Un parque público de viviendas en alquiler social, apoyo y protección

El Programa de Vivienda Social en Castilla y León, cuyas líneas maestras son fruto del Diálogo Social, se centra en el fomento del alquiler como eje prioritario sobre el que se viene sustentando la política de vivienda en esta legislatura; concretado, en primer lugar, con el mantenimiento y ampliación de las convocatorias de subvenciones al alquiler mediante un apoyo decidido a las personas con rentas más bajas y complementado con la creación de un parque público de viviendas en alquiler social, entendido como servicio público de interés general.

El parque público de alquiler social dispone actualmente de 1.765 viviendas en toda la Comunidad. Este parque de alquiler social se nutre de viviendas incorporadas de distintas procedencias: las propias de la administración autonómica desocupadas y reservadas para colectivos en riesgo de exclusión social; otras cedidas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb); las incluidas en el Programa Rehabitare, que son cedidas por los Ayuntamientos a la Junta para su rehabilitación y posterior alquiler en el medio rural; y las viviendas de protección pública propiedad de Somacyl que actualmente se ofrecen en régimen de alquiler con opción a compra. A ellas se añade una nueva línea para la reutilización de casas parroquiales en desuso, que son cedidas por los Obispados para su destino al alquiler social mediante convenios que se están firmando con la Consejería.

La política de vivienda social de la Junta de Castilla y León se completa con la convocatoria de ayudas al alquiler con un decidido apoyo a las rentas más bajas, a las que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente destinó 14,7 millones de euros en 2017, alcanzando a 10.553 beneficiarios, de los que 2.298 lo fueron en la provincia de León.

Igualmente, la Consejería inició el pasado mes de febrero el pago de las subvenciones y ha puesto en marcha el mecanismo de la ‘repesca’ de los 2.235 solicitantes que figuraban en la lista de espera en Castilla y León.

Plan Estatal de Vivienda

Además, la Conferencia Sectorial de Vivienda aprobó el pasado 15 de marzo el reparto entre las comunidades autónomas de los 1.443 millones de euros que destinará el Estado al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Castilla y León recibirá 77,9 millones, lo que supone un incremento del 25 % respecto al anterior periodo.

Por su parte, la Junta de Castilla y León aportará otros 24 millones de euros, logrando así una inversión de 101,7 millones de euros para alquiler y rehabilitación, cantidad “histórica”, según calificó el consejero de Fomento y Medio Ambiente al término de la Conferencia Sectorial de Vivienda, ya que permitirá atender las necesidades que se determinen en el marco del Diálogo Social.

Servicio Integral de apoyo a familias en riesgo de desahucio

El Servicio Integral de apoyo a familias en riesgo de desahucio, que está a punto de adquirir el carácter de prestación esencial y de derecho subjetivo a través de la Ley de la Red de Protección que en breve va a aprobarse, ha atendido a 5.227 familias en Castilla y León en los cinco años que lleva funcionando, promoviendo acuerdos con las entidades financieras para afrontar o reestructurar las deudas de estas familias o facilitando fórmulas alternativas a la perdida de la misma. Junto a esto, se acompaña a estas familias en el proceso de búsqueda de soluciones ante las circunstancias adversas que están viviendo, facilitándoles al mismo tiempo el acceso a los recursos que pudieran necesitar.

Todas esas familias atendidas han recibido información y asesoramiento no solo en lo relativo a la insolvencia hipotecaria y a cómo afrontarla, sino también respecto a cómo acceder a otras prestaciones y servicios. En este sentido, se han llevado a cabo 2.352 actuaciones de derivación con 1.012 familias para que pudieran beneficiarse de otros servicios o sistemas de protección como empleo, vivienda, salud, justicia gratuita, CEAS o Tercer Sector. Destaca de forma especial que, en 956 casos en Castilla y León, se ha concedido la Renta Garantizada de Ciudadanía a raíz de la intervención del Servicio.

En cuanto a los 2.561 casos en los que se ha llevado a término una interlocución con la entidad financiera, los resultados indican que en 1.156 casos, casi la mitad, se consiguió una reestructuración de la deuda; en 155 ocasiones, la dación en pago; en 481 casos se alcanzaron acuerdos de otra índole, como de no ejecución, suspensión de lanzamiento, venta, supresión clausulas suelo o bajada de tipo interés, y en 342 casos no fue necesario llevar a efecto interlocución iniciada por producirse una mejora de situación. Para el resto de los casos se proporcionaron otros apoyos sociales.

La importancia de la actuación protectora de este servicio se aprecia en el hecho de que ninguna familia atendida por este servicio tuvo que afrontar un desalojo forzoso. También en la alta tasa de efectividad del servicio ya que en más de un 83 % de los casos se completa la interlocución con las entidades bancarias con resultado positivo, y en el resto, cerca de un 17 % de los casos, la solución llega a través de otros apoyos sociales. A esto se suma el alto grado de cobertura logrado en relación a las ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas de particulares en Castilla y León, ya que desde 2016 el número de casos atendidos supera con mucho las ejecuciones hipotecarias iniciadas; y por último, por su impacto, ya que Castilla y León es la Comunidad con mayor reducción de procedimientos de ejecución hipotecaria, el 46% en 2016, superando con amplitud la media nacional de reducción que es del 31%.

Este dato está en consonancia con el descenso de la entrada de casos en el Servicio Integral de apoyo que ha experimentado un descenso en su demanda de más del 26 % en las oficinas locales, y del 19 % en la Oficina central.

Otras medidas de la Red de Protección de apoyo en vivienda

Dentro de la Red de Protección, y en relación con el apoyo a la vivienda, se incluyen también otros tipos de ayudas. Una de ellas es la prestación económica frente a situaciones de deuda hipotecaria, que es una ayuda dirigida a atender de forma temporal y mientras dure la situación de urgencia social, la cuota hipotecaria así como otros gastos específicos derivados de la situación, como gastos derivados de la reestructuración, levantamiento de embargos o gastos de desalojo. Desde que se creó, y hasta la actualidad, se han concedido este tipo de prestaciones a más de 3.000 familias por un importe de más de dos millones de euros.

Junto a ello, está la prestación económica frente a situaciones de deuda por alquiler de vivienda habitual, que es una prestación para el pago de alquileres en el caso de que las familias en situación de vulnerabilidad se encuentren en alquiler. En estos años ha constituido un tercio del total de las ayudas económicas que se conceden, suponiendo aproximadamente el 40 % de la cuantía total del gasto destinado a estas ayudas. De 2013 a 2017 las familias que han recibido ayudas para alquiler son casi 17.134 por un importe de algo más de 12 millones de euros.