Un decreto ley mejorará la Renta Garantizada de Ciudadanía

La primera reunión prevista de la mesa del Dialogo Social en materia de Renta Garantizada de Ciudadanía, ha acogido la participación de representantes de los agentes económicos y sociales (UGT, CC.OO. y CECALE) así como sus homólogos e las consejerías de Familia e Igualdad de Oportunidades, Empleo y Economía y Hacienda, bajo la presidencia de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García.

La Renta Garantizada de Ciudadanía es una prestación que se ha convertido en un instrumento decisivo para atender las necesidades de inclusión social de las personas. Desde su puesta en marcha en 2011 ha atendido a casi 56.000 personas y contará en 2016 con un presupuesto de 69 millones de euros, un 25,52% superior al de 2015. Dentro del Diálogo Social se quieren seguir dando pasos para mejorar las condiciones de acceso a esta prestación, cuya aprobación y posteriores mejoras han sido fruto del acuerdo del Diálogo Social.

El objetivo de esta órgano es la búsqueda de posibles acuerdos o medidas que modifiquen la normativa, con el objetivo de flexibilizar el acceso a esta prestación, facilitar el retorno a la prestación una vez finalizada la actividad laboral y potenciar el acceso al empleo de los beneficiarios de la renta como mejor instrumento para lograr su inclusión social.

Los primeros acuerdos alcanzados en esta reunión del Diálogo Social se refieren a que las partes han manifestado su voluntad de abordar e intentar alcanzar acuerdos en este y otros asuntos que mejoren el acceso y la cobertura de esta prestación esencial para las personas y familias más vulnerables por carecer de recursos económicos suficientes para atender a sus necesidades básicas de subsistencia.

En este sentido, se ha pactado que los acuerdos que se alcancen se traduzcan en cambios en la legislación con la aprobación de un Decreto-Ley para la flexibilización y mejora de la prestación de Renta Garantizada de Ciudadanía y que estas mejoras sean, al mismo tiempo, sometidas al consenso de los grupos parlamentarios en las Cortes de Castilla y León.