El grupo popular ha pedido la suspensión de la ejecución de la contratación de la edición del boletín Plaza Mayor, y la realización de una licitación pública, en la comisión de Vigilancia de la Contratación celebrada este martes. Además, Javier Sanz ha solicitado que se lleve a la comisión "el nuevo contrato que, al parecer, ha firmado por segunda vez el alcalde, después de una segunda resolución de Alcaldía, en la que anulaba la anterior, por tratarse de un contrato ilegal".
El informe jurídico presentado, a petición del PP, explica que el contrato adjudicado por Resolución de Alcaldía el 14 de enero, a una empresa que es comunidad de bienes, resultaba ilegal al no tener personalidad jurídica, por lo que no puede contratar con la administración pública.
Esta circunstancia obligó al alcalde Carlos Martínez a dejar sin efecto el contrato, para luego realizar una nueva contratación con una de las personas de esa comunidad de bienes, que es persona física y, por tanto, sí puede contratar con el Ayuntamiento.
El concejal Javier Sanz ha explicado que "ya he solicitado que este nuevo contrato menor pase por la comisión de Vigilancia", lamentando la actitud con la que el equipo de gobierno ha actuado en esta contratación, "en la que si no nos parecía suficiente una adjudicación a dedo, se han realizado dos, para el mismo asunto. Si no lo hubiéramos denunciado, se habría consumado una contratación ilegal, sin que nadie hubiera dicho nada".
Sanz ha reiterado que ha pedido que se haga una licitación pública, "que incluso podría hacerse después de elaborar el número de Semana Santa, para no perjudicar a la publicación de la revista municipal".
Aunque se ha resuelto el problema de la legalidad de la adjudicación de la edición del Plaza Mayor, según Sanz, "quedan otros posibles defectos que no se han tratado, sobre los que he recibido la callada por respuesta" en la comisión. Para el concejal popular, "resulta evidente que querían hacer la adjudicación como la han hecho, de manera directa, opaca, sin dar la misma oportunidad al resto de empresas sorianas".
El representante popular ha explicado que en las contrataciones, si son mayores por obligación legal, y si son menores por un criterio de transparencia, se invita a las empresas a través de las organizaciones empresariales sorianas, o se licita públicamente.
Asimismo, Sanz añade que, en caso de que no se haga, por la excepcionalidad o características de la contratación, se presenta un informe que justifica que se haga por adjudicación directa. El propio informe presentado en la comisión indica que en el expediente de contratación de la edición del boletín Plaza Mayor, "no consta la consulta a tres empresas del sector", una práctica que se lleva a cabo "siempre que ello sea posible".
El informe justifica la falta de esa "consulta" a tres empresas, porque sólo es obligatorio "en los contratos que se adjudican mediante procedimiento negociado sin publicidad (art. 178.1 del TRLCSP), que no es el caso que nos ocupa".
Sin embargo, en la misma comisión de la Vigilancia de la Contratación, "los asuntos tratados se han presentado con varias ofertas, tal y como he explicado que se suele actuar, salvo en situaciones excepcionales que se justifican, pero que no ha sido el caso de la contratación de la revista Plaza Mayor", añade Sanz.
El concejal popular lamenta que los representantes socialistas de la comisión no hayan podido justificar con convicción el procedimiento de la adjudicación directa del boletín Plaza Mayor, ya que no se puede justificar, según Sanz, desde criterios transparentes, y en clave de igualdad de oportunidades.