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CAPITAL

Álvaro de Marichalar demandará a los responsables de la pretendida expropiación para el polígono Soria II

Álvaro de Marichalar este viernes.
Álvaro de Marichalar este viernes.
Actualizado 14/06/2013

Álvaro de Marichalar buscará la forma para que los responsables políticos, tanto del Ayuntamiento como de la Junta de Castilla y León, para que sean quienes paguen por lo que consideró como intento de robo para llevar a cabo el fallido polígono industrial Soria II en los terrenos de su familia.

Como se recordará, esta semana se ha producido el fallo del Tribunal Supremo por el que no se admitía a trámite el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento capitalino y la Junta toda vez que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León hubo anulado la reforma del Plan General de Ordenación urbana de Soria en virtud del cual se autorizaba la expropiación de 117 hectáreas de la familia para la construir el polígono industrial Soria II. La sentencia de la sala de justicia regional fue en 2009. Ahora, ambas administraciones están condenadas a costas, que se cifran en 5.000 euros

Pese a que confesó desconocer si su familia emprenderá acciones legales contra los responsables políticos, avanzó que él mismo encabezará la demanda y buscará la forma por la que sean ellos de su propio bolsillo quienes se encarguen de reparar este desaguisado. Por ello, abogó por que no sean los contribuyentes quienes deban costear la actuación fallida, señalando al Pleno de la Corporación municipal que unánimemente dio luz verde a llevar a cabo la expropiación.

Por ello, exigió honor a las personas que tomaron la decisión y que respondan, aduciendo que en la actualidad hay vías que la ley ofrece para que no sean las administraciones, sino los mandatarios, a los que se les puede exigir esa responsabilidad.

La tramitación de las entidades oficiales, se debió, según manifestó Marichalar, a un universo de intereses mafiosos en un ejemplo de administraciones corruptas encabezadas por gente absolutamente desleal a los intereses generales de los ciudadanos. También señaló a los mandatarios como culpables de utilizar las instituciones para sus propios intereses.

Igualmente, apuntó hacia la alcaldesa de Garray por haberse allanado en la ocupación de los caminos de la finca El Garrejo tras haber intentado quitarnos los terrenos, en una acción que tildó como cobarde. Aquí denunció también que como represalia, el Consistorio no le concede una licencia de obras para reformar una de las viviendas de dicha finca que solicitó hace siete meses.

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