El Ayuntamiento de Soria teme por el futuro de buena parte de sus coberturas sociales

Así lo asegura la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Soria, Ana Alegre, que insiste en las 'incertidumbres' que rodean a la futura normativa, y a las consecuencias que puede tener su aplicación.

Según la representante socialista, la reforma de la administración local, "en la que no se ha dado voz a los municipios, deja en el aire 23 empleos directos vinculados a los programas de la Concejalía, y más de 100 indirectos, como los 13 empleos de Aulas de la Tercerad Edad, o los 45 de asistencia domiciliaria".

Alegre cree que la nueva normativa que prevé el Gobierno, en el Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, dejaría en el aire los programas que el Ayuntamiento ejecuta con su aportación económica, 1.200.000 euros. Un dinero que sirve para financiar las ayudas de gastos básicos y necesidades urgentes a 600 familias; para dar servicio a los mil usuarios de las actividades de Aulas de la Tercera Edad o del espacio joven; para continuar con los más de 40 convenios que el Ayuntamiento tiene con otras tantas asociaciones; o para seguir con los programas de cooperación.

Ana Alegre ha explicado que la Junta financia 1,1 millones de euros de Servicios Sociales, pero que esta cifra se ve duplicada con lo que pone el Ayuntamiento en solitario, 1,2 millones, tanto para el 30% del Acuerdo Marco que se tiene con la Junta, como para el resto de programas que promueve en solitario el Consistorio, y que podrían desaparecer.

La concejala se pregunta que si la Junta acaba financiando la totalidad de las competencias de servicios sociales, tal y como indica la reforma de la administración local, "si asumirá los 2,3 millones de servicios o sólo el 1,1, y el resto se traducirá en la desaparición del piso de acogida, las Aulas de laTercera Edad, del espacio joven, las ayudas..."

Alegre ironiza con la curiosidad que supone al Ayuntamiento de Soria tener que firmar un acuerdo marco con la Junta para dos años, sobre servicios sociales, cuando no se sabe qué pasará el próximo año, si la reforma del Gobierno sale adelante sin modificaciones. La reforma prevé que la administración regional asuma todas las competencias de los servicios sociales, y que sólo se delegarán esas competencias, cuando vayan acompañadas del 100% de la financiación.