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Las sanciones por uso de detectores de metales suman en Soria casi 14.000 euros

Las sanciones por uso de detectores de metales suman en Soria casi 14.000 euros

SORIA RURAL
Actualizado 11/03/2015 18:06

En los últimos tres años, la Junta ha abierto nueve expedientes con sanción administrativa, además de otra causa que continúa abierta, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de El Burgo de Osma, con motivo de la operación 'Picador' de la Guardia Civil, en el Yacimiento de Tiermes.

La Junta de Castilla y León sanciona el uso de detectores de metales contra el patrimonio cultural con multas que se aproximan a los 14.000 euros, según ha informado la Delegación Territorial de la Junta en Soria a través de un comunicado.

Los usuarios de detectores que carezcan de la correspondiente autorización y efectúen hallazgos de bienes arqueológicos, están obligados a paralizar su actuación y comunicar inmediatamente su descubrimiento a la dirección general competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales, ya que los objetos descubiertos de este modo pertenecen al dominio público por ser piezas que poseen los valores propios del patrimonio cultural de Castilla y León.

La deslocalización de los objetos es una característica del expolio del patrimonio arqueológico, pues al sustraer un bien de su lugar de origen se desubica la pieza y hace que esta pierda parte de su valor cultural, su valor estratigráfico. Las remociones del terreno que se efectúan para acceder a lo detectado provocan daños en el sustrato arqueológico al destruir el contexto, una cuestión de suma gravedad desde el punto de vista cultural y científico.

La finalidad última de la arqueología es el conocimiento del comportamiento humano, no sólo a través del estudio de los materiales, sino también de los contextos en los que se encuentran. Lo que no se registra en el momento de su hallazgo es irrecuperable, ya que cada entidad arqueológica es única e irrepetible. Por eso el expolio arqueológico es tan nefasto, no sólo por la pérdida de objetos, también, y lo que es más grave, por la imposibilidad de restituir el daño producido en el contexto.

La colaboración ciudadana, y sobre todo el papel de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la labor demostrada por los agentes medioambientales, son fundamentales para la localización, denuncia y control de estos hechos.

Entre los expedientes abiertos en los últimos tres años en Soria, destaca el del año 2012, por la realización de prospecciones arqueológicas no autorizadas en el municipio de Trévago, cuando se imputó a dos vecinos de Valencia, imponiéndoles sendas sanciones de 600 euros.

En el año 2013 se sancionó con multas de 900 euros a tres vecinos de Cuenca por realizar prospecciones arqueológicas no autorizadas en Almarail (Cubo de la Solana).

Por el mismo motivo, en 2014 se ha impuesto una sanción de 3.000 euros a un ciudadano procedente de Zaragoza que actuó en Masegoso (Pozalmuro), y otras dos de tres mil euros y una de mil, a dos vecinos de Madrid y uno de Valencia que realizaron estas prospecciones ilegales con detectores de metales en Matute de Almazán (Matamala de Almazán).

Además, permanece abierta la causa, vía penal, a dos vecinos de Cuenca, denunciados en diciembre de 2013, por actuar ilegalmente contra el patrimonio arqueológico en el Yacimiento de Tiermes.

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