídicas, comunidades de bienes y sociedades civiles que siendo titulares de una explotación ganadera ubicada en territorio de la Comunidad de Castilla y León, cumplan una serie de requisitos. Así, para las personas físicas, deberán acreditar la condición de Agricultores a Título Principal (ATP) y/o titular de una explotación agraria calificada como prioritaria. Para las jurídicas, que su actividad principal sea la agraria, y para comunidades de bienes y sociedades civiles también que su actividad principal sea agraria y que al menos la mitad de los asociados sean ATP.

Igualmente, se contemplan como condiciones que hayan suscrito una póliza de seguro de retirada y destrucción de cadáveres al amparo del Plan Nacional de Seguros Agrarios Combinados del año 2012 en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2013, por un lado. Por otro, que el importe del coste neto de la póliza del seguro de retirada y destrucción de cadáveres suscrita sea igual o superior a 100 euros. También que hayan presentado la comunicación de actualización censal entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2013 y que los animales que integran la explotación ganadera cumplan los requisitos en materia de identificación, sanidad y bienestar animal establecidos en la legislación vigente.

Los porcentajes de las ayudas van desde el 14% para las cabañas ovina, caprina y bovina hasta el 36% de lo referente a porcino, pasando por el 12% para el aviar, el 24% en equino y el 8% para el cunícola.

Las ayudas se concederán con cargo a la aplicación presupuestaria establecida al efecto dentro de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2013 por un importe de 2,5 millones de euros, si bien se añade también que si las disponibilidades presupuestarias lo permiten, se podrá ampliar la dotación inicial en una cuantía adicional de hasta un 50%.

Los interesados tienen de plazo hasta el 28 de junio, y las resoluciones se dictarán con la consiguiente notificación en un periodo de tres meses.