El PP aprueba los pliegos de adjudicación de la externalización de la gestión de las residencias ante las airadas protestas de los trabajadores

El representante del PPSO, José Antonio de Miguel Nieto, propuso que el tema quedara sobre la mesa, con el fin de aclarar algunas dudas que quedaban sobre el proceso de externalización, lo que permitiría ganar tiempo para retomar la negociación. Precisamente, planteó la posibilidad de que los empleados de las residencias, sin dejar de ser empleados públicos de Diputación, negociaran una reducción gradual de los salarios a lo largo de los años de la adjudicación, para aligerar el déficit de la gestión de las residencias.

El PSOE, que sí apoyó que el asunto se retirara, se mostró contrario a la propuesta de De Miguel, en el sentido de favorecer una reducción gradual del salario. Por su parte, el grupo popular mantuvo su posición inicial de sacar adelante los pliegos, insistiendo en que a lo largo de los meses de debate y negociación del proceso, el comité y los sindicatos ?con excepción de CSI-F- no habían hecho ninguna propuesta concreta, que permitiera alcanzar un acuerdo consensuado.

José Antonio de Miguel lamentó que el PP haya concluir una ruta diseñada para quitarse de encima las residencias de mayores, considerando que la externalización se había podido evitar, e hizo hincapié en los perjuicios que van a tener los trabajadores. El portavoz del PSOE, Ángel Núñez, reiteró que la externalización no va a resolver los problemas de déficit de los centros, advirtió de los errores económicos del informe Mensor, en el que se basa la decisión del PP de privatizar, señalando que el ahorro final que indica el informe es de un 15%.

Asimismo, el PSOE mantuvo su posición de que los trabajadores van a tener que cobrar el mismo salario con la subrogación a la empresa privada, de acuerdo con las cláusulas del convenio marco nacional ?algo que niega el PP-, y augura que Diputación va a tener que pagar más, por los desequilibrios económicos que puedan tener los pliegos, y porque habrá que pagar el gasto de los tribunales, cuando los trabajadores acudan a ellos para defender sus salarios y sus puestos de trabajo.

La portavoz popular del PP, que apenas pudo hablar por los abucheos y gritos de los trabajadores presentes, remarcó que el equipo de gobierno debe racionalizar una gestión, que está provocando gastos muy elevados a las arcas de la Diputación, y que se concretó en el año 2011 en un déficit de más de 6 millones. También el presidente, Antonio Pardo, reiteró que es una decisión difícil, pero que responde a la responsabilidad política, lamentando la falta de voluntad del comité de empresa. Una versión, esta de la falta de voluntad para negociar, y la ausencia de propuestas, que eran contestadas airadamente por los trabajadores, con manifestaciones como ?mentirosos?.