Arias Cañete dice que la Ley de Evaluación Ambiental garantizará “con más intensidad la protección del medio ambiente”

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha subrayado que "el proyecto de Ley de Evaluación Ambiental garantiza con más intensidad la protección del medio ambiente, es coherente con las tendencias regulatorias de la Unión Europea, simplifica trámites y homogeniza la aplicación de la política medioambiental en el territorio nacional, lo que contribuirá a una mejor defensa del medio ambiente".

Miguel Arias Cañete hacía estas declaraciones una vez que el Consejo de Ministros aprobaba entre otros asuntos, el Proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, "un proyecto que ha contado con la participación de todos los agentes sociales y las organizaciones ecologistas".

Según ha explicado el ministro, este proyecto tiene tres grandes objetivos: reforzar la protección del medio ambiente, "mediante una ley plenamente garantista"; simplificar los procedimientos administrativos y agilizar la evaluación ambiental; y establecer una legislación homogénea en todo el territorio.

En su intervención, Arias Cañete ha hecho hincapié en la necesidad de agilizar los trámites de evaluación ambiental y poder tramitar el gran número de expedientes pendientes de resolución. Así, se ajustan los tiempos de tramitación, especialmente en la evaluación de impacto ambiental ordinaria, cuyo plazo será de 4 meses, con lo que se evitan dilaciones de difícil justificación desde el punto de vista ambiental.

Además, el ministro ha destacado, como una de las novedades de esta norma, el establecimiento de la evaluación ambiental obligatoria de los proyectos que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica o "fracking".

Sanciones a las gasolineras flotantes

Por otra parte, Arias Cañete ha explicado que este proyecto de ley introduce una serie de modificaciones en el régimen sancionador de la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, para tipificar como infracción grave la prestación de servicios de suministro de combustible mediante el fondeo permanente en las aguas comprendidas dentro de los espacios naturales protegidos y de los espacios de la Red Natura 2000. "Por lo tanto, lo que se prohíbe son las gasolineras flotantes y el sistema de abastecimiento en las zonas de especial conservación, tanto en el Estrecho como en las que se van a declarar en el futuro", ha aclarado.