El consejero de Sanidad, que ha presidido una nueva reunión del Observatorio de agresiones al personal de la Gerencia Regional de Salud, ha explicado que la modificación legislativa se tramitará a través del proyecto de Ley de Medidas Financieras de la Junta de Castilla y León para 2014.
En concreto, se incluirá que los profesionales tendrán la consideración de autoridad pública, y gozarán de la protección reconocida a tal condición por la legislación vigente. Además, se aclara que los hechos constatados por los agredidos gozarán de la presunción de veracidad cuando se formalicen por escrito.
Las categorías profesionales que se verán amparadas por esta nueva figura jurídica serán todas las referidas a licenciados superiores, diplomados, técnicos, personal de gestión, de servicios y personal directivo, con una mención especial en la norma a los trabajadores sociales.
La Consejería de Sanidad quiere agilizar este reconocimiento porque, a pesar de que ya se han registrado un total de 128 sentencias en los tribunales, 23 de ellas condenatorias por delito, y de que hay además otras doce sanciones administrativas, el registro de agresiones señala que entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este año se han producido 291 incidentes, un 15 % más que en el mismo periodo del año anterior (254).
Por niveles asistenciales, el 62,8 % de los incidentes se han producido en los hospitales (183), con un aumento del 39 % con respecto al año pasado (132 incidentes), mientras que 107 lo han sido en Atención Primaria (36,8 %). Sólo ha habido uno en Emergencias Sanitarias. El número de trabajadores agredidos en esos incidentes ha ascendido a 355, un 18 % más que el año pasado (302), en su gran mayoría (233) en los hospitales.
En los primeros nueve meses del año se ha detectado que un 66 % de las agresiones registradas han sido verbales, con un 20 % de tipo psicológico y un 14 % con componente físico, cifras muy similares a las del año pasado en el mismo periodo.
El mayor problema son precisamente esas últimas, pues han crecido un 36 % este año, de ahí la importancia de que los pacientes y sus familiares tengan claro que quien les atiende en el hospital o el centro de salud o la ambulancia es una autoridad pública y por tanto tiene presunción de veracidad, de manera que será el agresor quien tenga que demostrar que lo que dice en su defensa es cierto.
Defensa jurídica
El Observatorio de Agresiones al personal de Sacyl ha conocido además que el seguro de defensa jurídica para los profesionales ha registrado desde hace dos años un total de 78 expedientes de defensa penal abiertos, de los que un 66 % corresponden a médicos y un 23 % a enfermería, habiéndose establecido un modelo de comunicación mucho más ágil y eficaz para el denunciante.
El objetivo es que el seguro facilite más información al trabajador que ha interpuesto una denuncia por agresión, de modo que conozca el número de expediente que se le ha asignado, el nombre del abogado que va a llevar el caso y en qué momento debe ponerse en contacto con él (al recibir una citación del juzgado).
En cuanto a las 23 sentencias citadas, veinte lo han sido por delito de atentado, una por lesiones, otra por tentativa de agresión sexual y amenazas y otra por robo con fuerza en las cosas. Por su parte, los 23 expedientes administrativos incoados han culminado con 12 resoluciones sancionadoras, que suman 3.700 euros de multa, habiendo otros seis casos pendientes por encontrarse al mismo tiempo en proceso judicial.
Otro dato interesante se refiere a la evolución de la situación en los 49 puntos conflictivos detectados en 2012. Así, en 24 de ellos no se ha registrado ningún incidente (el 49 %), mientras que en 14 ha habido uno (el 29 %) y en 11 se han registrados dos o más (22 %).
Los 11 centros en los que durante los nueve primeros meses de 2013 se han registrado dos o más incidentes son los siguientes: Ávila Estación (Ávila), Bembibre, Ponferrada III y Cacabelos (Bierzo), La Bañeza I (León), Pintor Oliva (Palencia), Alamedilla y San José (Salamanca), Segovia II (Segovia), Canterac y Delicias II (Valladolid). Está previsto que el año que viene se elabore una nueva relación de estos puntos conflictivos.
Hay que destacar además el aspecto formativo relacionado con la prevención de las agresiones, de manera que este año se han impartido 36 cursos para más de 700 profesionales. Los temas tratados han tenido que ver con las técnicas de detección de conductas violentas, habilidades de comunicación o manejo de pacientes agitados.
Otra novedad es que la Gerencia Regional de Salud y la Dirección General de Atención al Ciudadano han impulsar un protocolo que permita a los trabajadores de Sacyl la utilización del teléfono 012 de información de la Junta en caso de sufrir una agresión.
Este protocolo establece que cuando un trabajador de Sacyl llame al 012 como consecuencia de haber sufrido una agresión recibirá la siguiente información: necesidad de comunicarlo a su superior jerárquico a través del modelo de comunicación y registro de agresiones; se le remitirá al Servicio de Prevención RL que corresponda; y posibilidad de contactar con el seguro de defensa jurídica para asesorarse o interponer denuncia y ser asistido por un abogado.
Como también se anunció en el último pleno del Observatorio de Agresiones, se ha modificado la página de prevención de riesgos laborales en el Portal de Salud de Castilla y León, haciéndola más accesible y aportando más información. Dicha página es accesible desde el mes de octubre.
Por último hay que reseñar que la Consejería de Sanidad está colaborando con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en un grupo de trabajo surgido de una moción aprobada en el Senado en 2012 y centrado en el análisis de las medidas adoptadas hasta la fecha en el conjunto del estado, la búsqueda de nuevas medidas y las recomendaciones y propuestas para afrontar este problema.