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CAPITAL

CSI-F reclama en la Diputación el pago parcial de la extra de Navidad de 2012

Actualizado 25/11/2013 19:16:26

El sindicato independiente de Soria está pendiente de que la Diputación acepte el pago proporcional de 44 días, hasta que el Gobierno acordara en julio de 2012 la supresión de la paga, tal y como han fallado los tribunales en varias sentencias, en diferentes puntos de España.

La Central Independiente y de Funcionarios (CSI-F) de Soria presentó el pasado viernes día 22, en la Diputación Provincial, la reclamación previa del abono de la parte proporcional de la paga extra de Navidad de 2012, que las diferentes sentencias vienen concediendo a los empleados públicos. Por ello, CSI-F anima al equipo de gobierno de la Diputación a que pague voluntariamente esa cantidad, para no tener que acudir a los tribunales.

En este sentido, pide a la Diputación que haga lo mismo que el Ayuntamiento, que tras recibir la reclamación previa presentada por CSI-F, al alcalde anunció que pagaría esa cantidad. CSI-F Soria confía en que el presidente de la Diputación haga lo mismo, teniendo en cuenta, además, que la situación económica de la institución provincial está más saneada.

Así lo considera la presidenta provincial del sindicato independiente, Reyes Martínez, que recuerda que el sindicato CSI-F está presentando reclamaciones en todas las administraciones, y no sólo en las locales. Así, “nuestro sindicato está manteniendo encuentros y contactos con las administraciones regional y central para que el pago de esa parte proporcional de la paga de Navidad de 2012, correspondiente a 44 días, hasta que el Gobierno acordó suprimir la paga en julio, lo reciban todos los empleados públicos sorianos”.

Martínez insta a todas las administraciones a que hagan lo mismo que ha hecho el Ayuntamiento de Soria, que ha decidido pagarlas sin esperar a judicializar el asunto, “porque ya tenemos la evidencia de que los tribunales dan la razón a los empleados públicos y, en la situación de crisis económica en la que nos encontramos, no tiene sentido acudir a los tribunales, con el coste que eso supone, para esperar una sentencia que dará la razón a los empleados públicos. Ahorrémonos ese trago, que no beneficia a nadie”.

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