La información o publicidad activa se difundirá en el Portal Gobierno Abierto de la Junta.
La Consejería de la Presidencia ha informado hoy en Consejo de Gobierno del contenido del Anteproyecto de Ley de transparencia, acceso y reutilización de la información pública y participación ciudadana en los asuntos públicos de la Comunidad de Castilla y León. Con esta norma, el Ejecutivo autonómico cumple uno de sus compromisos más destacados y consolida el Modelo de Gobierno Abierto iniciado en marzo de 2012. La Junta introduce una serie de novedades y exigencias adicionales a las fijadas por la Ley estatal de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. La información sobre transparencia -publicidad activa- se difundirá en el Portal de Gobierno Abierto, que mantendrá los foros de participación y aglutinará los datos relativos a la Administración General de la Comunidad, los organismos autónomos y los entes públicos de derecho privado, además de habilitar los enlaces correspondientes a universidades, fundaciones y empresas públicas. Todos los altos cargos de la Junta harán públicas sus declaraciones de bienes al inicio y al final del desempeño de su responsabilidad institucional. El texto íntegro se difundirá y se abrirá a participación el próximo lunes en el Portal de Gobierno Abierto.
El Anteproyecto de Ley de transparencia, acceso y reutilización de la información pública y participación ciudadana en los asuntos públicos de la Comunidad de Castilla y León está condicionado por dos leyes estatales, básicas en la mayoría de su articulado: Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; y la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. El anteproyecto de ley presentado hoy muestra un articulado sencillo, centrado en aquellos aspectos que resulta necesario legislar ?como mandato derivado de las normas citadas antes- y en los que de modo específico la Junta de Castilla y León ha querido avanzar y no se reiteran las obligaciones recogidas en las normas estatales, de obligado cumplimiento.
El anteproyecto de ley analizado hoy en Consejo de Gobierno consta de un título preliminar y tres títulos: transparencia de la actividad pública, comisionado y Comisión de Transparencia, y participación ciudadana. El primero de ellos se divide en tres capítulos que abordan, respectivamente, la publicidad activa, el derecho de acceso a la información pública y la reutilización de la información del sector público. El texto completo se detalla, a partir de la estructura indicada, en 18 artículos, tres disposiciones adicionales y cuatro disposiciones transitorias.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno establece unas obligaciones. El anteproyecto de ley detallado hoy en la reunión de Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León apunta una serie de obligaciones adicionales. Con ello, el Ejecutivo castellano y leonés muestra su compromiso por ampliar su transparencia ante los ciudadanos de la Comunidad y, además, garantizar su derecho a la participación activa en los principales asuntos de interés.
Los organismos y las entidades que conforman el sector público autonómico deberán difundir, tal y como se detalla en el anteproyecto de ley, las siguientes informaciones:
a) las relaciones de puestos de trabajo, las plantillas de personal o instrumentos análogos.
b) los puestos de personal eventual, con indicación de su grupo o categoría profesional y del importe de sus retribuciones anuales, así como los contratos de alta dirección, en su caso, indicando el importe de sus retribuciones anuales y de las indemnizaciones previstas a la finalización del contrato.
c) las convocatorias de procesos de selección de personal, con indicación, al menos, del número y la categoría de las plazas o puestos convocados y de la identidad de las personas encargadas de la selección. La información se irá completando a medida que se desarrolla el proceso con información relativa al número de aspirantes presentados y seleccionados. En el caso de existir, se informará sobre las bolsas de empleo y su gestión.
d) los convenios colectivos y los acuerdos o pactos o planes reguladores de las condiciones de trabajo o de las retribuciones o incentivos.
e) los textos de las resoluciones judiciales que afecten a la vigencia o interpretación de las normas dictadas por la Comunidad Autónoma.
f) el gasto público realizado en campañas de publicidad institucional.
g) el volumen del endeudamiento de la Comunidad, indicando el nivel de deuda en términos de PIB.
h) la estructura de cartera de la deuda, así como su calendario de vencimiento.
i) la finalidad a la que están destinados los bienes inmuebles que sean de su propiedad o sobre los que ostenten algún derecho real.
j) la relación de bienes inmuebles de su propiedad cedidos a terceros por cualquier título, la persona o entidad cesionaria y el uso al que se destina el inmueble.
k) el número de vehículos oficiales de los que son titulares o arrendatarios y el uso al que se destinan.
A partir de la entrada en vigor de esta norma autonómica, todos los altos cargos de la Junta de Castilla y León estarán obligados a presentar una declaración de bienes, no solo cuando accedan al cargo ?como ya se realiza- sino también al abandonarlo. Esas informaciones serán publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León. Y además, cada año deberán presentar su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el IRPF.
La puesta en marcha del Modelo de Gobierno Abierto en 2012 supuso la apertura de nuevos cauces para la participación de los castellanos y leoneses en los asuntos públicos. Ahora, ese compromiso se convierte en derecho para los ciudadanos de la Comunidad. La entrada en vigor de esta ley supondrá que cualquier anteproyecto de ley, proyecto de decreto, estrategia, plan o programa se expondrá en el espacio de participación del Portal de Gobierno Abierto durante un mínimo de 10 días. Ello no implicará demora o prolongación de plazos de tramitación, pues no detendrá el procedimiento. Asimismo, la Junta de Castilla y León fija por ley su compromiso de responder individualmente al autor de cada aportación. La apertura a participación ciudadana contará con las siguientes excepciones: anteproyectos de decreto-ley o decreto-legislativo, anteproyectos de Ley de Presupuestos y de Ley de Medidas, anteproyectos de decretos de estructura y las relaciones de puestos de trabajo.
En mayo 2013 se celebró una mesa de trabajo a la que asistieron medios de comunicación, profesores universitarios, grupos parlamentarios de las Cortes, representantes de otras comunidades autónomas con leyes ya aprobadas o en tramitación -Andalucía, Extremadura, País Vasco y Aragón-. En esa jornada, el consejero de la Presidencia anunció que la Junta de Castilla y León formalizaría la petición de informe a las instituciones propias para que planteasen sugerencias y contenidos para la redacción de la futura ley de transparencia. Semanas después, el Procurador del Común, el Consejo Consultivo y el Consejo de Cuentas remitieron sus propuestas al Ejecutivo autonómico.
En junio de 2013 se habilitó un foro de participación en el Portal de Gobierno Abierto para que, de igual modo, ciudadanos y colectivos planteasen sus ideas. Este jueves, 5 de junio, se cerrará ese primer espacio y los autores de las 35 aportaciones realizadas en la web recibirán su respuesta personalizada. El próximo lunes 9 de junio, el texto del Anteproyecto de Ley se abrirá un nuevo foro de participación en el que la Junta de Castilla y León acogerá nuevas sugerencias y aportaciones. Los grupos parlamentarios en las Cortes de Castilla y León han participado en varias reuniones monográficas, iniciadas en septiembre de 2013, sobre el Anteproyecto de Ley de transparencia, acceso y reutilización de la información pública y participación ciudadana en los asuntos públicos de la Comunidad de Castilla y León.
La Junta de Castilla y León estructura en este texto normativo las diversas funciones necesarias para el correcto desarrollo de esta apertura de información a los ciudadanos. Así, en el ámbito de la Administración General de la Comunidad y de sus organismos autónomos, le corresponderán al órgano que tenga atribuida la dirección y coordinación de la web corporativa de la Junta de Castilla y León ?en la actualidad, la Consejería de la Presidencia-: la gestión y mantenimiento del Portal de Gobierno Abierto. Hasta la aprobación de un nuevo decreto de estructura y organización, la Dirección General de Análisis y Planificación de la Consejería de la Presidencia será responsable de la coordinación administrativa.
Cada una de las consejerías del Gobierno y cada organismo autónomo serán los responsables de publicar sus informaciones. La tramitación de las solicitudes de acceso a la información y reutilización se realizará mediante procedimientos electrónicos, pues con ello se garantiza una mayor agilidad. Esta tarea recaerá en unas unidades de acceso a la información que, mientras no se aprueben nuevas estructuras, se atenderán con los medios personales y materiales de los servicios de Estudios del Gobierno autonómico.
Los castellanos y leoneses tendrán acceso, a través del Portal de Gobierno Abierto, a la información objeto de publicidad activa y la participación ciudadana en los asuntos públicos regulados en esta ley referentes a la Administración General de la Comunidad, de sus organismos autónomos vinculados o dependientes y de sus entes públicos de derecho privado cuando ejerzan potestades administrativas. Todos los documentos publicados en el Portal de Gobierno Abierto serán reutilizables.
El Portal de Gobierno Abierto incluirá también la información de la Administración General de la Comunidad y de sus organismos autónomos cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia y se incluirán enlaces a las páginas web o sedes electrónicas del resto de los organismos y entidades del sector público autonómico obligados por esta ley.
La legislación estatal establece que las comunidades autónomas deben determinar qué órgano independiente velará por el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Existe la posibilidad de que cada comunidad autónoma pueda crear un nuevo organismo, suscribir un convenio con el Comisionado estatal para que lo realice este o, como ha decidido la Junta, asignar estas funciones a un órgano ya existente.
La propuesta legislativa de la Junta de Castilla y León establece que el Procurador del Común desempeñará las funciones de Comisionado de Transparencia, por lo que será esta institución la que velará por el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de la Administración autonómica y de las corporaciones locales. Esta opción no supondrá la creación de nuevas estructuras ni gastos adicionales.
Con este cometido, el Procurador del Común velará por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad y salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y resuelve los recursos ante las resoluciones que denieguen el acceso a la información. El Comisionado y la Comisión de Transparencia dispondrán de la autonomía, independencia y objetividad que otorga al Procurador del Común su ley reguladora y ejercerán las funciones que le atribuye la ley. Anualmente, presentará una memoria anual ante la Comisión de las Cortes de Castilla y León.
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ya expresó durante su discurso de investidura que reforzaría cuatro principios esenciales en todas las actuaciones del Gobierno autonómico: la austeridad, la eficiencia, la transparencia y la participación. A lo largo de esta legislatura, Castilla y León ha obtenido valoraciones superiores a la media de España en los informes de la organización Transparencia Internacional. En noviembre de 2012 la Junta de Castilla y León recibió una calificación de sobresaliente, según los criterios fijados por Transparencia Internacional. La calificación de 9 puntos situó a la Comunidad una vez más por encima de la media nacional ?7,9 puntos- y fue el resultado del sumatorio de las notas parciales en 80 indicadores de transparencia agrupados en seis bloques; el Ejecutivo autonómico obtuvo 10 puntos en tres de ellos: información económico-financiera, relaciones con los ciudadanos y la sociedad e información sobre la comunidad autónoma.
Herrera también adelantó en sus palabras de junio de 2011 que el Gobierno autonómico desarrollaría un modelo de Gobierno Abierto como mecanismo de participación ciudadana directa de los castellanos y leoneses en los principales proyectos de Comunidad. Para ello, la web corporativa y las redes sociales constituirían un papel destacado.
Hace ahora un año, en el último Debate de Política General, el presidente Herrera apuntaba la necesidad de asegurar el igualmente necesario protagonismo de los ciudadanos en una sociedad democrática, libre y vertebrada. En ese sentido, Herrera subrayó el impulso de la calidad democrática en Castilla y León, con referencias de una cultura del diálogo y la participación, con la implicación de Instituciones y Administraciones, y con los 'intensos esfuerzos por la construcción de un modelo de Gobierno Abierto'.