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5.000 firmas de trabajadores laborales de la Junta para la continuidad de la jubilación parcial al 50%

5.000 firmas de trabajadores laborales de la Junta para la continuidad de la jubilación parcial al 50%

CAPITAL
Actualizado 21/05/2018 19:10

En CSIF denuncian el “sospechoso silencio” que mantiene la Consejería de la Presidencia en este asunto”, y piden que dé explicaciones.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado este mediodía a la Junta de Castilla y León más de 5.000 firmas de trabajadores laborales dirigidas al Consejero de La Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez López, para exigir la concesión de las jubilaciones parciales al 50%, que llevan paralizadas desde marzo, cuando es un instrumento recogido en el convenio colectivo para el personal laboral, que se lleva aplicando hace años. CSIF denuncia el “sospechoso silencio” que mantiene la Consejería de la Presidencia en este asunto”, a la que pide “que dé las explicaciones necesarias, de por qué se están reteniendo las cerca de 600 peticiones de jubilaciones parciales que ya se ha solicitado para este año, de trabajadores que cumplen el requisito de tener 61 años y 6 meses”.

En la organización vienen demandando una reunión “urgente” a los responsables de Función Pública de la Junta, “para intentar desbloquear esta situación, o conocer los motivos de esa decisión unilateral por la que no se conceden las jubilaciones parciales. No puede ser que, reuniendo los requisitos establecidos en su día por la Junta y la Seguridad Social, con el cambio de normativa que hubo en abril de 2013, unos trabajadores se hayan podido jubilar parcialmente y otros no puedan hacerlo, sin ninguna explicación, y sin que se haya producido ningún encuentro previo o negociación con los representantes sindicales”. Hasta el momento, la Junta ha autorizado unas 2.400 jubilaciones parciales. Este sindicato advierte que, si la Junta no autoriza las jubilaciones parciales al 50%, “nos llevará a judicializar todas y cada una de las que no se concedan”.

CSIF defiende esta concesión de la jubilación parcial del personal laboral por parte de la Junta, porque “además de reconocer el trabajo y el servicio realizado durante más de 35 años, también es un motor de creación de empleo que reduce las listas del paro, porque los trabajadores que cubren las jubilaciones parciales tienen que estar inscritos como desempleados en las oficinas del ECYL”.

“Si el motivo de la paralización de estas jubilaciones parciales, que tiene en vilo en este momento a unos 600 trabajadores en la Comunidad, es que la Junta tiene que cotizar un 5% más a la Seguridad Social, es una justificación insuficiente, ya que la administración autonómica también se ahorra unos 180 euros de media en la retribución de cada trabajador, en concepto de antigüedad y, por tanto, la administración no tiene mayores costes”, han indicado.

En el sindicado han insistido CSIF en que “no llegamos a comprender las razones de la paralización de estas jubilaciones parciales, que mantiene la Junta, ya que otras administraciones públicas y empresas privadas sí las están concediendo, conforme a la normativa actual de trabajo”. Al trabajador que se jubila parcialmente, la Junta abona el 50% del salario, y se cotiza a la Seguridad Social por un 75% (en 2018, y según las tablas establecidas). A su vez, al trabajador relevista que sustituye al jubilado se le paga el otro 50% del salario (por media jornada), y cotiza por un 65%. (base promedio de los 6 últimos meses de la base regulada del jubilado). Estas jubilaciones se aplican al personal laboral, no al funcionario.

En la organización sindical han explicado que los trabajadores de la Junta nacidos en 1956 y 1957 que podrían acogerse a la jubilación parcial en 2018 suman un total de 1.103 en la Comunidad, de los que 80 están en Soria. En Ávila son 100, en Burgos 146, en León 147, en Palencia 101, en Salamanca 129, en Segovia 104, en Valladolid 219 y en Zamora 77.

CSIF responsabiliza de esta situación “a los máximos responsables de la Función Pública de la Junta de Castilla y León, por aplicar políticas restrictivas y antisociales a sus propios empleados públicos, mientras otras administraciones públicas y empresas siguen facilitando estas jubilaciones parciales. Si a esta situación no se le da una solución inmediata, se pedirán las responsabilidades políticas a la Junta de Castilla y León que correspondan”.

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