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Los presupuestos de la Junta para 2014 suman 7.313 millones, un 0,4% menos

Los presupuestos de la Junta para 2014 suman 7.313 millones, un 0,4% menos

Actualizado 14/10/2013 21:06

El presidente Herrera ha señalado que las prioridades serán el mantenimiento de los servicios públicos como sanidad, educación y los servicios sociales; combatir el desempleo y apoyar a los municipios.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha presentado este lunes, en el Colegio de la Asunción de Valladolid, el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2014. Sube hasta los 9.957,8 millones de euros, el 5,02 % más que este año, lo que supone que crece por primera vez después de cuatro años consecutivos de bajadas. Ahora bien, se trata de un incremento puramente financiero, producto de la reposición de las amortizaciones de deuda, por lo que en realidad el gasto efectivo que podrán realizar las nueve consejerías será de 7.313 millones de euros, el 0,40 % menos que este año.

El documento, aprobado esta tarde en una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, recoge el previsible cambio de ciclo económico y con ello el fin de la destrucción de empleo. En concreto, las cuentas autonómicas para el próximo ejercicio contemplan un aumento del Producto Interior Bruto (PIB) de Castilla y León del 0,7 %, idéntico al previsto por el Gobierno de España para todo el país. Esta tendencia positiva también se refleja en la estimación de la tasa de paro regional, que se espera que descienda hasta el 21,5 %, 4,4 puntos por debajo de la media nacional.

Por otra parte, el Proyecto de Presupuestos revalida el firme compromiso de la Junta con el esfuerzo del conjunto del Estado en favor de la consolidación fiscal, en los términos acordados con la Unión Europea. De ahí que se acomode a los objetivos de déficit y deuda, que para 2014 se sitúan en el 1 % y el 16,4 %, respectivamente. En esta misma línea, es acorde a la llamada regla de gasto, que establece que el gasto público no puede superar la tasa de referencia de la economía nacional del 1,5 %.

Antes de seguir adelante, es preciso llamar la atención sobre el hecho de que el proyecto de ley modifica al alza el techo de gasto no financiero aprobado el pasado 28 de agosto por las Cortes. Se trata de una posibilidad recogida en el artículo 6 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, a la que ya hizo referencia durante la sesión plenaria de ese día la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo. Pasa de 8.614,3 millones de euros a 8.728,3, un incremento de 114 millones que deriva de dos factores: el aumento de los fondos europeos y las transferencias del Estado respecto a las previstas en agosto, y la incorporación a las cuentas autonómicas de la empresa pública ADE Parques Tecnológicos y Empresariales, que deja de existir como sociedad mercantil el 1 de enero de 2014.

Con base en todos estos elementos, el Gobierno de la Comunidad ha confeccionado unas cuentas realistas, rigurosas, responsables, coherentes y centradas en la cohesión social, porque su prioridad es atender las necesidades básicas de las personas. Para ello apuestan por los servicios públicos esenciales, el apoyo financiero a los municipios y, por supuesto, la lucha contra el desempleo, por la vía de incentivar la constitución de empresas o su continuidad.

A esto último contribuirán los cinco nuevos beneficios fiscales incluidos en el Proyecto de Ley de Medidas Tributarias y de Reestructuración del Sector Público Autonómico que se ha aprobado junto al de Presupuestos, que premian con menos impuestos el emprendimiento y la inversión en I+D+i en aquellos casos en los que se garantiza el mantenimiento o la creación de puestos de trabajo. Con ello se refuerza el amplio catálogo de ventajas de las que disfrutan los castellanos y leoneses, que permitirán a familias y ciudadanos una menor tributación efectiva por un importe estimado de 223 millones de euros.

Al hilo de esto, cabe recordar que el Ejecutivo que preside Juan Vicente Herrera ha renunciado tanto a subir los impuestos en 2014, como a crear alguno nuevo. Del mismo modo, en Castilla y León se mantendrán en su integridad las retribuciones de los empleados públicos, incluidas las dos pagas extraordinarias. En cumplimiento de la legislación básica del Estado la oferta pública de empleo continuará limitada a una tasa de reposición del 10 %, y sólo será posible para ciertos sectores como sanitarios, docentes y personal dedicado a la lucha contra el fraude, entre otros.

El análisis del Proyecto de Presupuestos por el lado de los ingresos revela que la partida más relevante continúan siendo los 5.361,5 millones de euros de las entregas a cuenta del modelo de financiación, que bajan el 4,39 % respecto a las comunicadas para 2013. Al igual que en años anteriores, es un montante que ni siquiera permite sufragar el gasto que realizarán las tres consejerías sociales, Sanidad, Educación y Familia, que asciende a 5.803,7 millones el próximo año. Esta circunstancia profundiza una vez más en la insuficiencia del sistema aprobado por el Gobierno socialista anterior, que no cubre el coste real de los servicios públicos esenciales al menos en regiones como Castilla y León.

Los tributos tradicionales que gestiona el Ejecutivo autonómico aportarán 747,4 millones a las arcas autonómicas, el 12,56 % menos que este ejercicio, descenso que se explica fundamentalmente por la contracción del sector inmobiliario, que aún no ha tocado fondo. La Junta ha decidido mantener el tramo autonómico del Impuesto de Hidrocarburos, si bien a las empresas de transporte profesional se les continuará devolviendo el 100 % a través de la Agencia Tributaria. Además se recaudará por tercer año consecutivo el Impuesto sobre el Patrimonio, que exige un mayor esfuerzo y contribución a los que más tienen.

El resto de los recursos no financieros sumarán 1.897,7 millones de euros a las cuentas de la Comunidad, el 1,11 % más que este año. De esta partida destacan por su cuantía los 923,8 millones procedentes de la Política Agraria Común (PAC), que se consolidan gracias a las negociaciones de España en el nuevo marco 2014-2020. En este mismo grupo figuran 543,1 millones de transferencias finalistas del Estado, que descienden el 5,32 %, y 176,3 millones de euros de fondos europeos, que suben el 20,79 %.

El capítulo de ingresos se completa con el endeudamiento, que ha ganado peso en los años de la crisis como consecuencia de la caída de la recaudación ordinaria por impuestos. Así, en 2014 las operaciones financieras del Presupuesto van a suponer 1.951,1 millones de euros, de los que 730,9 son deuda nueva derivada del objetivo de déficit del 1 % y 961,1 millones se corresponden con la reposición de vencimientos del próximo año. Como es habitual, en este apartado figuran también 242,5 millones de préstamos financieros que servirán para apoyar proyectos de emprendedores y empresas.

Sanidad, Educación y Familia

En materia de gastos hay que constatar que los capítulos I a VII del proyecto consumirán 8.728,3 millones, cifra que coincide con el nuevo techo de gasto no financiero. Para alcanzar el total del Presupuesto hay que añadir las operaciones financieras (capítulos VIII y IX), que equivalen a 1.229,5 millones de euros.

Ahora bien, como se ha indicado ya el dato fundamental es que en 2014 las consejerías dispondrán de 7.313 millones para ejecutar sus políticas, cantidad ligeramente inferior ?el 0,40 % menos? que la de este año. Resulta de restar a los 8.728,3 millones de euros del techo de gasto no financiero los 923,8 de la PAC, los 463,6 millones con los que se pagan los intereses de la deuda pública y los 27,9 que gestionan las Cortes de Castilla y León para su sostenimiento y el del conjunto de las instituciones propias de la Comunidad.

Es aquí donde se hace más patente el sesgo social de los Presupuestos, puesto que las consejerías de Sanidad, Educación y Familia acaparan el 80 % de los recursos disponibles para las políticas activas de la Junta. Este porcentaje se eleva hasta el 94 % si lo que se analiza es su peso sobre los recursos no financieros propios, esto es, los derivados de los tributos autonómicos y el modelo de financiación. Y aún más clarificador es retroceder en el tiempo: prueba de que son la prioridad de la Junta es que mientras que en 2004 el gasto no financiero destinado a las tres consejerías sociales era de 4.661 millones de euros, en 2014 representa 5.803,7. Es decir, casi 1.150 millones más; o lo que es lo mismo, es el 24 % superior. De hecho, en la última década la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha crecido el 37 %; Sanidad, el 32 %, y Educación, el 9 %.

La apuesta por los colectivos más vulnerables se expresa de manera especialmente clara en la dotación para la Renta Garantizada de Ciudadanía, que se elevará el próximo año en 11 millones de euros hasta alcanzar los 43,3 millones.

Medidas para la reactivación económica y el empleo

Junto con el carácter social, el principal rasgo distintivo de las cuentas regionales para 2014 es su apuesta por la reactivación económica y la creación de empleo, desde la convicción de que es preciso conciliar las políticas de austeridad con las de crecimiento.

De ahí que se reserven 329 millones de euros a apoyar financieramente a las empresas, de los que 86 millones sufragarán subvenciones directas y 243 préstamos reintegrables. El respaldo de la Junta a los emprendedores se expresará asimismo en una línea de avales hasta un importe máximo de 825 millones de euros, y la integración de ADE Parques en los Presupuestos permitirá ofrecerles suelo en mejores condiciones económicas, de modo que ya se contemplan inversiones en este campo por 30 millones.

No en vano la Consejería de Economía y Empleo es la que experimenta un mayor incremento en 2014, hasta el punto de que contará con casi 587 millones, el 6,77 % más. Gracias a esos mayores créditos las políticas activas que realiza la Junta para la generación de puestos de trabajo recibirán 230 millones de euros de los que 90 son de carácter autónomo, lo que implica el 50 % más que en 2013 y por tanto satisfacer el compromiso alcanzado tanto en el seno del Diálogo Social como en sede parlamentaria. En esa cantidad se incluye un nuevo Plan Especial de Empleo, dotado con 30 millones.

Por su parte, el sector agrario recibirá 1.404,5 millones de euros procedentes de la PAC y de la Consejería de Agricultura y Ganadería, que contará con el 0,49 % más de recursos. Conviene resaltar, en este sentido, que 419,6 millones se destinarán al desarrollo rural.

Otra área del Ejecutivo que experimentará una fuerte inyección de recursos es la Consejería de la Presidencia, que gestionará 93,2 millones de euros, el 4,51 % más, con el objetivo de desarrollar la nueva ordenación territorial. La cuantía para fondos incondicionados de los municipios asciende a 59,7 millones, un aumento superior al 10 %.

El cuarto departamento que crece es el de Educación, que eleva levemente su presupuesto con el fin de reforzar la formación para avanzar en la salida de la crisis.

Si se deja de lado la distribución orgánica y se pasa a la clasificación económica, se observa que el gasto de personal, integrado en el capítulo I, asciende a 3.494,2 millones de euros, el 0,92 % más. Con esta partida no sólo se abordarán las nóminas y las pagas extraordinarias de los empleados públicos, sino también el coste de la productividad al personal sanitario, la integración de algunas entidades del sector público en la Administración General ?una vez reducida su plantilla? y los sueldos de los trabajadores fijos-discontinuos que se ocupan de la prevención y la lucha contra los incendios.

El capítulo II consumirá 1.270,4 millones de euros, de los que el 94,3 % hará posible el funcionamiento ordinario de los hospitales, centros de salud, colegios y centros de mayores, entre otros servicios fundamentales.

Entre los apartados más relevantes figura asimismo el capítulo IV, relativo a las transferencias corrientes. Tiene un importe de 2.434,8 millones de euros, en el que están incluidos los 923,8 de la Política Agraria Común. Si se excluye esta partida, las consejerías dispondrán de 1.511 millones para abordar cuestiones tan importantes como el pago de la farmacia, los conciertos sanitarios y educativos, el gasto que realizan las universidades, la dependencia o la Renta Garantizada de Ciudadanía, por poner sólo unos ejemplos.

Para terminar, el Proyecto de Ley de Presupuestos vuelve a sacrificar las inversiones y transferencias de capital (capítulos VI y VII, respectivamente) en favor de los servicios sociales. En conjunto supondrán 1.065,2 millones de euros en 2014, el 0,63 % más. El desglose de ambos conceptos desvela el escaso peso de los 443,8 millones de inversiones reales puras, que si bien crecen el 7,29 %, únicamente suponen el 4,46 % del total. Por su parte, las transferencias de capital bajan el 3,64 %, hasta los 621,4 millones de euros.

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