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CAPITAL

CSI-F plantea reclamar parte de la paga suprimida de Navidad en los tribunales, tras una sentencia de Palencia

Actualizado 01/06/2013

Esta posibilidad, que CSI-F Soria ya había valorado en alguna ocasión, toma una nueva dimensión, tras la sentencia dada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº1 de Palencia, que exige a la Diputación de Palencia el pago de más de 500 euros a una trabajadora, que después de reclamar esa parte de la paga, y de contar con la desestimación de esa Diputación, recurrió ante el Contencioso, que le ha dado la razón, para satisfacción de ella y todos los empleados públicos, porque se ha establecido un precedente judicial que ratifica que nuestra reivindicación se ajusta a derecho, continúa Reyes Martínez.

Una decisión que puede tener consecuencias importante, puesto que ese juez de Palencia se ha considerado competente para poder resolver el recurso, añade. Ahora, CSI-F se plantea exigir esa devolución en todos los ámbitos administrativos de la Comunidad.

CSI-F Palencia defendió, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 1 de Palencia, la devolución de la parte proporcional de la paga extraordinaria de Navidad, devengada con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto Ley 20/2012, de una funcionaria de la Diputación Provincial de Palencia.

Con fecha 29 de mayo de 2013, el titular de ese Juzgado ha dictado sentencia, mediante la cual se reconoce la improcedencia de la actuación administrativa llevada a cabo, y el derecho de nuestra afiliada al solicitado abono. Esta sentencia, novedosa en Castilla y León, abre el camino a nuevas reclamaciones de los empleados públicos en defensa de sus intereses, asegura la presidenta de CSI-F Soria.

Esta acción realizada en Palencia, y las que podamos llevar a cabo en Soria y en otras provincia, son consecuencia de la firme voluntad del sindicato CSI-F, de luchar contra la expropiación de los derechos económicos y laborales, que los empleados públicos estamos sufriendo. La sentencia del Contencioso de Palencia no puede ser objeto de recurso, e impone las costas procesales a la citada Administración Pública

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