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CAPITAL

El delegado de la Junta se reúne con la fiscal jefe para coordinar acciones en materia de consumo

Rita Berdonces y Manuel López
Rita Berdonces y Manuel López
Actualizado 18/04/2012

El delegado territorial, Manuel López, se ha reunido este miércoles día 18 de abril con la fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Rita Berdonces, en el primero de los encuentros que la Fiscalía General del Estado pretende mantener periódicamente con las administraciones autonómicas para tratar temas de consumo.

Se trata de coordinar la acción conjunta en materia de defensa de consumidores y usuarios para que la autoridad de consumo, que en la Comunidad representa la Junta de Castilla y León a través de sus delegaciones territoriales, pueda relacionarse directamente con las respectivas fiscalías provinciales.

Manuel López ha estado acompañado por la jefa del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, Araceli Conde, y el jefe de Sección de Consumo, Rodolfo Vacas. Junto con Rita Berdonces, han sentado las bases para que la Delegación Territorial pueda informar a la Fiscalía, tan pronto conozca de algún caso en el que se produzcan acciones ilícitas en materia de consumo que puedan perjudicar a los consumidores en general, con independencia de que exista una denuncia administrativa o de que no sea posible identificar concretamente a los eventuales perjudicados.

En efecto, la legislación de protección de consumidores y usuarios prevé la intervención del Ministerio Fiscal, ejercitando las correspondientes acciones ante el orden civil, en aquellos casos en los que la actuación de las empresas o personas que actúan en el mercado sea susceptible de ocasionar, contrariando las normas aplicables, perjuicios a un conjunto indeterminado o difuso de personas. La idea que subyace es que, aún cuando no exista una reclamación de los perjudicados, pueda la Fiscalía acudir a los tribunales para lograr la cesación de dichas acciones.

En algunas ocasiones, la Inspección de Consumo detecta hechos o conductas que, al margen de que constituyan infracciones administrativas, pueden implicar la necesidad de llevar a cabo actuaciones por parte del Ministerio Fiscal en la defensa de los intereses colectivos o difusos de consumidores y usuarios, mediante el ejercicio de la acción de cesación.

Para perseguir este tipo de hechos, resulta imprescindible la colaboración entre la Administración autonómica y el Ministerio Fiscal, poniendo en su conocimiento las actuaciones administrativas llevadas a cabo en aquellos casos que puedan dar lugar al ejercicio de dicha acción de cesación, remitiéndole reclamaciones recibidas, informes, actas de inspección, etc. Se hace necesario que el Ministerio Fiscal cuente con el auxilio de la administración competente, que tiene los medios y recursos idóneos para advertir y percatarse de esta clase de actuaciones.

El delegado territorial de la Junta ha mostrado la total disposición de la Administración regional a prestar esta colaboración al Ministerio Fiscal. En ese ámbito de cooperación y coordinación se va a incidir en el estudio de cláusulas en contratos realizados por empresas en la provincia de Soria, con especial control de las que ejercitan su actividad por cauces electrónicos. En caso de detección de que algunas de ellas puedan resultar abusivas se llevarán a cabo las actuaciones pertinentes, tanto en la vía administrativa como en la vía judicial.

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