Cerca de 40 funcionarios de prisiones se concentran ante las puertas de la cárcel de Soria para reivindicar la convocatoria de oposiciones y también para alertar sobre el envejecimiento de este colectivo.
Ante la congelación de las convocatorias de plazas de función pública y concretamente a las que atañen a los empleados de prisiones, cerca de cuarenta trabajadores en el centro penitenciario de Soria se han concentrado al mediodía de este jueves para instar al Gobierno a que convoque nuevas plazas, ya que por un lado no se están renovando las actuales y por otro, la macrocárcel de Soria no podrá entrar en funcionamiento.
Así, ante las previsiones de apertura del nuevo centro que se construye en las inmediaciones de Las Casas, el delegado en Castilla y León de la UGT en Organización General del Estado, Ovidio Martínez ha afirmado que en la actualidad, el 70% de los funcionarios de prisiones tienen entre los 40 y los 50 años, lo que está produciendo un envejecimiento en esta profesión, además de no producirse un relevo de las plazas que se amortiza. Lo que supondrá una "merma" del servicio y la gestión en los centros.
"Si no hay convocatoria de plazas previsiblemente no se podrá abrir el nuevo centro penitenciario", ha afirmado, asegurando también que dicha convocatoria deberá hacerse también en este mismo año, ya que de lo contrario será "muy difícil" contar con el personal suficiente para poder poner en funcionamiento el que se pretende abrir. En este sentido no ha confiado tampoco que con traslados de otras provincias dicha apertura pudiera llevarse a efecto, ya que ello repercutiría en otros lugares. De hecho, en el actual de Soria se han perdido diez puestos que no han sido cubiertos.
De hecho, el delegado sindical de UGT en Soria, Rubén Molina ha significado que el futuro centro penitenciario requeriría medio millar de puestos para las 685 celdas, mostrando el temor ante una posible privatización de este servicio al no darse una oferta de empleo público. De hecho, ambos representantes sindicales han coincidido que en otras prisiones el servicio de vigilancia exterior ya no es llevado a cabo por la Guardia Civil, sino por empresas de seguridad privada, lo que podría ser un ejemplo o un primer paso para hacer lo propio con los empleados en el interior del resto de las cárceles del país.
Otra de las posibilidades que se podrían contemplar en el centro de Soria es la apertura de módulos, como en Pamplona, pero según Molina, esto supondría una merma de empleo público en Soria ya que con veinte funcionarios más podría llevarse a cabo. Aquí el tema económico también cuenta ya que en este caso "no serían los 25 millones de euros que solo en nóminas dejarían de llegar a Soria". Una opción que tampoco explicaría esta alternativa por las inversiones realizadas.
Sobre el posible CIS (Centro de Inserción Social) al que acceden los presos en tercer grado, Molina ha explicado que estuvo previsto en tiempos del PAES, pero ahora no está contemplado en los Presupuestos del Estado para el año que viene, con lo que no se abrirá y tampoco se reutilizará la actual prisión para tal fin. Un edificio que el año pasado cumplió 50 años.