Hasta la fecha ya se ha procedido a modificar las potencias contratadas en 104 de dichos centros, con un ahorro estimado de 154.899 euros al año. Se trata de una iniciativa pionera en la Junta de Castilla y León que supone tener el control sobre el coste en energía eléctrica consumida por los edificios de la Administración autonómica.
Dentro del Plan de Mantenimiento y Eficiencia Energética de Infraestructuras Educativas 2011-2015, impulsado por la Consejería de Educación, una de las líneas de actuación que la Junta tiene previsto poner en marcha esta legislatura es la optimización de las facturas de energía eléctrica de los centros docentes de titularidad autonómica. Con este fin, y en colaboración con el EREN, se ha validado la aplicación informática denominada OPTE (Optimización de Tarifas Eléctricas), cuya gestión permite un ajuste eficiente de los recursos y una reducción del consumo y el gasto energético, con la consiguiente repercusión sobre las emisiones de CO2.
Hasta el momento, ya se han inventariado los puntos de suministro eléctrico de los centros educativos cuya titularidad pertenece a la Administración autonómica. En base a la propuesta realizada, se ha iniciado un proceso de optimización de la potencia de energía eléctrica, de forma que los centros adecuen la misma a sus necesidades energéticas.
Este proceso de optimización de suministros eléctricos afectará a 239 centros de consumo de los 293 dependientes de la Consejería de Educación. Hasta la fecha, ya se han procedido a modificar las potencias contratadas en 104 de dichos centros, con un ahorro estimado de 154.899 euros al año. Así, la Junta de Castilla y León considera que al final de este proceso de optimización de potencias el ahorro económico generado superará los 335.000 euros anuales, aproximadamente el 8 % de la facturación total de los centros educativos de la Comunidad.
De la gestión de la base de datos introducida en OPTE se han obtenido informes individualizados, referentes a los puntos de suministro eléctrico y los consumos de las instalaciones, que permiten identificar las posibles mejoras en este tipo de contratos para cada centro: modificación de tarifa de acceso, nueva adecuación de la potencia contratada, reducción de las penalizaciones por energía reactiva, minimización del consumo eléctrico fuera de horario lectivo, etc.
Además, a través de OPTE se podrá facilitar y agilizar el proceso de renovación de contratos eléctricos de centros educativos dentro del acuerdo marco para la homologación del suministro de energía eléctrica, gestionado por la Consejería de Hacienda. Asimismo, se ha detectado, tras el análisis de consumos de energía e índices energéticos, un potencial de ahorro energético importante en aproximadamente el 30 % de los centros, que deben ser analizados con detalle a través de estudios específicos. Tras este segundo análisis de optimización, se espera conseguir un ahorro mínimo del 12 % de la facturación, que unido al 8 % anterior, da como resultado la previsión de ahorro indicada del 20 %.
Finalmente, es necesario dejar constancia de que esta iniciativa es pionera en la Junta de Castilla y León y, según información del EREN, la creación de la base de datos de estos centros docentes ha supuesto tener inventariado el 15 % de los puntos de suministro, así como el control sobre el coste en energía eléctrica consumida por los mismos.