Ciudadanos y empresas de Castilla y León podrán usar cualquier registro público para enviar al instante documentación al Gobierno, la Junta, las diputaciones y los ayuntamientos de la Comunidad, porque estarán conectados en red. Será gracias a la aplicación ORVE, que se ha presentado hoy en Valladolid.
La Junta ha dado un paso más en la Administración 'sin papeles' y la modernización de los servicios públicos con su adhesión a la Oficina de Registro Virtual de Entidades (ORVE) y, con ello, al Registro Electrónico Común (REC) y el Sistema de Interconexión de Registros (SIR) nacionales, que han formalizado esta mañana el secretario de Estado de Administraciones Públicas y la consejera de Hacienda mediante la firma de un convenio.
El acuerdo hace posible la integración electrónica de los registros del Gobierno de España, la Junta, las nueve diputaciones provinciales y los municipios de la Comunidad. Esto supone que cualquiera de ellos se podrá utilizar para remitir documentación a las cuatro administraciones mencionadas, con total garantía de que llegará a su destino.
El funcionamiento del sistema es muy sencillo: el escrito que entrega el usuario se escanea y la copia electrónica resultante se envía telemáticamente, en ese mismo momento, a la institución que corresponde. Este proceso tiene plena validez jurídica, porque cuenta con la seguridad que aporta la firma digital, y al mismo tiempo permite devolver los originales de los documentos a la persona que los registra.
Las ventajas de la herramienta, por tanto, son múltiples. La principal es que evitará que los castellanos y leoneses tengan que acudir obligatoriamente a las dependencias de la Administración concreta con la que quieren relacionarse. Con ORVE esto dejará de ser preciso, porque podrán efectuar el mismo trámite en la ventanilla pública más cercana a su domicilio aunque pertenezca a otra institución. A esto hay que sumar la rapidez: en lugar de tardar varios días, la comunicación llegará de inmediato al organismo receptor, sea cual sea su localización geográfica o nivel administrativo. Por otra parte, se podrá consultar el estado y localización de un envío al instante. Todo esto favorece directamente a los ciudadanos, tanto por el ahorro de tiempo y dinero que implica, como por la agilización de los plazos y la calidad de la información que aporta.
La implantación de la Oficina Virtual de Registro también tiene indudables beneficios para la Administración. El primero es que el Gobierno, la Junta y las entidades locales podrán usar la aplicación para comunicarse entre sí, lo que trae aparejada la unificación de los procedimientos y una gran celeridad. Junto a esto, supone eliminar el papel de las oficinas ?y con ello la necesidad de custodiar y almacenar un volumen elevado de documentos?, además de minimizar los costes de mensajería y transporte.
De hecho, el Ejecutivo de Castilla y León aspira a conseguir un ahorro de alrededor de 800.000 euros al año, puesto que se espera que la inmensa mayoría de los documentos con destino a otras administraciones se transmitan electrónicamente y el importe medio de un envío postal certificado se calcula en unos cuatro euros.
La tecnología ORVE ha sido desarrollada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que la cede gratuitamente a las autonomías que se lo demandan. Castilla y León es la sexta en contar con este servicio, del que disponen Madrid, Canarias, Asturias, Castilla-La Mancha y desde la pasada semana, La Rioja.
La aplicación se extenderá progresivamente por toda la Comunidad. Como es lógico, primero llegará a los 234 registros que dependen de la Junta. También se implantará en la Red de Oficinas Integradas, que agrupa a las 257 dependencias de entidades locales donde ya se puede entregar documentación para otras administraciones, si bien ahora se traslada a su destino por el conducto ordinario. Esto es posible en virtud de otro convenio marco de colaboración suscrito el 31 de octubre de 2013 por el secretario de Estado de Administraciones Públicas y la consejera de Hacienda, al que podrán adherirse las diputaciones, municipios y otros entes que deseen incorporarse a ORVE.
En el mismo acto Antonio Beteta y Pilar del Olmo han rubricado un protocolo de entendimiento para impulsar el aprovechamiento común de las soluciones tecnológicas de la Administración electrónica, que abre la puerta a compartir experiencias para lograr la máxima eficacia en la gestión. Se trata, en definitiva, de apuntalar un modelo basado en la innovación, la eficiencia, la sostenibilidad, la transparencia y la agilidad y, por supuesto, la cercanía a los ciudadanos.
La apuesta de la Junta por esta materia se remonta a hace una década, puesto que en 2004 se creó la Oficina Virtual de Impuestos Autonómicos (OVIA) para hacer posible la presentación y el pago por Internet de los tributos que gestiona el Gobierno autonómico. Posteriormente, en 2009, nació la sede electrónica www.tramitacastillayleon.jcyl.es y, en fechas recientes, el Portal de Contratación Electrónica Duero que, al igual que el Portal de Gobierno Abierto, persigue avanzar en la transparencia.
Algunos datos significativos en materia de teletramitación son los relativos al Registro Electrónico de la Comunidad, donde se han presentado más de 3,7 millones de solicitudes. Además desde 2008 se han intermediado más de cuatro millones de documentos, es decir, que los castellanos y leoneses no han tenido que aportarlos al efectuar sus trámites porque estaban en poder de la Junta o ésta podía solicitárselos a otra institución. La utilización de los Servicios de Repuesta Inmediata (SERI), por otro lado, ha posibilitado la descarga de más de 14.000 certificados que de otro modo habrían tenido que solicitar en ventanilla.
En la misma línea, se están simplificando los 159 trámites administrativos autonómicos más habituales para la creación de empresas, con el fin de facilitar la generación de actividad económica en Castilla y León. Este proceso, que culminará en marzo de 2015, incluye la posibilidad de hacer la gestión íntegra por Internet, la supresión de la obligatoriedad de presentar algunos documentos o el envío por correo electrónico de las autorizaciones e inscripciones necesarias para que el negocio empiece a funcionar.
El balance de todas estas medidas arroja un ahorro medio de 73 millones de euros anuales para ciudadanos y emprendedores, una cifra relevante que cobra todavía mayor trascendencia en un momento como el actual.
Con carácter previo a la presentación del proyecto ORVE, el secretario de Estado de Administraciones Públicas y la consejera de Hacienda han asistido a la sesión plenaria de la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Castilla y León, celebrada en la sede de la Delegación del Gobierno en la Comunidad.
El encuentro ha servido para ratificar los acuerdos alcanzados durante la última reunión de la Sección Castellana y Leonesa de este órgano, en la que se completó la compleja operación patrimonial por la que la Junta se convierte en dueña del antiguo edificio de la Agencia Tributaria en Valladolid, ubicado en el número 5 de la Plaza de Madrid de la ciudad. A cambio el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas recibe el céntrico inmueble situado en la Plaza de la Constitución, 1 de Salamanca, que ocupó la Delegación Territorial del Ejecutivo autonómico en esa provincia hasta marzo de 2013.
Paralelamente, se ha dado conformidad a la decisión de que la Junta adquiera la propiedad de las estaciones de autobuses de Valladolid, Palencia, Salamanca y Soria y las localidades salmantinas de Béjar y Ciudad Rodrigo, un acto formal que no afecta a la competencia que ejerce la Comunidad en esta materia pero que, sin embargo, posibilitará invertir en la modernización de esas infraestructuras. Por último, la Comunidad ha asumido la titularidad de los institutos de ESO de los municipios zamoranos de Villalpando, Fuentesaúco y Camarzana de Tera, así como de una pequeña parte de la sede administrativa autonómica de la avenida de Requejo, 2 de Zamora capital, donde se instalará la Gerencia del Servicio Público de Empleo.