Ocho grupos de acción local de Castilla y León, entre ellas ASOPIVA y Tierras Sorianas del Cid, se han unido para constituir la Asociación Rural Red, cuyo objetivo fundamental es defender el futuro de LEADER en la región y promover un desarrollo rural basado en el aprovechamiento de los recursos propios y guiado por criterios de eficacia, transparencia y sostenibilidad.
En este sentido, desde Rural Red se reclama a las distintas administraciones un compromiso firme con el desarrollo rural. Ese compromiso pasa por la apertura de un proceso de participación real (y no meramente formal) que permita trabajar conjuntamente en la definición del nuevo período de programación. Como interlocutor válido de los grupos asociados, Rural Red exige estar presente en cuantas reuniones se celebren sobre cualquier aspecto relacionado con el desarrollo rural en la región.
Además, la apuesta por el desarrollo rural debe traducirse en el mantenimiento de los 44 grupos de acción local que funcionan actualmente en la comunidad autónoma, así como en la asignación a 'Leader' del 16% de la dotación económica disponible para desarrollo rural (FEADER), el incremento del porcentaje mínimo de cofinanciación nacional establecido en el Reglamento FEADER (20%) y el establecimiento de una dotación mínima de cuatro millones de euros por grupo, con el fin de garantizar un funcionamiento eficaz de los distintos grupos de acción local, y de dar respuesta a las necesidades
reales del medio rural.
Por otra parte, Rural Red defiende la adopción del multifondo para mejorar las posibilidades de inversión en el medio rural, la coordinación entre el desarrollo rural y urbano, la eficacia en la gestión y la coherencia en la aplicación de las políticas territoriales.
Finalmente, debe garantizarse que el Convenio Consejería-Grupos de Acción Local no podrá modificarse de forma unilateral -con el propósito de dotar a 'Leader' de seguridad, al tratarse de un método de gestión plurianual y con objetivos a corto, medio y largo plazo-.
Precisamente, esa ausencia de garantías es la que ha permitido a la Consejería de Agricultura y Ganadería recortar casi 57 millones de euros (que han supuesto, a su vez, la pérdida de 27,5 millones de la Administración General del Estado) a los programas gestionados por los 44 grupos de acción local, lo que representa un 26,27% del presupuesto total.
Ese recorte desproporcionado e injusto ha alcanzado un 30% de los fondos públicos en el caso de 27 grupos. En la práctica, la consecuencia directa ha sido la supresión de las ayudas a numerosos proyectos, muchos de los cuales ligados a inversiones generadoras de actividad económica y empleo.