UGT ve "inadmisible" la anulación del concurso de traslados de funcionarios de CyL

UGT considera "inadmisible" la situación generada en la Junta de Castilla y León, después de la sentencia 47/19, conocida ayer, que "liquida" las posibilidades de movilidad de los funcionarios y "cercena de raíz" uno de sus derechos fundamentales. Para el sindicato, es el "triste colofón a la pésima gestión de personal" del actual equipo de gobierno de Juan Vicente Herrera, quien "hasta ayer mismo decía que el concurso se ejecutaría en plazo, abusando de la buena voluntad negociadora que se supone a las partes en una negociación".

La mencionada sentencia 47/19, del Juzgado Contencioso Administrativo nº3 de Valladolid, y presentada por la Asociación de Letrados de la CCAA de Castilla y León, anula la resolución que convocaba el concurso abierto y permanente de funcionarios. Sin embargo, también, para el sindicato, son estos letrados quienes "deberían haber sido los garantes" de que las normas negociadas no fuesen anuladas en las vías jurisdiccionales correspondientes.

La base fundamental de la anulación es la vinculación causal con el Catálogo de Puestos Tipo, ya declarado anteriormente nulo y que ha sido un instrumento intermedio introducido por el actual equipo de gobierno.

El resultado final es la pérdida del Concurso Abierto y Permanente, tal como estaba convocado y además, para el sindicato "prejuzga" como poco viable la salida propuesta por la Junta para un nuevo concurso. "En la práctica", continúan en UGT, "la suspensión de este concurso supone que la Junta siga incumpliendo su deber de convocatoria anual, y causando unos perjuicios irreparables para el conjunto de los funcionarios".

Por otro lado, en el sindicato consideran que "deja sin sentido todo el esfuerzo negociador de los últimos años", que para UGT estaba enfocado en lograr que los funcionarios tuviesen concurso de traslados, como uno de los "elementos esenciales" de su carrera administrativa.

Por todo ello, en la organización sindical han exigido a la Junta que arbitre una medida de urgencia, sin posibilidades de más recursos, para que los funcionarios puedan ejercer su derecho a concursar. Un derecho que ha recordado el sindicato que en muchos cuerpos y escalas, "lleva más de 10 años" sin poder ser ejercido.