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Soluciones reales

Soluciones reales

Actualizado 24/10/2017 13:54

Tribuna de invitados de Conchi Baena Moreno, Presidenta de la Asociacion Antigona.

En 2004 todos nos felicitamos, por unanimidad se aprobó una norma que ha marcado un hito en la sociedad del siglo XXI, la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Era una ley trasversal que en muchos aspectos no ha pasado de ser una mera declaración de voluntades. La realidad ha sido bien diferente. Desde su entrada en vigor se ha superado la cifra de 900 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, y eso según cifras oficiales, que las oficiosas arrojan ya cerca del millar. Sin hablar del incremento de las denuncias por las situaciones vividas, día tras día, por muchas mujeres, y por lo que es peor, sus hijos menores. No tenemos base para decir que se ha incrementado la violencia, pero sí que a esa situación de infierno cotidiano se le dio un nombre, y algo mejor, un tipo penal. Ello ha llevado a una pérdida del miedo y a no sentirse solas en ese sufrimiento, un empoderamiento en su grito silencioso, oyéndose su BASTA YA y HASTA AQUÍ.

Pero la Ley no ha sido suficiente. El objeto de la misma no ha sido la violencia de género en toda su extensión, sino únicamente una de sus múltiples manifestaciones. No introdujo una definición de violencia de género, lo que sigue causando gravísimas confusiones. Tampoco parece que se utilizó la educación para erradicar la violencia. Las nuevas tecnologías han hecho florecer otras formas de violencia, y los ‘neomachismos”’ que son los de siempre, con aires de modernidad. En lo referente al ámbito sanitario, escaso rastro hemos encontrado en la detección de violencia, cuando la esfera de la atención primaria nos puede ofrecer un campo primordial para su localización.

Estas y otras han sido las razones de la necesidad del Pacto de Estado contra la Violencia, o como se ha denominado ‘Estrategias contra la violencia de género’. El texto obtuvo el consenso de los grupos parlamentarios, aunque no su totalidad de votos.

Se asume como reto fundamental al de la sociedad, la eliminación de la violencia hacia las mujeres, y no como hizo la LO 1/2004 únicamente en las relaciones de pareja, sino toda la violencia de origen machista que puede llegar a sufrir más del sesenta por ciento de la población en nuestro país, para dar plena efectividad al Convenio de Estambul.

Para ello ofrece 265 propuestas, con un compromiso económico de más de 1.000 millones de euros. Se mueve dentro de 10 ejes estructurales, como son la sensibilización, educación y prevención de la violencia, perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección a las víctimas, con especial atención a los menores, así como un mayor impulso en la formación de los distintos agentes.

Así lo señala la propuesta 229, entendemos que debe ser realmente una formación especializada, no un mero curso de una mañana. Se hace precisa esa verdadera especialización de letrados que asistan a las víctimas, y con la incompatibilidad de poder defender a los agresores, ni en la lista del turno de oficio ni a nivel particular.

Creemos que debe darse a la Oficina de Atención a Víctimas la importancia que se merece, pues se convierte en el lugar donde las víctimas y sus hijos pueden acudir para solicitar información. Hacer hincapié en la especialización real y concienciación de funcionarios destinados en ellas. Tal y como está estructurado, y parece que no va a cambiar, pues el texto del Pacto habla de especialización de letrados, formación judicial, policial y forense, accederá a la plaza el funcionario que mejor posición tiene en su escalafón. No se exige titulación alguna que acredite una formación en psicología, victimología, ni violencia de género. Dada la ‘comodidad’ del puesto, no conlleva la adscripción a juzgado alguno, no tiene superior jerárquico visible, no realiza guardias, puede terminar desvirtuando el objetivo de esas oficinas. No importa el cuerpo al que pertenezca ese funcionario, lo imprescindible es su formación en violencia, y especialmente en la de género.

Las más de 900 mujeres asesinadas desde la entrada en vigor de la LO 1/2004, sus huérfanos y familiares, las más de 26.000 mujeres agredidas, maltratadas, violadas o torturadas necesitan una solución, una ayuda, una asistencia, no palabras bonitas no un TODO PARA ELLAS PERO SIN CONTAR CON ELLAS. Necesitamos soluciones reales que contribuyan a que esta sociedad sea, al menos, un poquito mejor.

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