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Manifiesto ambiental Villalar 2012

Manifiesto ambiental Villalar 2012

OPINIóN
Actualizado 25/04/2012

En estos tiempos las propias instituciones públicas cuestionan los principios que conforman nuestro Estado de Derecho excepto en CyL donde hay un alto nivel de autocomplacencia institucional en el que se niega cualquier debate abierto y transparente.

En Castilla y León son múltiples y abundantes los órganos de representación de la voluntad popular y administrativos que en teoría deberían ejercer el poder de forma limitada para asegurar a la ciudadanía el ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución Española y en

el Estatuto de Autonomía.

Ahora bien desde Ecologistas en Acción comprobamos que en materia de medioambiente tales órganos hacen un uso abusivo y arbitrario de sus potestades e incluso favorecen o realizan fraudes de Ley. Este pésimo gobierno conlleva el mal funcionamiento de la administración ambiental posiblemente debido a la aparente impunidad con la que funcionan las Instituciones, Entidades, Órganos y autoridades que consideran y transmiten la sibilina idea de que el Medioambiente se puede subyugar ante intereses económicos, políticos o privados que ellos mismos autodefinen como de interés general, sin tener en cuenta que contradicen el artículo 45 de la Constitución Española; e incluso del Estatuto de Autonomía que en su artículo 4º define al Patrimonio Natural como uno de los valores esenciales de la identidad Castellano y leonesa.

Todos estos órganos e instituciones gastan importantes cantidades de dinero para publicitar su aparente transparencia, apertura a la participación y servicio al ciudadano. Pero paradójicamente obstaculizan el acceso a la información ambiental, permanecen sordos a la legítima participación, e incluso acallan, manipulan y desprecian las críticas que los ciudadanos y organizaciones ecologistas realizamos en los cauces legalmente establecidos.

Ante esta situación, las organizaciones ambientales nos vemos obligados a acudir a la vía judicial para exigir el estricto cumplimiento de la Ley, la cual reconoce las infracciones denunciadas y emite sentencias que paralizan, anulan y declaran ilegales proyectos, actuaciones y normas, en algunos casos de gran trascendencia como las que se adjunta[1]. Es decir que los propios ciudadanos tenemos que hacer valer la legalidad y nuestros derechos frente a la vulneración inculcada por parte de unas instituciones que deberían ser las valedoras de tales principios esenciales del sistema democrático y del mito de los ideales de los Comuneros que se homenajean el 23 de abril.

www.asden.org

En estos tiempos las propias instituciones públicas cuestionan los principios que conforman nuestro Estado de Derecho excepto en CyL donde hay un alto nivel de autocomplacencia institucional en el que se niega cualquier debate abierto y transparente.

En Castilla y León son múltiples y abundantes los órganos de representación de la voluntad popular y administrativos que en teoría deberían ejercer el poder de forma limitada para asegurar a la ciudadanía el ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución Española y en

el Estatuto de Autonomía.

Ahora bien desde Ecologistas en Acción comprobamos que en materia de medioambiente tales órganos hacen un uso abusivo y arbitrario de sus potestades e incluso favorecen o realizan fraudes de Ley. Este pésimo gobierno conlleva el mal funcionamiento de la administración ambiental posiblemente debido a la aparente impunidad con la que funcionan las Instituciones, Entidades, Órganos y autoridades que consideran y transmiten la sibilina idea de que el Medioambiente se puede subyugar ante intereses económicos, políticos o privados que ellos mismos autodefinen como de interés general, sin tener en cuenta que contradicen el artículo 45 de la Constitución Española; e incluso del Estatuto de Autonomía que en su artículo 4º define al Patrimonio Natural como uno de los valores esenciales de la identidad Castellano y leonesa.

Todos estos órganos e instituciones gastan importantes cantidades de dinero para publicitar su aparente transparencia, apertura a la participación y servicio al ciudadano. Pero paradójicamente obstaculizan el acceso a la información ambiental, permanecen sordos a la legítima participación, e incluso acallan, manipulan y desprecian las críticas que los ciudadanos y organizaciones ecologistas realizamos en los cauces legalmente establecidos.

Ante esta situación, las organizaciones ambientales nos vemos obligados a acudir a la vía judicial para exigir el estricto cumplimiento de la Ley, la cual reconoce las infracciones denunciadas y emite sentencias que paralizan, anulan y declaran ilegales proyectos, actuaciones y normas, en algunos casos de gran trascendencia como las que se adjunta[1]. Es decir que los propios ciudadanos tenemos que hacer valer la legalidad y nuestros derechos frente a la vulneración inculcada por parte de unas instituciones que deberían ser las valedoras de tales principios esenciales del sistema democrático y del mito de los ideales de los Comuneros que se homenajean el 23 de abril.

www.asden.org

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