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CAPITAL

Mínguez cree necesario modificar el convenio de Acuanorte para asumir la construcción de la nueva depuradora

Actualizado 30/11/2012

El alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, no tiene claro si firmar el convenio con Acuanorte, para construir la nueva depuradora del alfoz de la capital. Por una parte, teme que no se puedan cumplir los plazos de ejecución (las obras deben estar finalizadas en diciembre de 2015 para no perder las ayudas europeas). Y por otra, cree que antes hay que aclarar y cerrar el tema económico, para que la nueva depuradora no hipoteque económicamente al Ayuntamiento, ni los consumidores sufran un incremento del recibo del agua inasumible.

El alcalde de Soria dice que no aceptará que el 50% del coste de la depuradora repercuta en los vecinos, en caso de no cumplirse los plazos de ejecución de obra. El convenio que tenemos sobre la mesa hace inviable el desarrollo de este proyecto. No podemos comprometernos a asumir un gasto indefinido, que depende de un tercero, valora Mínguez, puesto que quien gestiona la construcción es Acuanorte y no el Ayuntamiento, informa Ical.

Además, aseguró que no piensa asumir tampoco que la gestión no quede en manos municipales, y lamentó que la empresa pública ofrezca condiciones leoninas al Ayuntamiento de Soria cuando en Segovia y Burgos no se incluye, en modo alguno, esta cláusula.En ningún convenio que ha firmado Acuanorte con estos ayuntamientos vienen esas cláusula de que si la empresa adjudicataria no finaliza la obra a finales de 2015 el coste lo asuman las entidades municipales, indicó.

Martínez recordó que el texto de Acuanorte recoge que la devolución a 40 años de los 10 millones de euros que adelanta esta entidad estatal se convierten en más de 33 millones de euros, al añadir un 10% de IVA, los gastos de amortización, ajustes y un cuatro por ciento de interés, y advirtió que en el anterior acuerdo el interés a devolver era cero.

En el mejor de los casos, según Mínguez, el Ayuntamiento tendría que pagar el 50% de esa financiación, unos 18 millones de euros, o el 100%, en el peor de los supuestos, si por cualquier circunstancia se retrasan las obras.

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