El PP asegura que el Ayuntamiento capitalino ha devuelto partidas a la Junta por no haberlas invertido. La Ley de Dependencia ocupa en capital y provincia a 649 personas.
El Procurador del Partido Popular en las Cortes de Castilla y León, Ignacio Soria, se ha referido esta mañana a los servicios sociales destacando que el informe de directores y gerentes sobre la materia ha reconocido a Castilla y León como la segunda comunidad de España que mejor aplica este servicio público. El aforado ha asegurado que las políticas del Partido Popular "son por y para las personas, y con eficiencia presupuestaria" incidiendo en el reconocimiento "del buen hacer" de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, "que ha pasado de tener un presupuesto de 300 millones de euros en 1996 a 800 millones en 2013".
Respecto a la provincia, el procurador ha indicado que Soria podría ser en materia de servicios sociales "el ejemplo a extrapolar" al resto de comunidades autónomas porque aquí "los servicios sociales funcionan y funcionan bien". Como dato, ha apuntado que en materia de dependencia, la provincia roza el 100% de beneficiarios con derecho a la prestación que la reciben, y además ha cuantificado que son 649 los puestos de trabajo que se mantienen por la aplicación de la Ley de Dependencia.
Otro ejemplo que ha expresado el procurador popular ha sido el Centro de Día de Santa Bárbara, "que ya ha cumplido su primer año de vida, que cuenta con 1.154 usuarios, y donde la Junta invirtió cerca de 2 millones de euros, el 70% de la inversión", ha significado.
Ignacio Soria también se ha referido a otros programas que desarrolla la Junta en la provincia, como en el Centro Ángel de la Guarda, para las personas con discapacidad, "donde hay más de 113 usuarios", o el nuevo centro que verá la luz "en breve" y en el que se ha trabajado con Asovica. A estos ha sumado las residencias de mayores distribuidas por toda la provincia y en los cuatro centros de día que la junta gestiona en la geografía soriana.
Sin embargo, el portavoz popular ha puesto de manifiesto que el desarrollo de los servicios sociales en la capital ha hecho que el alcalde, Carlos Martínez Mínguez se haya visto obligado a devolver a la Junta diferentes ayudas de servicios sociales "tras no invertir el dinero", con la devolución, según los datos del procurador tenido el 26% de las ayudas del Acuerdo Marco para familias con riesgo de vulnerabilidad social, el 14% de las partidas destinadas a teleasistencia, "y el 100% del dinero destinado a la formación de personas para cuidar a dependientes".
Para concluir, ha recalcado que "el PSOE de Soria no está legitimado para hablar de servicios sociales después de esto" por lo que a su juicio, los socialistas sorianos "no siempre los servicios sociales son una prioridad".