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Los funcionarios de prisiones, en pie de guerra tras el envenenamiento de compañeros en Huelva

Los funcionarios de prisiones, en pie de guerra tras el envenenamiento de compañeros en Huelva

CAPITAL
Actualizado 16/11/2018 13:56

Empleados del centro penitenciario de Soria se concentran ante las puertas del mismo para exigir la condición de agentes de la autoridad, lo que llevaría al respeto por parte de los internos.

Toda vez que ayer jueves se conocía el envenenamiento por metadona a funcionarios sanitarios de la prisión de Huelva, sus compañeros en Soria han salido a la calle, a las puertas del centro penitenciario de la capital, con el fin de exigir la urgencia de que este tipo de empleados gocen de la categoría de agentes de la autoridad. Los hechos que se producían este jueves devinieron por la inclusión de metadona y benzodiazepinas que los intoxicados estaban ingiriendo, provocándoles “un grave riesgo para su salud”.

Javier de Diego, de CSIF, uno de los concentrados a primera hora de la tarde de este viernes, ha señalado que el colectivo precisa disponer de la condición de agentes de la autoridad, como lo tienen reconocidos otros profesionales públicos, tales como docentes y sanitarios, policías y Guardia Civil, ya que “los internos se nos están riendo a la cara” con este tipo de sucesos.

Sucesos que se producen “un día sí y otro también. Y ayer dos”, ha lamentado De Diego, recordando que en la prisión de Topas (Salamanca), un compañero sufría igualmente este juevesuna agresión por parte de un interno que le fracturaba una muñeca. Este tipo de agresiones “no tiene ningún tipo de consecuencia penal” para quienes las producen, según ha explicado, y en el caso en el que los funcionarios contasen con tal consideración administrativa, los presos “se lo pensarían mejor” a la hora de ejercer violencia o agresiones.

Por otro lado, el funcionario ha recalcado la falta de personal médico en la prisión de Soria, al igual que en el resto de España, sobre todo en la especialidad de Psiquiatría, por el buen número de trastornos psicológicos que tienen muchos de los penados. Y junto a ello, ha precisado igualmente que es necesario una “mejor clasificación de los internos” con sus grados y condiciones.

Por su parte, Daniel Zapata, de UGT, recalcaba que en la cárcel soriana hay todavía 26 plazas de funcionario si estar cubiertas, y otros 16 puestos que se hallan como segunda actividad. Una falta de personal que es “bestial” tanto en Soria como en el resto del país. Una situación la de ahora que viene dada ahora por la “falta de convocatoria de empleo público” de los últimos años, lo que hará que este colectivo de trabajadores “no pueda aguantar más”.

El portavoz de los concentrados, en torno a una veintena, ha significado que el cuerpo al que pertenece “no es conocido por la sociedad”, por lo que ha instado a la Administración del Estado a que difunda la “importante” labor que llevan a cabo a diario.

En este punto, De Diego ha añadido que son los funcionarios de prisiones quienes se tienen que hacer cargo de personas que la ley obliga a su internamiento, tras la labor de Policía o Guardia Civil y la sentencia del juez. Un cometido que puede extenderse durante 25 años en muchos casos, como el recién condenado de Pioz, que estará entre rejas al menos 25 años y al que se le ha aplicado la prisión permanente revisable.

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