Los centros adscritos a la Gerencia Regional de Salud registraron el año pasado un total de 360 incidentes entre profesionales y pacientes o familiares, cifra similar a los años 2010 y 2011 pero un 9 % más alta con respecto a 2012, periodo en el que se registraron 331 acciones violentas.
Del total de incidentes, 217 lo fueron en Atención Especializada, mientras que 142 se registraron en Primaria y uno en Emergencias. El 95 % de ellos se produjeron en el centro de trabajo, un 2 % en la vía pública y un 3 % en casa del paciente.
El registro oficial señala además que hubo 432 trabajadores agredidos, de los que 275 lo fueron en los hospitales y centros adscritos (aumento del 31 % con respecto a 2012), 156 en los centros de salud (descenso del 10 %) y uno en Emergencias (descenso del 80 %). Del total de agresiones, 140 fueron a facultativos, 168 a personal de enfermería, 62 a técnicos auxiliares de enfermería, 18 a celadores y 49 otro personal (odontólogos, fisioterapeutas, psicólogos, administrativos, etcétera).
Otro dato del registro revela que 352 de los agredidos fueron mujeres y sólo 80 hombres. Del análisis de la plantilla total de Sacyl se deduce además que el año pasado fueron agredidos el 0,88 % de los hombres y el 1,29 % de las mujeres.
En el caso de las agresiones físicas, se ha observado un aumento de las acciones violentas tanto en los hospitales (28 % más, al pasar de 65 a 83 casos) como en Atención Primaria (88 % más, de 8 a 15 casos). Un total de 44 de ellas se registraron en los servicios de Psiquiatría, 21 en Urgencias, ocho en Medicina Interna, seis en consulta y 19 en otros lugares, incluida la calle o el domicilio del paciente.
Sobre las posibles causas que desencadenan la acción violenta, un 30 % se refiere a discrepancias con el criterio asistencial del profesional -bajas laborales, petición de pruebas, prescripción de medicamentos-, seguido de un 22 % por disconformidad en el trato, un 26 % por descompensación psíquica o un 11 % por drogadicción y alcoholismo.
En cuanto al perfil del autor de las agresiones, se mantiene estables los datos relativos al sexo (el registro indica que un 64 % son hombres y un 36 % mujeres) y la tipología (un 64 % son usuarios y un 34 % familiares, siendo el 86 % de los incidentes protagonizados por una sola persona). Destaca un aumento de la reincidencia, pasando del 16 % al 20 %.
Delito contra funcionario público
En el transcurso de la reunión del Observatorio Regional contra las Agresiones, el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, ha anunciado que se han registrado ya 29 sentencias condenatorias por delito contra funcionario público (24 de ellas por delito de atentado y las otras cinco relacionadas con delitos de lesiones, tentativa de agresión sexual, robo con fuerza en las cosas, amenazas o delito de desórdenes públicos), hecho que, a su juicio, supone un apoyo decisivo dentro del plan integral que la Junta de Castilla y León puso en marcha en 2008, con la colaboración en este apartado de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia.
El año pasado, el teléfono de asesoramiento 902 197 781 recibió 82 llamadas y se abrieron 54 expedientes de defensa penal, un 62 % de ellos por parte de profesionales de la medicina. La Junta de Castilla y León puso además a disposición de los profesionales de Sacyl el servicio telefónico 012 para la recepción de las denuncias.
Hay que hacer especial mención a las sanciones administrativas impuestas por la propia Consejería de Sanidad, una figura novedosa que supone un complemento significativo a la actuación judicial, con 12 resoluciones definitivas contra el agresor (dos en Burgos, ocho en Palencia y dos en Valladolid).
Dentro de este apartado destaca la modificación de la Ley de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León, de manera que se reconoce el derecho de los profesionales a ser respetados y valorados y se les confiere consideración de autoridad pública y presunción de veracidad, con todo lo que eso supone. Sólo Aragón y Castilla y León han regulado hasta el momento esta materia, pero en el último pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se acordó conceder esta categoría a los profesionales sanitarios en el ámbito nacional.
En el aspecto de la formación, el año pasado se impartieron 39 cursos a un total de 812 profesionales, en materias como técnicas de detección de conductas violentas, manejo de pacientes agitados o seguridad en la atención a personas con trastornos mentales graves.
Dentro de las medidas para prevenir agresiones, la Gerencia Regional de Salud ha elaborado una nueva relación de centros en los que se han producido al menos dos agresiones en Atención Primaria, con un total de 43 ?seis menos que en 2012-, de los que 20 se mantiene de listados anteriores y 23 son nuevos.
Del grupo de trabajo creado en 2013 en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para analizar la situación a nivel nacional y proponer medidas, destacan entre las conclusiones la necesidad de desarrollar convenios de colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Por último, la auditoría realizada por la Inspección General de Servicios de la Junta de Castilla y León a propuesta de la Gerencia Regional de Salud ofrece buenos resultados en cuanto al cumplimiento de los protocolos, aunque destaca la necesidad de mejorarlos en lo que se refiere a la investigación de las agresiones o la incoación de expedientes sancionadores.