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UGT exige la implantación de las 35 horas para los empleados públicos de la Junta

UGT exige la implantación de las 35 horas para los empleados públicos de la Junta

CASTILLA Y LEóN
Actualizado 12/02/2019 20:04

El sindicato considera que existe un “amplio margen” en lo que es déficit presupuestario para aplicar este horario laboral.

En el BOE del 26 marzo del 2018 se publicó el acuerdo entre sindicatos mayoritarios de la Función Pública a nivel estatal y el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Este acuerdo está asumido por el Gobierno actual por el que además acordaron subidas retributivas de los empleados públicos para los tres años siguientes, 2018, 2019 y 2020. Además, se fijaba la posibilidad de volver a la jornada de 35 horas, a través de negociación colectiva y si se cumplían los tres parámetros de control del déficit: estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto.

Sin embargo, el año pasado, la Junta de Castilla y León, “sorpresivamente” para UGT, incumplió estas condiciones, y además, para el ejercicio en curso en el sindicato consideran que con los datos que disponen el Ejecutivo regional podría dar cumplimiento a este acuerdo. “Es más, en el caso de déficit, el más complicado de cumplir, el dato de noviembre es del 0,05%, cuando el máximo autorizado es el 0,4%. Por lo tanto, disponemos de un amplio margen”, han explicado.

En la organización sindical han reseñado que la implantación de las 35 horas afectaría a 85.111 empleados públicos, que están designados como funcionarios, estatutarios y laborales, -y divididos en 34.048 estatutarios trabajadores de instituciones sanitarias; 30.729 docentes no universitarios y 20.334 trabajadores en el resto de consejerías-. Una implantación que ya ha tenido desarrollo normativo en otras regiones como Asturias, Cantabria, Castilla la Mancha, Canarias, Extremadura, Andalucía, La Rioja y Comunidad Valenciana.

Para UGT, el retroceso a las 37,5 horas “sólo tiene justificaciones ideológicas”, y supuso el cierre de contratos, en especial en la Gerencia de Servicios Sociales, “con un aumento del paro, la pérdida de la calidad asistencial, un empeoramiento de las condiciones para la conciliación de la vida laboral y familiar en unos servicios que se encuentran al mínimo de personal y permanentemente sometidos a necesidades de servicios”.

Educación

Por otro lado, en el Sector de Enseñanza de la FeSP-UGT han venido reivindicando la necesidad de legislar aspectos que garantizaran la igualdad de oportunidades y de las condiciones laborales de los docentes como Cuerpo Nacional. Por ello “mostramos nuestra satisfacción por el texto elaborado en el Senado que reduce las horas lectivas del profesorado a 23 horas para Infantil y Primaria y a 18 horas para el resto de docentes de enseñanzas no universitarias”. Así, han apelado a la responsabilidad política de los representantes políticos para que se apruebe definitivamente el documento en el Congreso de Diputados “y que la derogación del Real Decreto 14/2012 sea efectiva”.

“En Castilla y León nuestros docentes han colocado la educación en los más altos niveles educativos, sin embargo, son unos de los peores remunerados a nivel nacional y de los que más sufren los recortes educativos impuestos por el Partido Popular”, han recalcado, exigiendo que para el próximo curso escolar la jornada laboral máxima debe de ser de 35 horas semanales.

Sanidad

En el ámbito de la sanidad, el aumento de la jornada laboral a las 37,5 horas “tuvo y tiene” según el sindicato, un “doble efecto adverso”, que ha llevado por un lado a “la expulsión a profesionales del territorio del Sacyl”, a la vez que se ha visto aumentada la carga de trabajo de los profesionales, con el consiguiente “deterioro” de la calidad asistencial. Así, en UGT han incidido en que es preciso la recuperación de las 35 horas semanales, lo cual “nos pondría en igualdad de condiciones con el resto de comunidades que ya la han implementado, colaborando en frenar la huida de profesionales hacia dichas comunidades”,

UGT solicitará por escrito a la Dirección General de Función Pública la convocatoria de la Mesa de negociación para la implantación de dicha jornada. De no llevarse a cabo esta Mesa, convocará movilizaciones, no descartando paros, "para conseguir recuperar este derecho, ya que las condiciones pactadas se cumplen y no se puede demorar más".

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