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CAPITAL

Una sentencia obliga al Estado al pago de la extra de Navidad a dos empleados de Justicia

Actualizado 04/09/2015 22:27:06

La demanda, presentada por dos afiliados de CSI-F, ha sido llevada por los servicios jurídicos del sindicato independiente.

Una sentencia del Juzgado de lo Social de Soria número 1, impulsada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y su personal jurídico, admite la demanda de dos empleados laborales de Justicia, y obliga al Estado a pagarles la paga íntegra de Navidad de 2012. Es la primera sentencia de España que reconoce este derecho a empleados laborales, puesto que hasta ahora se había reconocido ese pago a los funcionarios de Justicia.

La demanda se presentó en enero de 2014, después de que la Secretaría Técnica del Ministerio de Justicia rechazara, en marzo de 2013, una reclamación previa de los dos empleados laborales de Justicia, que reclamaban el derecho a cobrar la paga de Navidad suprimida en 2012, con la aplicación del Real Decreto 20-2012 de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria.

El fallo judicial estima que la Ley Orgánica 8/2012 de 27 de diciembre, que regula las retribuciones de los empleados de Justicia, es de aplicación preferente sobre el Real Decreto-Ley 20-2012 de 13 julio, de la que deriva la supresión de la paga al conjunto de los empleados públicos. De esta manera, esta sentencia del Juzgado de lo Social de Soria, como ya han hecho otras similares en el Juzgado Contencioso Administrativo número 10 de Sevilla, o en el Juzgado de lo Social de Palencia de 28 de junio de 2013, consideran que cuando entró en vigor el Real Decreto 20-2012 los trabajadores de Justicia ya habían adquirido el derecho de cobrar la paga extra de manera íntegra. La diferencia está en que la sentencia del Juzgado de Soria se refiere, por primera vez, a empleados laborales de Justicia, puesto que hasta ahora el reconocimiento del pago íntegro de la paga se había hecho a funcionarios.

La presidenta de CSI-F Soria, Reyes Martínez, ha valorado positivamente esta sentencia, “que de nuevo vuelve a darnos la razón a los empleados públicos, por una decisión injusta”.

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