CSI-F denuncia la pérdida de 6 trabajadores en la Gerencia Territorial de la Junta

Así lo ha anunciado Mariano Prieto, responsable provincial y regional de la administración autonómica del sindicato independiente, durante la visita del nuevo presidente de CSI-F Castilla y León, Carlos Hernando.

Prieto ha solicitado a la Gerencia de Servicios Sociales de Soria que defienda los puestos de trabajo de estos centros, para que no se pierda calidad en el servicio; y advierte del riesgo de que la Junta vaya reduciendo empleo, como si de 'eres encubiertos' se tratara, cuando se da la circunstancia ?además- de que el trabajo existe. Prieto ha insistido en el temor de CSI-F, de que la administración regional propicia una estrategia de privatización y externalización de servicios.

En el caso de la posible desaparición del técnico de orientación profesional de minusválidos, Prieto ha sido especialmente crítico, por la importancia de este puesto, "para ayudar a las personas que más necesitan apoyo, para encontrar un trabajo". Prieto confía en que la Junta reconsidere estas amortizaciones, y que mantenga los puestos.

Por otra parte, el nuevo presidente de CSI-F Castilla y León, Carlos Hernando, que realizaba su primera visita a la Unión Provincial de Soria, ha recordado que la devolución de la paga extra devengada de 2012, el rechazo a la reforma de la administración local del Gobierno, o la petición de que la jubilación de los policías locales sea a los 60 años, son los temas prioritarios en los que está trabajando la unión autonómica de CSI-F.

En cuanto a la devolución de la paga extra, Hernando ha explicado que están a la espera de la última negociación con la Junta, pero que la posición de CSI-F es que se devuelva todo el dinero en 2014, y no de manera fraccionada y discriminatoria, dependiendo del salario del empleado público, como ha propuesto la Junta.

De lo contrario, ha insistido Hernando, el sindicato está preparado ya con 11.000 demandas judiciales en Castilla y León, para exigir la devolución del dinero que se corresponde con la paga devengada, y que las sentencias ya reconocen. En Soria, se han presentado más de 700 demandas de laborales y funcionarios, para exigir la devolución de toda la paga de Navidad de 2012. En el caso de los funcionarios, las demandas son sectoriales, y en el de laborales son personales.

Hernando ha lamentado las trabas que está poniendo el Gobierno central para que se devuelva el dinero que los tribunales han dicho que hay que devolver a los empleados públicos; e insta a la Junta a que cumpla la voluntad política anunciada hace meses, de devolver la parte devengada, para evitar las costas que supondrán miles de demandas judiciales.

Respecto a la Ley de Sostenibilidad Presupuestaria, sobre la reforma de la administración local, Hernando se ha mostrado contundente, a la horade criticar esta nueva normativa, que beneficiará a las comunidades con más población, y castigará a los territorios y a las administraciones locales con menos población. Además, el presidente de CSI-F Castilla y León considera que servirá para hacer desaparecer una parte significativa de empleados públicos laborales. Un trabajo y unos servicios que son necesarios, y que terminarán siendo privatizados, según Hernando.

En la mismo línea se expresó el presidente del sector autonómico de Local, Amadeo Álvarez, que reforzó el rechazo a la ley de reforma de la administración local del Gobierno, por los perjuicios laborales que tendrá en los ayuntamientos, mancomunidades y otras entidades locales, que repercutirá en un servicio más deficiente a los ciudadanos.

La negociación de una nueva ley de coordinación de policías locales, es otra de las preocupaciones de CSI-F Castilla y León, por la situación en la que se encuentran estos servicios. CSI-F quiere que la jubilación de los policías locales sea a los 60 años, como ocurre en bomberos, lo que permitiría a los ayuntamientos a tener unas policías locales más jóvenes y con más capacidad. Hernando ha insistido que no es justo plantear, como se está proponiendo, reducir el salario de los policías locales, en sus últimos cinco años de servicio.