Los socialistas promovían un programa de atención integral a menores en riesgo de exclusión en una iniciativa rechazada en las Cortes regionales.
Esther Pérez, procuradora soriana en las Cortes regionales ha defendido en la sede parlamentaria la puesta en marcha de un programa de atención integral a menores dirigido a la infancia de Castilla y León y de acceso gratis para en situaciones de riesgo o exclusión. Una propuesta amparada con ejemplos como la situación detectada el pasado verano en la capital y los datos de un informe de UNICEF.
Así, según la aforada, sólo en Soria, más de un centenar de escolares tuvieron que acogerse a las ayudas especiales de alimentación durante los meses estivales ante el cierre de los comedores escolares. Por ello, Pérez ha lamentado el voto contrario y ha recordado que "la infancia se enfrenta a muchos desafíos, entre ellos, los relacionados con la exclusión social, la pobreza y la vulnerabilidad".
La proposición no de ley expuesta solicitaba la creación de un Programa de Atención Integral a Menores, dirigido a todos los niños de Castilla y León, que bajo la fórmula de 'Campamentos desde el Cole' (urbanos y rurales) puedan participar de forma gratuita los menores en situación o riesgo de pobreza y exclusión. También solicitaba una evaluación del programa por parte de los servicios sociales y de educación para, además, disponer de una mejor previsión de la situación de cara a 2015. Por último, se requería la suscripción de un pacto de Castilla y León por la infancia.
La procuradora ha lamentado que no exista consenso en un asunto "tan esencial" y ha significado que la excusa es que las medidas actuales son suficientes cuando este mismo verano "hemos comprobado que las entidades locales han tenido que dar una solución a la situación real de estos menores y que, por lo tanto, existen problemas de vulnerabilidad en los periodos no lectivos".
Pérez ha dejado constancia de La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor y la Resolución A3-0172/92, de 8 de junio de 1992, del Parlamento Europeo sobre una Carta Europea de los Derechos del Niño, han ido dotando a los pequeños de un adecuado marco jurídico de protección, consecuente con la filosofía de la Convención sobre los Derechos del Niño.
De igual modo se ha amparado en que en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León se pronuncia en el mismo sentido de recoger de los derechos de las personas menores de edad. Aquí ha manifestado que "los menores tienen derecho a recibir de las Administraciones públicas de Castilla y León, con prioridad presupuestaria, la atención integral necesaria para el desarrollo de su personalidad y su bienestar en el contexto familiar y social, en los términos que se determinen normativamente."
Por otra parte, la normativa específica recogida en la Ley 14/2002, de 25 de julio, de Promoción, Atención y Protección a la Infancia en Castilla y León, "aprobada por unanimidad en nuestras Cortes", ha señalado, "garantiza los derechos de los menores de 18 años, promoviendo su pleno desarrollo e integración socio-familiar y regulando las actuaciones y procedimientos necesarios para atender y proteger a la infancia en situación de riesgo o desamparo".
De igual modo ha recordado los datos del informe de UNICEF sobre la situación de la infancia en Castilla y León de 2013, el cual indicaba que en España había un 29,9 % de menores en riesgo de pobreza. En la región, este porcentaje bajaba al 24,9%. "Detrás de estos porcentajes, que pueden parecer datos abstractos, hay niños y niñas que están sufriendo las consecuencias de la falta de respuesta por parte de las administraciones", ha dicho, sumando que con estos porcentajes "podríamos hablar de que 91.208 menores están en riesgo de pobreza".
'Falta de actuaciones'
Por ello, ha reseñado que en la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades "se justifica su falta de actuaciones", para dar respuesta a "este importante número de menores" que necesitan una intervención de Comunidad, con el razonamiento por el que Castilla y León está 5 puntos por debajo de la media estatal. "Pero desde mi grupo parlamentario pensamos que las administraciones públicas no pueden quedarse en frías cifras o porcentajes, puesto que hablamos de hablamos de personas, de menores en el caso que hoy nos ocupa", ha concluido Esther Pérez en su intervención en las Cortes.