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La Junta se convierte en miembro del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer

La Junta se convierte en miembro del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer

CASTILLA Y LEóN
Actualizado 29/06/2017 15:30

Con ello, la Comunidad tendrá una presencia fundamental en un órgano decisivo en los próximos años de cara a la aprobación del Pacto de Estado sobre Violencia de Género.

La Conferencia Sectorial de Igualdad, celebrada en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha reunido a los responsables del Ministerio con los de las comunidades autónomas para abordar aspectos relacionados con la Igualdad. En esta reunión ha participado la directora general de la Mujer de Castilla y León, Esperanza Vázquez.

Uno de los acuerdos más relevantes que se han adoptado en el marco de la Conferencia Sectorial es el acuerdo por el cual se ha decidido que Castilla y León se incorpore, durante los dos próximos años, como miembro del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, aspecto importante si se tiene en cuenta que estos años serán decisivos para la aprobación del futuro Pacto de Estado y puesta en marcha de las medidas que sean acordadas en el mismo y la Comunidad estará presente en el órgano que se encargará de estos asuntos.

El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer es un órgano colegiado interministerial, al que corresponde el asesoramiento, evaluación, colaboración institucional, elaboración de informes y estudios y propuestas de actuación en materia de violencia de género. Entre sus funciones están las de realizar propuestas de actuación tendentes a prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género y a mejorar la situación de las mujeres víctimas de la misma; formular recomendaciones y propuestas tendentes a mejorar los indicadores y sistemas de información relacionados con la violencia de género; recabar información sobre medidas y actuaciones puestas en marcha por las administraciones públicas, así como por entidades privadas, para prevenir, detectar y erradicar la violencia de género, o asesorar a las administraciones públicas y demás instituciones implicadas, en materia de violencia de género, así como constituir un foro de intercambio y comunicación entre organismos públicos y la sociedad.

Castilla y León pasa a ser miembro de este órgano y participará en él desde la implicación en la lucha contra la violencia de género, a través de un trabajo en red como el que se desarrolla en la Comunidad y en el que participan todos los agentes implicados en la materia. Todo ello está siendo posible gracias a la implantación y desarrollo en Castilla y León del modelo de atención integral a las víctimas de violencia de género, ‘Objetivo Violencia Cero’. El punto de partida de este modelo fueron las directrices de funcionamiento, aprobadas en septiembre de 2015 y, desde entonces, se han implantado en los Servicios Sociales de Castilla y León más de 600 coordinadores de caso y más de 70 profesionales de los equipos especializados de segundo nivel. Junto a esto, se ha impartido formación especializada a más de 800 profesionales de los Servicios Sociales y a casi 1.000 profesionales del Derecho, entre ellos 800 abogados del turno de oficio de violencia de género, todo ello en el marco de distintos convenios de colaboración firmados con el Consejo de la abogacía de Castilla y León, el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General de la Comunidad. Nuevos pasos en el desarrollo de este modelo han llevado a reforzar la atención psicológica a las víctimas en colaboración con el Colegio de Psicólogos de Castilla y León o a incorporar al modelo a los farmacéuticos de Castilla y León para ayudar a detectar y prevenir la violencia de género y derivar este tipo de situaciones a los Servicios Sociales.

Créditos nacionales para programas sobre violencia de género

Otro de los aspectos tratados en la Conferencia Sectorial de Igualdad ha sido el reparto y la distribución entre las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía del crédito para el desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género y atención a menores y del crédito destinado a implementar la propuesta común para la mejora de la coordinación y desarrollo de planes personalizados. En este sentido, Castilla y León contará en 2107 con un presupuesto similar al remitido por el Ministerio el año pasado, 372.000 euros. Junto a esto, el Ministerio ha anunciado a las comunidades autónomas que, junto a estas cantidades, tiene previsto un aumento nacional de 2,7 millones de euros para programas de apoyo y de asistencia a víctimas de agresiones sexuales, aunque de esta nueva cantidad está por concretar el reparto concreto para las comunidades. Además, en la Conferencia Sectorial se ha acordado crear un grupo de trabajo para revisar los criterios de distribución de estos créditos estatales.

Estas cantidades supondrán un complemento a las inversiones que realiza la propia Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en la Comunidad, que en 2017 ha vuelto a realizar un esfuerzo presupuestario incrementando un 9 % el presupuesto respecto al año pasado para la implantación del Modelo 'Objetivo Violencia Cero' y para luchar contra la violencia de género, para llegar a los 4,4 millones de euros.

De los 372.000 euros con los que contará Castilla y León, 71.795 euros irán destinados a la mejora de la coordinación y planes personalizados de atención a las víctimas de violencia de género; 220.904 euros a la asistencia social integral de las víctimas de violencia de género y 80.148 euros a la atención especializada a menores expuestos a violencia de género. La Consejería destinará estos créditos a cofinanciar la atención de las mujeres víctimas y de los menores que necesitan estar acogidos en la red de centros de emergencias y casas de acogida y a cofinanciar el diseño del sistema de información único e interconectado con todos los agentes implicados en la lucha contra la violencia de género del Modelo 'Objetivo Violencia Cero' que ya está implantado con corporaciones locales, justicia y fiscalía y que ampliaremos a otros agentes o instituciones.

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