Convocan una concentración en el Palacio de los Condes de Gómara este jueves a las 12.00 horas, contra lo que consideran como 'privatización inminente' de este servicio de los Registros Civiles.
Comisiones Obreras en Soria ha convocado para este jueves día 20 de febrero a partir de las doce del mediodía una concentración para manifestar su repulsa ante lo que consideran como "privatización de los Registros Civiles" impulsada desde el Ministerio de Justicia.
En su denuncia por la Ley 20/2011, de 21 de Julio, del Registro Civil (BOE 22.7.11) elaborado por el Ministerio de Justicia y por el cual "se atribuye a los registradores de la Propiedad y Mercantiles la llevanza de los registros civiles de toda España, junto con los registros de la propiedad, mercantiles y bienes muebles que ya tienen atribuidos, el Registro de contratos de seguros con cobertura en caso de fallecimiento, el de fundaciones de ámbito estatal y el de actos de última voluntad, no busca mejorar el servicio público del Registro Civil, sino únicamente consolidar la posición de un pequeño colectivo, los Registradores de la Propiedad y Mercantiles". Un colectivo en el que han observado la pertenencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy "su familia y el director general de los Registros y del Notariado, asegurándoles su negocio en tiempos de crisis y convirtiéndoles en el Gran Hermano Registral al que habrá que pagar por cualquier servicio".
La postura contraria del sindicato viene dada porque esta medida supone la "privatización" de un servicio público "esencial y hoy gratuito". En su explicación, han recalcado que los registradores también se definen como funcionarios públicos, su régimen público y sus retribuciones -"más de 10 veces superior a las de cualquier médico, juez, fiscal o abogado del Estado"- y "difieren completamente" de los del resto de personal de la función pública, "haciendo suyas las ganancias que obtienen de las funciones públicas que ejercen, sufragadas por los aranceles que pagamos todos los ciudadanos cuando tenemos que acudir a sus servicios, lo que convierte su función en un negocio particular; y su personal no es funcionario público ni ha sido seleccionado en proceso público alguno".
En el caso en el que siga adelante esta normativa, han reseñado que ello establecerá una 'vacatio legis' de 3 años que se cumplirían el próximo 22 de Julio, y dejará de ser un servicio público para pasar a ser "el negocio privado" de los registradores de la Propiedad y Mercantiles. Por ello, han reclamado reclamamos la retirada o modificación de dicha Ley "y que los Registros Civiles sigan siendo un servicio público servido por personal de la Administración de Justicia".
Asimismo, han exigido al Ministerio de Justicia "que diga toda la verdad en relación con la encomienda de gestión de la resolución de los expedientes de nacionalidad realizada a favor de los Registradores de la Propiedad en el segundo semestre del año 2012". Frente al supuesto éxito de dicha encomienda, han denunciado que la misma fue forzada por la inactividad del propio Departamento, "que en el primer semestre del año 2012 resolvió un 65% menos de expedientes de nacionalidad respecto al segundo semestre del año 2011". Además, han sumado que en miles de expedientes se está requiriendo a los solicitantes de la nacionalidad, a través de los Registros Civiles, para que aporten documentos ya correctamente aportados y que se estiman incorrectos por errores en las instrucciones dadas por el Ministerio a los registradores de la Propiedad para su revisión, "incrementando exponencialmente respecto a los años anteriores el número de expedientes supuestamente incompletos, lo que retrasa la concesión de la nacionalidad española y carga a los Registros Civiles con un trabajo innecesario".