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Rechazo a la externalización y privatización del servicio provincial de extinción de incendios y salvamento

Rechazo a la externalización y privatización del servicio provincial de extinción de incendios y salvamento

OPINIóN
Actualizado 03/09/2012

La Asociación Profesional de los Bomberos de Soria rechaza frontalmente cualquier solución a la prestación del servicio provincial de extinción de incendios y salvamento que no se gestione desde el ámbito público, contrariamente a lo pretendido por Diputación Provincial de privatizar el servicio, porque no se ajusta a la legalidad, resulta claramente más ineficiente económica y organizativamente y, sobre todo, pone en grave riesgo la seguridad de la población en la provincia. Por ello, ante la aprobación en Comisión del Pliego para privatizar el servicio, deseamos realizar una primera valoración ante la opinión pública Soriana en el sentido siguiente:

-Los Servicios de Extinción de Incendios y Salvamento son Servicios que se han de prestar desde el ámbito público y la profesión de bombero es una profesión reglada. Ambas cuestiones están previstas actualmente en la LEY 4/2007, de 28 de marzo de Protección Ciudadana de Castilla y León, que contempla incluso la próxima aprobación de un Estatuto del Bombero sobre la que se lleva trabajando desde hace un tiempo.

El ejercicio de las funciones propias del bombero requieren un ejercicio de autoridad pública, es decir que los bomberos son Agentes de la Autoridad en el ejercicio de sus funciones públicas, de tal suerte que de acuerdo a la Ley, solo desde la condición de funcionario se puede ejercerse tal tarea, nunca desde una empresa privada. Ello permite, a modo de ejemplo, acceder a una vivienda sin presencia del propietario o parar el tráfico ante un siniestro. Un empleado de una empresa privada asume riesgos personales de tipo penal que le impiden ejercer plenamente una función de bombero profesional.

Por otro lado, el ejercicio de la profesión de bombero requiere la superación de una serie de pruebas mediante una oposición, de acuerdo a los principios de igualdad, mérito y capacidad, unas pruebas que son rigurosas y exigentes tanto en condiciones físicas, psicotécnicas y de conocimientos, teóricos y prácticos. Resulta evidente que una empresa privada contratará a quien desee, con dinero público, sin ningún control, por lo que en absoluto está garantizada la idoneidad del personal de que se dote respecto del ejercicio de la profesión.

Por otro lado, y como se ha dicho, la Junta de Castilla y León tiene diseñado un camino respecto de la organización de los Servicios de Extinción de Incendios que viene regulada en la Ley de Protección Ciudadana, en su artículo 38 y siguientes y con una nueva competencia asumida en la última reforma del Estatuto de Autonomía, en su artículo 71.16 por la que asume la coordinación de los servicios de prevención y extinción de incendios. Este es un marco legal en el que de ninguna manera tiene encuadre alguno la prestación por una empresa privada de un servicio de extinción de incendios. De tal suerte que solo puede haber bomberos de empresa pero únicamente para su propia autoprotección y para colaborar, en caso de siniestro grave, bajo la dirección de un Servicio de Extinción de Incendios Público.

Por tanto, concluimos que desde el punto de vista legal, la privatización de un Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos es claramente contraria a derecho.

-El Servicio privatizado que se pretende por Diputación Provincial sorprende por ser a todas luces tremendamente más inseguro e ineficaz que si lo presta a través del SEIS de Soria, que cuenta con 36 profesionales especializados, con una dotación de medios muy completa, tanto en vehículos como en material operativo. Resulta evidente que la intervención de solamente dos personas por turno de trabajo que consta en el pliego, además de suponer un extraordinario riesgo para la seguridad de los operarios, supone también poner en extraordinario riesgo la eficacia de cualquier intervención, donde la vida de las personas es muchas veces con la que se juega. Resulta por tanto absolutamente incomprensible e inasumible profesional y socialmente esta propuesta, que no superaría incluso una Inspección de trabajo.

En este sentido, resulta un insulto a la inteligencia y a la seriedad, exigible a cualquier responsable de un Servicio de Bomberos, que ponga en riesgo la vida de los propios bomberos en una intervención ante multitud de siniestros posible, tanto en espacios confinados, viviendas, instalaciones con productos químicos peligrosos, accidentes con mercancías peligrosas, etc. etc.

Concluimos que solo desde la ineptitud técnica y política puede plantearse hoy en día una propuesta de servicio como la aprobada en el pliego, con tan escaso recurso de personal profesional para intervenir.

Téngase en cuenta, que hasta ahora, aún con la presencia de personal voluntario en las zonas comarcales (por otro lado de dudosa legalidad según sentencias recientes), siempre estuvo presente para dar cobertura ante un riesgo superior el Parque de Bomberos de Soria, por encima de los 30 km de radio de acción, acudiendo en numerosas ocasiones como ha quedado demostrado.

-Respecto de los medios materiales que se adscriben, según el pliego, sorprende que la Diputación aporte sólo una autobomba forestal para el servicio en los 30 km a la redonda de la capital. Ello restará igualmente total eficacia a cualquier intervención que no tenga que ver con ese tipo de incendio. Es decir, que no dispondrá de ninguno de los medios específicos con que cuenta el Parque de Soria: vehículos para intervención en y desde altura (autoescaleras), vehículos de rescate ante accidentes y vehículos de intervención urbana. Además, no se dispone de medios de intervención de excarcelación ante accidentes de tráfico, con lo que, supuestamente, nadie sabe quien acudirá ante un rescate de esta naturaleza, en la que se puede encontrar cualquier soriano.

Sorprende además, que la propia Diputación renuncie a su propia inversión que ha realizado en el Parque de bomberos de Soria, fruto de los sucesivos Convenios. Así, ha aportado 3 vehículos que están totalmente operativos: un vehículo autobomba forestal de solo dos años, una autobomba urbana y un vehículo ligero de 1ª intervención, por lo que el derroche económico de Diputación es más que evidente, pues desaprovecha totalmente los recursos aportados, aunque ahora de propiedad municipal.

-Respecto del coste económico del servicio, y derivado de todo lo aquí expuesto también, resulta del todo incomprensible, y consecuentemente inasumible socialmente, el extraordinario derroche de medios económicos que este servicio privatizado supone para el erario público, con unos gastos fijos de cerca de 600.000 euros, más la autobomba forestal que supones otros 220.000 euros, más diverso material, más el Parque de maquinaria y vivienda adyacente. Es decir, que el gasto del primer año puede ascender fácilmente a más de 900.000 euros y posteriormente un coste anual fijo, más los variables, que no se sabe a cuanto pueden ascender en este momento, pero que todo en su conjunto puede ascender a

700.000 euros año, más la indispensable adquisición de nuevo material y vehículos para distintos tipos de intervención.

Por tanto, de facto, supone un derroche económico de grueso calibre disponer a la larga en la capital de dos Parques de Bomberos para un radio de actuación. Alguien tendrá que explicar políticamente a la opinión pública, como puede asumirse semejante dilapidación de dinero público, cuando parece demostrarse tan excesivo celo con recortes de salarios incluidos en otro tipo de gastos de personal y de servicios. Cabe preguntarse ¿qué intereses hay detrás? ¿Qué compromisos personales tan fuertes existen que se dilapide así el dinero público? ¿Cómo puede adoptarse tan alegremente un gasto como este?

-Por último, desde un punto de vista profesional, no podemos sino lamentar tener que expresar que responsabilizaremos totalmente de cualquier grave suceso que pueda derivarse de una ineficiente intervención de este servicio privado que se pretende aprobar, a los diputados provinciales que voten a favor de la externalización de este servicio de emergencias en las condiciones en que se hace, incluso penalmente. Así mismo, como políticos provinciales que son, les responsabilizamos socialmente del derroche económico que pretenden aprobar, y les responsabilizamos ante sus vecinos y votantes, como Alcaldes y Concejales que son de sus propios municipios, de lo que pueda derivarse en sus propios pueblos.

¿Cómo puede intervenirse ante un incendio de vivienda en un tercer piso un conductor con un bombero, con un vehículo forestal y sin escalera?, ¿en Camaretas o en Almazán? ¿Cómo van a actuar dos bomberos de dudosa cualificación en un accidente frontal con varios heridos atrapados? ¿Como van a diseñar un protocolo de actuación ante un accidente con incendio de vehículo en el túnel de Piqueras con dos personas? Nos gustaría saber si algún técnico de Diputación respalda esto.

No obstante, estando como estamos a tiempo de parar semejante despropósito, apelamos al sentido de la responsabilidad pública del Partido Popular, de manera que ejerza su influencia para paralizar su aprobación definitiva y apelamos a su Presidenta Provincial a que mantenga una reunión con esta Asociación para analizar la situación, ofreciendo para ello toda nuestra colaboración y conocimientos profesionales para un mejor fin. Le pediremos el lunes una reunión y también al Presidente de la Diputación.

Apelamos igualmente a la Junta de Castilla y León, que tiene asumidas las competencias en materia de Protección Civil y de Coordinación de los servicios de Extinción de Incendios, y que ha de velar por el cumplimiento de la Ley de Protección Ciudadana, a que impida la aprobación plenaria definitiva de este Pliego para la gestión privada de este servicio público, que trastoca totalmente el marco regulatorio y organizativo previsto.

Apelamos al Ayuntamiento de Soria, a que dentro de lo razonable haga los esfuerzos precisos para facilitar el Acuerdo, de la forma en que finalmente ha podido demostrar de acuerdo al último planteamiento de negociación que expuso Diputación, que inexplicablemente esta no ha aceptado según su propia propuesta.

Anunciamos, igualmente, nuestra intención de impugnar cualquier acuerdo plenario en este sentido, en uso de nuestras facultades como Asociación Profesional y apelamos a los sindicatos igualmente a que tomen decisiones en este sentido para evitar que un servicio que debe ser de gestión pública, pueda privatizarse.

Constamos también las deficiencias actuales en materia de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento en el ámbito de las comarcas provinciales, especialmente en materia de personal profesional empleado público funcionario y que es donde verdaderamente debe hacerse el esfuerzo. El personal voluntario tiene su mérito pero no deben realizar legalmente trabajos de extinción. Es ahí donde debe emplear la Diputación sus posibilidades de recursos económicos zonificando los Parques con más racionalidad que hasta ahora.

Resulta evidente que este camino iniciado por la Diputación, es, a todas luces, el menos adecuado y oportuno, se está a tiempo de reconducirlo, y apelamos a todos a que así se haga.

La Asociación Profesional de los Bomberos de Soria rechaza frontalmente cualquier solución a la prestación del servicio provincial de extinción de incendios y salvamento que no se gestione desde el ámbito público, contrariamente a lo pretendido por Diputación Provincial de privatizar el servicio, porque no se ajusta a la legalidad, resulta claramente más ineficiente económica y organizativamente y, sobre todo, pone en grave riesgo la seguridad de la población en la provincia. Por ello, ante la aprobación en Comisión del Pliego para privatizar el servicio, deseamos realizar una primera valoración ante la opinión pública Soriana en el sentido siguiente:

-Los Servicios de Extinción de Incendios y Salvamento son Servicios que se han de prestar desde el ámbito público y la profesión de bombero es una profesión reglada. Ambas cuestiones están previstas actualmente en la LEY 4/2007, de 28 de marzo de Protección Ciudadana de Castilla y León, que contempla incluso la próxima aprobación de un Estatuto del Bombero sobre la que se lleva trabajando desde hace un tiempo.

El ejercicio de las funciones propias del bombero requieren un ejercicio de autoridad pública, es decir que los bomberos son Agentes de la Autoridad en el ejercicio de sus funciones públicas, de tal suerte que de acuerdo a la Ley, solo desde la condición de funcionario se puede ejercerse tal tarea, nunca desde una empresa privada. Ello permite, a modo de ejemplo, acceder a una vivienda sin presencia del propietario o parar el tráfico ante un siniestro. Un empleado de una empresa privada asume riesgos personales de tipo penal que le impiden ejercer plenamente una función de bombero profesional.

Por otro lado, el ejercicio de la profesión de bombero requiere la superación de una serie de pruebas mediante una oposición, de acuerdo a los principios de igualdad, mérito y capacidad, unas pruebas que son rigurosas y exigentes tanto en condiciones físicas, psicotécnicas y de conocimientos, teóricos y prácticos. Resulta evidente que una empresa privada contratará a quien desee, con dinero público, sin ningún control, por lo que en absoluto está garantizada la idoneidad del personal de que se dote respecto del ejercicio de la profesión.

Por otro lado, y como se ha dicho, la Junta de Castilla y León tiene diseñado un camino respecto de la organización de los Servicios de Extinción de Incendios que viene regulada en la Ley de Protección Ciudadana, en su artículo 38 y siguientes y con una nueva competencia asumida en la última reforma del Estatuto de Autonomía, en su artículo 71.16 por la que asume la coordinación de los servicios de prevención y extinción de incendios. Este es un marco legal en el que de ninguna manera tiene encuadre alguno la prestación por una empresa privada de un servicio de extinción de incendios. De tal suerte que solo puede haber bomberos de empresa pero únicamente para su propia autoprotección y para colaborar, en caso de siniestro grave, bajo la dirección de un Servicio de Extinción de Incendios Público.

Por tanto, concluimos que desde el punto de vista legal, la privatización de un Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos es claramente contraria a derecho.

-El Servicio privatizado que se pretende por Diputación Provincial sorprende por ser a todas luces tremendamente más inseguro e ineficaz que si lo presta a través del SEIS de Soria, que cuenta con 36 profesionales especializados, con una dotación de medios muy completa, tanto en vehículos como en material operativo. Resulta evidente que la intervención de solamente dos personas por turno de trabajo que consta en el pliego, además de suponer un extraordinario riesgo para la seguridad de los operarios, supone también poner en extraordinario riesgo la eficacia de cualquier intervención, donde la vida de las personas es muchas veces con la que se juega. Resulta por tanto absolutamente incomprensible e inasumible profesional y socialmente esta propuesta, que no superaría incluso una Inspección de trabajo.

En este sentido, resulta un insulto a la inteligencia y a la seriedad, exigible a cualquier responsable de un Servicio de Bomberos, que ponga en riesgo la vida de los propios bomberos en una intervención ante multitud de siniestros posible, tanto en espacios confinados, viviendas, instalaciones con productos químicos peligrosos, accidentes con mercancías peligrosas, etc. etc.

Concluimos que solo desde la ineptitud técnica y política puede plantearse hoy en día una propuesta de servicio como la aprobada en el pliego, con tan escaso recurso de personal profesional para intervenir.

Téngase en cuenta, que hasta ahora, aún con la presencia de personal voluntario en las zonas comarcales (por otro lado de dudosa legalidad según sentencias recientes), siempre estuvo presente para dar cobertura ante un riesgo superior el Parque de Bomberos de Soria, por encima de los 30 km de radio de acción, acudiendo en numerosas ocasiones como ha quedado demostrado.

-Respecto de los medios materiales que se adscriben, según el pliego, sorprende que la Diputación aporte sólo una autobomba forestal para el servicio en los 30 km a la redonda de la capital. Ello restará igualmente total eficacia a cualquier intervención que no tenga que ver con ese tipo de incendio. Es decir, que no dispondrá de ninguno de los medios específicos con que cuenta el Parque de Soria: vehículos para intervención en y desde altura (autoescaleras), vehículos de rescate ante accidentes y vehículos de intervención urbana. Además, no se dispone de medios de intervención de excarcelación ante accidentes de tráfico, con lo que, supuestamente, nadie sabe quien acudirá ante un rescate de esta naturaleza, en la que se puede encontrar cualquier soriano.

Sorprende además, que la propia Diputación renuncie a su propia inversión que ha realizado en el Parque de bomberos de Soria, fruto de los sucesivos Convenios. Así, ha aportado 3 vehículos que están totalmente operativos: un vehículo autobomba forestal de solo dos años, una autobomba urbana y un vehículo ligero de 1ª intervención, por lo que el derroche económico de Diputación es más que evidente, pues desaprovecha totalmente los recursos aportados, aunque ahora de propiedad municipal.

-Respecto del coste económico del servicio, y derivado de todo lo aquí expuesto también, resulta del todo incomprensible, y consecuentemente inasumible socialmente, el extraordinario derroche de medios económicos que este servicio privatizado supone para el erario público, con unos gastos fijos de cerca de 600.000 euros, más la autobomba forestal que supones otros 220.000 euros, más diverso material, más el Parque de maquinaria y vivienda adyacente. Es decir, que el gasto del primer año puede ascender fácilmente a más de 900.000 euros y posteriormente un coste anual fijo, más los variables, que no se sabe a cuanto pueden ascender en este momento, pero que todo en su conjunto puede ascender a

700.000 euros año, más la indispensable adquisición de nuevo material y vehículos para distintos tipos de intervención.

Por tanto, de facto, supone un derroche económico de grueso calibre disponer a la larga en la capital de dos Parques de Bomberos para un radio de actuación. Alguien tendrá que explicar políticamente a la opinión pública, como puede asumirse semejante dilapidación de dinero público, cuando parece demostrarse tan excesivo celo con recortes de salarios incluidos en otro tipo de gastos de personal y de servicios. Cabe preguntarse ¿qué intereses hay detrás? ¿Qué compromisos personales tan fuertes existen que se dilapide así el dinero público? ¿Cómo puede adoptarse tan alegremente un gasto como este?

-Por último, desde un punto de vista profesional, no podemos sino lamentar tener que expresar que responsabilizaremos totalmente de cualquier grave suceso que pueda derivarse de una ineficiente intervención de este servicio privado que se pretende aprobar, a los diputados provinciales que voten a favor de la externalización de este servicio de emergencias en las condiciones en que se hace, incluso penalmente. Así mismo, como políticos provinciales que son, les responsabilizamos socialmente del derroche económico que pretenden aprobar, y les responsabilizamos ante sus vecinos y votantes, como Alcaldes y Concejales que son de sus propios municipios, de lo que pueda derivarse en sus propios pueblos.

¿Cómo puede intervenirse ante un incendio de vivienda en un tercer piso un conductor con un bombero, con un vehículo forestal y sin escalera?, ¿en Camaretas o en Almazán? ¿Cómo van a actuar dos bomberos de dudosa cualificación en un accidente frontal con varios heridos atrapados? ¿Como van a diseñar un protocolo de actuación ante un accidente con incendio de vehículo en el túnel de Piqueras con dos personas? Nos gustaría saber si algún técnico de Diputación respalda esto.

No obstante, estando como estamos a tiempo de parar semejante despropósito, apelamos al sentido de la responsabilidad pública del Partido Popular, de manera que ejerza su influencia para paralizar su aprobación definitiva y apelamos a su Presidenta Provincial a que mantenga una reunión con esta Asociación para analizar la situación, ofreciendo para ello toda nuestra colaboración y conocimientos profesionales para un mejor fin. Le pediremos el lunes una reunión y también al Presidente de la Diputación.

Apelamos igualmente a la Junta de Castilla y León, que tiene asumidas las competencias en materia de Protección Civil y de Coordinación de los servicios de Extinción de Incendios, y que ha de velar por el cumplimiento de la Ley de Protección Ciudadana, a que impida la aprobación plenaria definitiva de este Pliego para la gestión privada de este servicio público, que trastoca totalmente el marco regulatorio y organizativo previsto.

Apelamos al Ayuntamiento de Soria, a que dentro de lo razonable haga los esfuerzos precisos para facilitar el Acuerdo, de la forma en que finalmente ha podido demostrar de acuerdo al último planteamiento de negociación que expuso Diputación, que inexplicablemente esta no ha aceptado según su propia propuesta.

Anunciamos, igualmente, nuestra intención de impugnar cualquier acuerdo plenario en este sentido, en uso de nuestras facultades como Asociación Profesional y apelamos a los sindicatos igualmente a que tomen decisiones en este sentido para evitar que un servicio que debe ser de gestión pública, pueda privatizarse.

Constamos también las deficiencias actuales en materia de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento en el ámbito de las comarcas provinciales, especialmente en materia de personal profesional empleado público funcionario y que es donde verdaderamente debe hacerse el esfuerzo. El personal voluntario tiene su mérito pero no deben realizar legalmente trabajos de extinción. Es ahí donde debe emplear la Diputación sus posibilidades de recursos económicos zonificando los Parques con más racionalidad que hasta ahora.

Resulta evidente que este camino iniciado por la Diputación, es, a todas luces, el menos adecuado y oportuno, se está a tiempo de reconducirlo, y apelamos a todos a que así se haga.

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