Los funcionarios de prisiones del sindicato en Soria rehúsan a los actos de su patrona como protesta a la actual política penitenciaria.
Como medida de protesta y ante la actual política penitenciaria desarrollada por el Ministerio de Interior y la Secretaría de IIPP, UGT no va a acudir a las diversas celebraciones del día de la Virgen de la Merced, patrona de instituciones penitenciarias.
Para respaldar esta postura han expuesto su oposición a la privatización de la vigilancia exterior en el centro penitenciario de Soria, donde han denunciado que a partir de octubre se sustituirá a los agentes de la Guardia Civil por guardias de seguridad privada. "Esta privatización no es necesaria ni rentable", han explicado, ya que "supone un ataque frontal al modelo público de Instituciones Penitenciarias". En este sentido, han añadido que la Administración, con esta política, solamente beneficia a determinadas empresas, "más pendientes de obtener beneficios que de la seguridad de los centros penitenciarios". También han avazando que esta medida será "sólo el principio", al igual que se ha hecho con otros servicios públicos, "y que se irá extendiendo al interior de los centros penitenciarios".
A tal fin, han demandado un aumento de personal mediante una adecuada convocatoria de oferta de empleo público así como "la defensa y dignificación de los profesionales penitenciarios".
Con respecto a la apertura de la nueva cárcel, que según la información que poseen está terminada a falta de equipamientos, han puesto en evidencia lo que consideran como "secretismo" por parte de la Administración sobre el futuro de las instalaciones, por lo que han exigido a las autoridades competentes "que se pronuncien e informen adecuadamente a la sociedad soriana dado las repercusiones económicas y laborales que supone para la provincia" este centro.
De hecho, han recalcado que consideran "inviable" la apertura de la nueva prisión con la plantilla actual, "máxime cuando no se cubren las vacantes en la actual y la oferta de empleo público se limita a 70 plazas a nivel nacional".
La casi inexistencia de ofertas de empleo público, la tasa de reposición cero en nuestro la cárcel de Soria, y la no convocatoria de las vacantes existentes son puntos que "han conducido a la prisión soriana a contar con catorce funcionarios menos que los existentes hace tan solo tres años".
"Sin trabajadores, sin una adecuada política de personal", han contiuado, "no se pueden desarrollar los preceptos constitucionales de reinserción social ni garantizar la seguridad y custodia de los internos. Esto afecta gravemente en las condiciones laborales de los trabajadores penitenciarios y a su propia seguridad".
Al mismo tiempo, han incidido en los recortes económicos producidos y sus repercusiones "que no han sido estudiadas" y que han conducido igualmente a unas tasas de envejecimiento entre los trabajadores de la prisión soriana "sin parangón", con una edad media de las mayores de España, "con el consiguiente aumento de las tasas de absentismo ligadas a dicho envejecimiento".
Actualmente el 65% de los trabajadores del centro supera los 50 años, y el 33% es mayor de 55.