El Gobierno regional busca agilizar el acceso a estas ayudas y recoger nuevas situaciones de vulnerabilidad que se han producido desde la Ley original hace tres años y medio.
El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto legislativo por el que se aprueba el texto refundido de las normas vigentes para acceder y disfrutar de la Renta Garantizada de Ciudadanía. Esto permite que cualquier ciudadano o profesional solo deba de consultar un único texto para conocer o aplicar las reglas de esta prestación.
Con su aprobación, se cumple así el mandato que, de forma unánime, dio las Cortes de Castilla y León al Gobierno autonómico el 27 de noviembre pasado para que en el plazo de dos meses presentara un único texto que recogiera todas las reglas de la prestación de la Renta. Se trató de una enmienda que contó con el respaldo de todos los grupos parlamentarios a la Ley de Medidas Tributarias y de Reestructuración del Sector Público.
El nuevo texto legal, presentado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, consta de 37 artículos, agrupados en nueve títulos, una disposición adicional y una disposición final. Incorpora los preceptos de la Ley de Renta Garantizada del 30 de agosto de 2010 y las mejoras introducidas en el Decreto-Ley por el que se creó, el pasado 21 de noviembre de 2013, la Red de Protección a las Familias con el objetivo de recoger las nuevas situaciones de vulnerabilidad que han ido surgiendo desde que se aprobara la Ley original hace ahora tres años y medio.
Con anterioridad a llegar a las Cortes, esta norma había recibido las aportaciones y el respaldo del Consejo del Diálogo Social, de las organizaciones del Tercer Sector -Cáritas, Cruz Roja, Banco de Alimentos, Red de Pobreza- y de las corporaciones locales.
Cinco capítulos
Un buen número de las medidas que incorporaba este Decreto-Ley y que hoy refleja el nuevo texto legislativo se referían a la Renta Garantizada de Ciudadanía. El objetivo es agilizar el acceso a la prestación y flexibilizar sus criterios. Estas reglas se concretan en cinco puntos.
El primero de los bloques tiene como fin agilizar los trámites antes situaciones especiales, como es el caso de aquellas familias que se encuentran en riesgo de impago de la hipoteca.
El segundo bloque está orientado a garantizar que se cubran las necesidades de nuevos colectivos que aún teniendo propiedades no tienen cubiertas sus necesidades ante la imposibilidad de hacer efectivo su valor. Es el caso de ciertos bienes inmuebles, terrenos rústicos, algunos vehículos o productos financieros, como las preferentes, de difícil o imposible realización por causas ajenas a sus titulares.
El tercer bloque recoge un conjunto de medidas especiales para que las personas más vulnerables: menores y víctimas de violencia de género reciban una atención prioritaria. Así, fija una garantía de atención a los menores para que no se dejen de abonar las pensiones compensatoria o de alimentos de hijos a cargo del otro cónyuge. Y, por otra parte, agilizará el procedimiento para que las mujeres víctimas de violencia de género puedan percibir la Renta, considerándolas como personas independientes incluso antes de haber concluido los trámites de separación. Se excluirán del cómputo patrimonial las viviendas de las mujeres víctimas de violencia de género que residan temporalmente, por este motivo, en otro que no sea de su propiedad; no se les exigirá estar viviendo de forma independiente, ni tener 25 años cumplidos.
El cuarto bloque establece un conjunto de medidas de control y seguimiento. De esta forma, se denegará la prestación en el caso de que cualquiera de los miembros de la unidad familiar abandone el territorio de la Comunidad, salvo por motivos de trabajo, enfermedad grave de un familiar o causa de fuerza mayor, todas ellas debidamente acreditadas. Se establece que la unidad familiar o de convivencia tendrá que estar al corriente del pago del alquiler o de la cuota hipotecaria durante el tiempo que reciba la Renta y, además, se fija una limitación: en los casos de haber sido condenado por delitos contra la vida o contra la libertad sexual, el reconocimiento de la prestación exigirá haber satisfecho la responsabilidad civil declarada en sentencia.
Y, por último, como el objetivo es atender las necesidades urgentes de las familias pero sobre todo darles oportunidades para que encuentren una salida laboral, el texto refundido incluye medidas para ayudar a superar la situación de vulnerabilidad mediante la inserción a través del acceso al empleo. Se trata de incentivar la actividad laboral y que el hecho de ser perceptor de la Renta no sea nunca un obstáculo para buscar un empleo. Además, se recoge el compromiso de que los planes de empleo de la Junta incluyan medidas extraordinarias dirigidas a contratar a las personas más vulnerables, con especial atención a los perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía.