Más de un millón de usuarios se han beneficiado del transporte a la demanda de CyL

Con el fin garantizar la movilidad que garantice la igualdad en el acceso a los servicios públicos, sea cual sea el lugar donde se viva, ha llevado a la creación de un sistema de transporte a la demanda en Castilla y León, que desde hace más de 13 años ha llevado transporte público de viajeros allí donde no había.

En la región, el transporte a la demanda, cuya implantación ha conllevado un esfuerzo presupuestario de 21,5 millones de euros, ha beneficiado a más de un millón de personas, dando servicio a 3.500 localidades, de las que 1.400 no tenían antes este sistema transporte público de viajeros.

Además del transporte a la demanda, se ha puesto en marcha la integración del transporte escolar con el general, con el fin de llevar servicio de transporte allí donde no hay y hacer más eficiente el transporte.

Ley de Transporte de Castilla y León

La reciente aprobación de la Ley de Transporte de Castilla y León -en diciembre pasado por las Cortes de Castilla y León- establece por primera vez un marco jurídico legal estable y realista del transporte de viajeros por carretera y sus infraestructuras. Así, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones ha recordado hoy el alto grado de participación de los grupos parlamentarios, que han trabajado para mejorar el texto inicial propuesto por la su Departamento, logrando su aprobación sin ningún voto en contra y 79 votos a favor.

La nueva ley pone al ciudadano en primer plano al regular, por primera vez, un catálogo de derechos de las personas usuarias, con especial atención a las personas de movilidad reducida, así como su adecuada integración en los servicios de transporte público y en las infraestructuras complementarias al transporte. El texto de la ley incluye las propuestas y demandas del sector.

La Ley reconoce el carácter universal y esencial al transporte público en la Comunidad, garantiza la accesibilidad universal del transporte público donde haya población fija, declara por primera vez este transporte como servicio público esencial de titularidad pública y de responsabilidad pública en su financiación, y establece por primera vez una serie de derechos exigibles por los usuarios del transporte, y especialmente de las personas con movilidad reducida.

Además, la norma incorpora las nuevas tecnologías al servicio del usuario, de la Administración y de las empresas gestoras, busca una ‘movilidad sostenible’ comprometida con el medio ambiente, establece un nuevo concepto de ‘transporte rural’ como una realidad específica de Castilla y León y da rango de Ley al Transporte a la Demanda y al transporte de prestación conjunta implantado en la Comunidad.

Una ley que prepara mejor para un nuevo reto que se afrontará a partir del año que viene y en el que se viene trabajando intensamente desde la Junta de Castilla y León, que es el establecimiento de un nuevo mapa de transporte de viajeros por carretera en Castilla y León con motivo del vencimiento de las actuales concesiones y la necesidad de licitar las distintas rutas por exigencia de normativa Europea, lo que será una oportunidad para mejorar el transporte y adaptarlo a la realidad poblacional y de servicios públicos de Castilla y León.