El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Soria quiere, así, sumarse a la petición de otros municipios, para que el Tribunal anule la ley , por considerar que vulnera aspectos sobre la autonomía y el principio democrático del ámbito local.
La Comisión de Personal debatió y acordó este viernes 7, con los votos favorables del PSOE y la abstención del PP, un acuerdo para proponer a Pleno este jueves 13 el inicio de la tramitación de la formalización de un conflicto en defensa de la autonomía local, contra los artículos primero y segundo y demás disposiciones afectadas de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
El concejal Ángel Hernández ha explicado que esta propuesta lo que hace es plantear un conflicto "en defensa de la autonomía local". Esta medida se motiva en la aprobación de una norma "que lesiona la autonomía de las corporaciones que la Constitución garantiza". Las tres líneas maestras de esta propuesta se asientan en el desapoderamiento competencial de los municipios con vulneración de la garantía constitucional de los artículos 137 y 140 de la Constitución, impidiendo la prestación de servicios, la inclusión de mecanismos de tutela condicionantes y controles de oportunidad con vulneración de la garantía y la vulneración del principio democrático en el ámbito local.
"Esta propuesta se enmarca dentro de la acuerdo que se ha conseguido a nivel nacional de la mayoría de los partidos, a excepción del PP. Muchos ayuntamientos son los que se han sumado a este conflicto que posteriormente permitirá acudir al Tribunal Constitucional y pedir que se pare y anule esta Ley", ha explicado Ángel Hernández, quien ha puesto en valor la unión de muchos ayuntamientos con un objetivo común y dejando a un lago las siglas políticas.
"Nosotros siempre hemos defendido la municipalidad y esta Ley resta competencias y vulnera la garantía Constitucional de la autonomía municipal. También coloca a las entidades en una situación subordinada y de dependencia acabando con la libertad de actuación", ha resumido el concejal. Ángel Hernández ha puesto como ejemplo de la vulneración del principio democrático en el ámbito local aspectos como establecer que "cuando el Pleno no alcance la mayoría necesaria, la JGL tendrá autonomía para votarlos hurtando a la oposición su papel. Creemos que esto no se puede llevar a cabo y que el Pleno es soberano y debe seguir siéndolo para tomar acuerdos claves para el gobierno de una ciudad".