Durante el pasado ejercicio el Gobierno regional recibió 11.046 solicitudes y aumentaron en un 42% los beneficiarios respecto a 2012.
En el balance de aplicación de Renta Garantizada de Ciudadanía que brinda la Junta de Castilla y León para familias con dificultades económicas, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha reseñado que de las 11.046 solicitudes recibidas, fueron atendidas 10.238, lo que supone el 93%. El resto, -808- se encontraba a finales de año en proceso de tramitación al haberse presentado en el último trimestre. Estos datos, según la consejera Milagros Marcos demuestran una gran "agilidad" en la respuesta, ya que en ningún caso se agotan los tres meses máximos que pueden transcurrir desde la solicitud hasta su concesión.
En el análisis oficial, se observa que en el último año ha crecido en un 42% el número de beneficiarios, pasando de los 14.369 que figuraban a 31 de diciembre de 2012 a 20.357 al concluir 2013. Estos datos representan un 13% más de las previsiones que apuntaban a aproximadamente 18.000 beneficiarios al cierre del ejercicio.
La Renta Garantizada de Ciudadanía tiene como finalidad llegar realmente a quien lo necesita, de ahí que el sistema cuente con mecanismos para controlar el acceso y realizar seguimientos periódicos para certificar que se cumplan todos los requisitos. Durante el pasado año, tuvo lugar un total de 2.150 extinciones de esta renta. La mitad de ellas -1.100- dejó de percibir esta prestación al contar con otros ingresos o acceder a un empleo. A otros 900 perceptores les fue retirada por incumplir los requisitos, ya fuera por no aceptar un empleo, tener más capacidad económica de la declarada o por no permitir a los profesionales que realizaran el perceptivo seguimiento. Y, por último, 150 personas pasaron a ser atendidos en centros residenciales o salieron de la Comunidad.
El presupuesto de la Renta Garantizada de Ciudadanía ascendió el pasado año a 46,6 millones de euros, lo que representa un 43 % más que en 2012 para hacer frente a ese incremento del 42 % de beneficiarios. Esta cifra supone 14 millones más de lo presupuestado inicialmente y 4 millones más de lo comprometido con el Diálogo Social.
Para este año, el montante previsto por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para atender este servicio supone 53,5 millones de euros, ampliables. A esta cantidad hay que sumar los 11,5 millones consignados en el Plan Especial de Empleo de la Consejería de Economía y Empleo para favorecer la contratación de las personas que perciben la Renta Garantizada. Se pretende así dar oportunidades a los perceptores para conseguir un empleo que les saque de la situación de exclusión social o evitar caer en ella.
Este balance, que ya ha sido presentado a los miembros que conforman el Diálogo Social, será expuesto por la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades el próximo 4 de marzo ante las Cortes Regionales donde comparecerá para evaluar el sistema de la Red de Protección a las familias afectadas por la crisis y la Renta Garantizada de Ciudadanía, dando cumplimiento así al acuerdo político alcanzado con todos los grupos parlamentarios el 20 de noviembre.