El Gobierno cierra las puertas de la recuperación económica a los más de 160.000 empleados públicos de Castilla y León y los 2,5 millones de toda España. Hacienda pretende devolver los 44 días devengados de la extra de Navidad que ya reconocen los tribunales.
El Gobierno tiene sólo unos meses para compensar a los empleados públicos y rectificar, ante la indignación creada por una nueva congelación salarial, que da continuidad y agrava la pérdida salarial de los últimos seis años. La nueva tasa de reposición del 20% no soluciona la falta de personal, y destruirá decenas de miles de empleos públicos en 2015, el 80% de las plazas que se jubilen.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), la organización sindical más representativa en las administraciones públicas, manifiesta su "rechazo absoluto al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2015, porque nuevamente da la espalda a los empleados públicos con otra congelación salarial, por quinto año consecutivo, lo que agravará el deterioro de los servicios públicos". Este sindicato no descarta ninguna medida de presión sindical.
El proyecto de Ley de Presupuestos supone un nuevo portazo a las expectativas de los empleados públicos, para sumarse al tren de la recuperación económica, según CSI-F. Además, "el Gobierno ha vuelto a faltar el respeto a sus empleados públicos, tanto en las formas, limitando el ámbito de negociación a los sindicatos y lanzando globos sonda a los medios de comunicación, como en el fondo, con un proyecto claramente cicatero e insuficiente", añade el sindicato independiente.
Para el presidente de CSI-F Castilla y León, Carlos Hernando, la decisión de la congelación salarial "supone un tremendo y frustrante jarrón de agua fría", para los más de 160.000 empleados públicos de la Comunidad, que ven como se les cierra la puerta de la recuperación económica. Hernando asegura que "CSI-F intentará recuperar las condiciones laborales del empleado público en el trámite parlamentario de la aprobación de los presupuestos, hasta finales de diciembre".
Hernando recuerda que los salarios de los empleados públicos continuarán congelados por quinto año consecutivo, y que será el sexto ejercicio seguido en el que pierden poder adquisitivo, ya que a las congelaciones del periodo de 2011 a 2015, hay que sumar el recorte salarial que aplicó el Gobierno en 2010, entre el 5% y el 7%, y la supresión de la paga extra de Navidad de 2012.
CSI-F valora que las sentencias judiciales promovidas por el sindicato independiente y otras organizaciones, o la contestación de los empleados públicos durante este tiempo, han empujado al Gobierno a introducir una tímida e insuficiente devolución de la paga extra. "No nos regala nada y además juega al regateo, hurtándonos una paga que ya nos reconocen los tribunales en toda España, dado que el 25% que ha dicho que abonará, equivale a los 44 días de la paga devengada", aclara CSI-F.
Por otra parte, la tasa de reposición del 20% que acaba de fijar el Gobierno (10 puntos más de la que había hasta ahora), no resuelve el problema de la necesaria oferta de empleo, asegura CSI-F. La nueva tasa de reposición supone la destrucción del 80% de las plazas de personal que se jubile el año que viene y, por tanto, la eliminación de un plumazo de decenas de miles de puestos de trabajo durante 2015 en Castilla y León y en España. "Esto implica más inseguridad en nuestras calles, menores niveles de calidad en nuestras escuelas, hospitales y centros de trabajo o una justicia aún más lenta", remarca CSI-F.
El sindicato independiente está convencido de que el Gobierno debería verse obligado nuevamente a mover ficha antes o después ?como ha ocurrido en el Ministerio de Justicia--, si no quiere dar la espalda a 2,5 millones de empleados públicos y a sus familias en España. "Pero le quedan pocos meses para hacer justicia y compensar a nuestro colectivo. Hay que tener en cuenta además que podrían ser los últimos presupuestos de esta legislatura", apunta CSI-F.