La Junta Castilla y León ha captado 650 millones de euros, a través de la mayor emisión de deuda pública de su historia, que ha tenido una gran acogida entre los inversores, por cuanto sus peticiones han triplicado la cantidad original que se ofrecía.
La previsión inicial de colocar 500 millones se ha visto desbordada, por la demanda de un mercado dispuesto a adquirir casi tres veces más, hasta los 1.449,5 millones de euros, lo que ha llevado a la Consejería de Hacienda a incrementar el importe en 150 millones.
La totalidad de la emisión se ha cubierto en dos horas a un tipo de interés sobre el Tesoro del 0,53%, el más bajo de los que han logrado este año las autonomías con operaciones similares, lo que confirma la solvencia financiera de la Comunidad.
El Gobierno de Castilla y León ha decidido volver a emitir deuda pública en 2014, después de dos años sin hacerlo, aprovechando la fortaleza mostrada por los mercados financieros en las primeras semanas de este año, que se ha visto reflejada en la buena respuesta a las operaciones llevadas a cabo tanto por el Tesoro Público como por alguna otra autonomía.
La Consejería de Hacienda, que dirige Pilar del Olmo, ha optado por esta fórmula dada la reducción del coste de financiación del sector público, la mejora de su calificación crediticia, el fuerte apetito de los inversores por la deuda de las administraciones españolas y, junto a todo esto, la escasez de emisores de características similares.
Este conjunto de factores ha permitido cerrar con éxito la emisión de deuda pública que se ha llevado a cabo en la mañana de hoy que, con un volumen de 650 millones de euros y un plazo de amortización de 10 años, es la mayor que ha formalizado la Comunidad en su historia.
Al éxito de la operación ha contribuido de manera esencial la labor de divulgación sobre la buena situación financiera de la Comunidad que desarrolla de manera continua la Consejería de Hacienda a través de reuniones con potenciales inversores, tanto nacionales como extranjeros, que reciben información sobre la elevada solvencia de Castilla y León, su fortaleza crediticia y su capacidad para hacer frente a sus compromisos en materia de endeudamiento.