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CAPITAL

La Ley Telecomunicaciones extenderá a todos los hogares de la región el acceso a internet por banda ancha ultrarrápida

Actualizado 19/09/2013 17:41:19

Se estima que el desarrollo de la Ley en la Comunidad requiere una inversión de no menos de 375 millones hasta 2020 y conllevará la creación del 5.000 nuevos empleos en el sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC, etc.

El proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, aprobado por el último Consejo de Ministros del pasado viernes 13 de septiembre, para su remisión a las Cortes Generales, actualiza la normativa actual para adaptarla a los profundos avances que ha vivido el sector de las telecomunicaciones y para favorecer el desarrollo futuro de la economía digital, que el Gobierno considera uno de los pilares económicos con más potencial de crecimiento en España.

La nueva ley busca crear el marco adecuado para facilitar las inversiones necesarias para el desarrollo de esta economía digital, eliminando barreras y fomentando la competitividad y la protección del usuario. Entre las novedades, se simplificará el despliegue de nuevas redes, favoreciendo el uso compartido de infraestructuras entre compañías y eliminando trabas para la concesión de licencias.

Además, el reglamento asegura la unidad de mercado y marca las bases para la inversión en redes ultrarrápidas fijas y móviles.

El texto actualiza la normativa vigente que data de 2003 y resuelve determinadas cuestiones que afectaban negativamente a la competitividad de los operadores de telecomunicaciones, como lo son la penalización del despliegue de nuevas redes, la inversión y la provisión de servicios. Por su parte, los usuarios verán mejoras en la cobertura, un incremento de la velocidad de Internet y la reducción de precios y costes. Además, se mejora la protección al usuario.

La nueva Ley General de Telecomunicaciones se inserta dentro del Plan Nacional de Reformas que está llevando a cabo el Gobierno como parte esencial de la política económica, que se enmarca dentro del impulso a la economía digital que el Ejecutivo ha puesto en marcha y cuyo eje central es la Agenda Digital para España.

Principales modificaciones de la ley

El Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones introduce reformas estructurales en el régimen jurídico de las telecomunicaciones, con dos objetivos principales. Por un lado, facilitar el despliegue de redes de nueva generación, tanto fijas como móviles, ampliando su cobertura y por otro, mejorar la oferta de servicios innovadores a los ciudadanos, de mayor calidad y a unos precios más asequibles, impulsando unas condiciones más efectivas de competencia. La consecución de estos dos objetivos se lleva a cabo a través de la nueva normativa, que se basa en cuatro grandes pilares.

El primero de ellos vendrá dado por un impulso a la competencia y mejora de los servicios a los usuarios. La competencia es un instrumento esencial para garantizar unos mejores servicios a los usuarios finales, unos precios más ajustados y que se mantenga el esfuerzo de inversión e innovación característico del sector de las telecomunicaciones.

Así, se realizarán, de forma periódica, una serie de análisis de los distintos mercados, lo que permitirá fijar en cada uno de ellos unas obligaciones específicas y unas condiciones de competencia más adecuadas a la situación real del mercado. También se optimizarán los derechos de los usuarios de telecomunicaciones relacionados con la protección de datos de carácter personal y la privacidad de las personas. Se precisa el régimen sancionador y se facilita el cumplimento de las obligaciones de los operadores manteniendo los derechos de los usuarios.

De igual modo, se simplifica la actuación de las administraciones públicas en la explotación de redes y provisión de servicios de telecomunicaciones. De paso se creará una comisión interministerial sobre radiofrecuencias y salud para aumentar la confianza en la seguridad medioambiental.

En este apartado, se refuerza además la potestad inspectora y sancionadora por parte de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información

El segundo de los bloques contempla la recuperación de la unidad de mercado, de manera que los operadores de telecomunicaciones desarrollen su actividad en un contexto de reglas únicas en la toda la geografía española. Mediante esta actuación se complementa y refuerza la ley de garantía de unidad de mercado desde la legislación sectorial.

A tal fin, se efectuarán medidas como el diseño de nuevos mecanismos de coordinación y colaboración del Estado con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales para que se facilite el despliegue de redes de telecomunicaciones.

Se establecerán requisitos técnicos comunes para el despliegue de redes, así como límites máximos únicos de emisión y exposición a campos electromagnéticos en todo el territorio nacional.

En tercer lugar, supondrá la simplificación administrativa mediante la cual serán eliminadas las barreras normativas que las distintas Administraciones imponen al despliegue de redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones. Igualmente se verán reducidos los procedimientos administrativos estatales para acceder al uso del espectro radioeléctrico y se suprimirán las licencias urbanísticas y medioambientales para el despliegue de redes de telecomunicaciones en dominio privado. Las licencias serán sustituidas por declaraciones responsables.

También se facilitará el despliegue de redes para reducir los costes de manera que los operadores puedan ampliar la cobertura de sus redes, y dispongan de mayor margen para trasladar a los precios finales dicha reducción de costes. Además, se abrirá el cauce para las redes fijas de telecomunicación en los edificios y se garantizará el derecho de cualquier usuario a poder acceder a las redes ultrarrápidas, lo que implica que, si un residente desea contratar servicios de redes ultrarrápidas, la comunidad de vecinos deberá permitir el despliegue necesario para proporcionar ese servicio.

Para desplegar las nuevas redes de telecomunicación, los operadores podrán reutilizar las canalizaciones, conductos y emplazamientos de titularidad pública o de otras redes de operadores privados.

En cuarto lugar, otra de las modificaciones que se contempla es el control del dominio público radioeléctrico y modifica otros textos legales como la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, del 11 de julio de 2002, introduciendo precisiones sobre las "cookies". En este apartado, se clarifican las obligaciones y los responsables de su correcta gestión, como, por ejemplo, las redes publicitarias o agencias que no hubieran adoptado medidas para exigir del editor o prestador del servicio el cumplimiento de los deberes de información y la obtención del consentimiento del usuario.

El texto cambia, a su vez, la Ley de firma electrónica, del 19 de diciembre de 2003, de forma que los certificados reconocidos utilizados en el DNI electrónico pasan a tener una duración de cinco años y no de dos años como hasta ahora.

En Castilla y León

El proyecto de Ley General de Comunicaciones, como consecuencia, va dirigido a consolidar el uso de internet en la población de Castilla y León, donde más de 1.713.500 ciudadanos lo utilizan actualmente con frecuencia, promover su extensión al total de la población y el territorio, así como a garantizar la permanencia en el mercado y su potenciación de las 1.118 empresas de la Comunidad relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación, que hoy emplean 8.608 personas, y que no precisarán de nuevos requerimientos y el cumplimiento de nuevos requisitos en cualquier lugar del mercado español.

La Comisión Europea calcula una necesidad de inversión en España de 25.000 millones de euros para que en el año 2020 todos los hogares dispongan de banda ancha ultrarrápida; para Castilla y León, donde en la actualidad cerca del 63% de los hogares disponen de acceso a Internet por banda ancha, la inversión no sería inferior a 375 millones de euros en el período 2014-2020.

Las previsiones de la Comisión establecen que el desarrollo en Europa de la banda ancha ultrarrápida podría suponer la creación de unos 2.000.000 de puestos de trabajo hasta el año 2020., lo que supondría para Castilla y León la creación de cerca de 5.000 nuevos puestos de trabajo en el sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC.

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