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ASDEN tilda de 'falsas' las manifestaciones de Benito Serrano contra los ecologistas sobre la crisis de Aleia

ASDEN tilda de 'falsas' las manifestaciones de Benito Serrano contra los ecologistas sobre la crisis de Aleia

PROVINCIA
Actualizado 24/10/2019 08:48

En el colectivo aseguran que actuaron de forma favorable al proyecto empresarial, y que aportó observaciones a la empresa para eliminar afecciones derivadas del proceso judicial del PEMA.

"Con total rotundidad y rigor" la asociación ASDEN-Ecologistas en Acción ha señalado esta mañana de jueves que las afirmaciones del presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ofrecidas en rueda de prensa del 21 de octubre de 2019, así como otras similares de la alcaldesa de Garray, que vinculan la crisis de la empresa Aleia Roses con el Recurso Judicial presentado contra el PEMA "no se ajustan a la verdad" y además "contradicen la realidad y las actuaciones de ASDEN en relación con las instalaciones de cultivo de rosas".

Para los eocologistas, las afirmaciones Serrano vienen precedidas de otras declaraciones anteriores y de las ofrecidas por otros altos cargos de la Diputación que tienen como objetivo "generar el rechazo de la sociedad soriana" hacia este colectivo.

Según reseñan, y en relación con la empresa de producción de rosas, "simplemente hay que consultar el expediente urbanístico municipal, y preguntar al gerente de Aleia Roses, Luis Corella, y a las personas de su equipo que se reunieron con los miembros de ASDEN en los meses previos a la instalación de esta empresa en Garray. En la primavera del año 2016, la ahora Aleia Roses se denominaba Bionatur", han explicado.

"Estas reuniones se realizaron sin la mediación de la Junta, una cuestión importante ya que así Bionatur despejó en la primera reunión los prejuicios y temores que traía, y que iban en el sentido de que ASDEN iba a poner insalvables obstáculos por la cercanía de su proyecto a la Ciudad del Medioambiente. Algo que no sucedió", indician los ecologistas en un comunicado.

Estas mismas fuentes han afirmado que en la segunda reunión, los miembros de ASDEN, una vez recibida la documentación e información adecuada, comprobaron que los invernaderos de rosas no ocupaban terrenos de la CMA, y que únicamente iban a usar como zona de acceso los terrenos del actual PEMA "que estaban declarados previamente rústicos y, por lo tanto, fuera del Soto de Garray, que era la zona protegida urbanísticamente".

Al igual que en el ahora caso del aeroparque, ASDEN mostró a Bionatur una serie de cuestiones jurídicas relacionadas con la situación procesal de la CMA y del PEMA, según exponen.

"Como es normal, Bionatur valoró las observaciones de ASDEN, las agradeció y las integró en su proyecto para que su futuro no se viera afectado por una posible y esperable sentencia judicial", según recuerdan.

Así, el colectivo planteó alternativas a la localización de las conexiones eléctricas "que Bionatur aceptó desplazarlas unos metros y sacarlas del perímetro de la CMA". Aun siendo también suelo protegido, "se podían ejecutar sin problemas legales con la correspondiente tramitación administrativa: un simple informe ambiental favorable de la Junta por afectar al LIC del Duero que no fue alegado por ASDEN".

Cuestiones menores

"En la tramitación urbanística municipal, ASDEN alegó únicamente cuestiones menores referidas a un incumplimiento de la Ley de transparencia por parte del Ayuntamiento de Garray en la publicación del anuncio; y petición de una aclaración de quién costeaba las obras. Alegaciones que fueron desestimadas por el Ayuntamiento de Garray, previa correcta publicación del anuncio. De todo ello queda constancia en el expediente urbanístico del Ayuntamiento de Garray y es información pública", continúa el comunicado.

Sobre que Aleia Roses no haga uso del calor y electricidad que produce Gestamp, los ecologistas afirman que no presentaron inconvenientes "por cuanto esos servicios no afectaban a los terrenos del Soto de Garray", en un suelo

suelo "con Protección Natural".

"La actuación de ASDEN en este caso tiene como prueba evidente e irrefutable, que Gestamp produce energía eléctrica que saca a la red general, que es a la que está conectada Aleia Roses. Aclarando que Aleia Roses lo podría haber hecho a través de una red de transporte específica con Gestamp si técnica y jurídicamente hubiera sido viable. En teoría y presuntamente Aleia Roses estaba utilizando el Calor y CO2 de Gestamp según la información oficial de la Junta del año 2016".

"En cualquier caso", reza el comunicado de los ecologistas, "la empresa, ahora Aleia Roses, dejó claro a ASDEN que se abastecería de luz y gas conectándose a las correspondientes redes generales. Y que no iba a usar el calor de Gestamp, ni su CO2, si no que Aleia lo iba a generar con sus propios medios. La realidad sobre si Aleia Roses está conectada a Gestamp, ASDEN la desconoce".

Para los eocologistas, hay otro hecho "real y constatable" que les es favorable, el cual "pone en evidencia las declaraciones del presidente de la Diputación y de la alcaldesa de Garray" y que es que los servicios de agua potables, alcantarillado y red viaria que Aleia Roses ha utilizado durante cerca de tres años "pertenecen a los servicios del PEMA y de la antigua CMA, aun existiendo una paralización cautelar, sin que haya habido ningún problema jurídico ni judicial".

"Estos servicios los podrían utilizar ya mismo las supuestas instalaciones del Aeroparque industrial-tecnológico que estén fuera del suelo protegido del Soto de Garray y sobre las que ASDEN ha comunicado a la Diputación de Soria que no había objeciones", observan.

También han recordado que las instalaciones de la CMA y la cúpula de la Energía son unas obras "construidas con una Ley que ha intentado socavar la Constitución; es decir, los pilares del Estado del Derecho de España, como dejó claro el Tribunal Constitucional en sentencia de su Pleno de 5 de diciembre de 2013".

Por lo expuesto, el colectivo considera "una infamia que debería avergonzar a las autoridades y políticos que la propusieron y aprobaron; en especial a José Antonio de Miguel que en el año 2007 defendió tal Ley durante su tramitación en las Cortes de Castilla y León".

Doce años después, según ASDEN, años después, "muchas de esas autoridades que entonces apoyaron o aceptaron tal fraude jurídico, piden hoy responsabilidades a los ciudadanos que ejercen sus derechos y piden respeto a los procesos judiciales y el cumplimiento de la Ley y de la Constitución Española".

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