Establece 109 modalidades de prestaciones para dar respuesta a 10 grandes grupos de necesidades. El 78% de esas prestaciones (85) no tendrá aportación del usuario.
La Junta ha dado luz verde este jueves al decreto que regula el Catálogo de Servicios Sociales que identifica, ordena y califica de forma sistemática el conjunto de prestaciones del sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública de Castilla y León. El catálogo representa un cambio del modelo tradicional de Servicios Sociales, ya que consolida una atención social integral y 'a la carta' en función de la necesidad de la persona en cada momento. Establece 109 modalidades de prestaciones que de forma única o combinada da respuesta a 10 grandes grupos de necesidades. El 78 % de esas prestaciones (85) no tendrá aportación del usuario.
Con la aprobación de este catálogo, el primero de estas características en España, la persona y sus necesidades se convierten en el eje de la atención y, por tanto, del sistema. Los Servicios Sociales se adaptan y flexibilizan para dar respuesta a las necesidades de los castellanos y leoneses. Se rompe con un modelo de atención basado en encasillar a las personas en colectivos estancos (discapacidad, personas mayores, personas en situación de Dependencia, mujeres maltratadas...) para pasar a un modelo donde el usuario es único, como también los son sus necesidades en cada momento y, por tanto, se le ofrece una respuesta social integral, flexible y personalizada con arreglo a su ámbito de necesidad y dentro de su contexto familiar y comunitario.
El catálogo, elaborado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, incluye la definición y clasificación de todas las prestaciones, su contenido e intensidad mínima, la población destinataria, los requisitos y condiciones para su acceso y disfrute, su titularidad, la aportación del usuario y su financiación, el régimen de compatibilidad e identifica cuáles son consideradas prestaciones esenciales.
No se trata de una mera enumeración de recursos, prestaciones sociales e intensidades. Es, al contrario, una herramienta viva que sistematiza las prestaciones sociales públicas, detalla las intensidades y compatibilidades y que permite al profesional de referencia asignado a cada usuario contar con una visión global de las necesidades de la persona para establecer, en colaboración con el usuario y su familia, qué prestación o conjunto de prestaciones combinadas necesita y cuál es la intensidad adecuada en cada instante.
La conjunción de esas variables resulta básica para poder diseñar el plan individualizado de atención integral, combinando prestaciones con las intensidades adecuadas en cada momento. Se abre así la puerta a la concesión de prestaciones flexibles y compatibles, hechas a medida de la persona, abandonando la rigidez del modelo tradicional.
De esta forma, por ejemplo, una persona en situación de Dependencia debía hasta ahora optar por elegir un servicio: o bien acudir a un centro de día con un horario rígido, contar con ayuda a domicilio, con asistente personal o con un servicio de autonomía personal. Con el nuevo catálogo, en cambio, podrá disfrutar de una combinación de horas, de días y de servicios. Podrá recibir ayuda a domicilio unas horas, acudir a un centro de día dos días a la semana, contar con un asistente personal unas horas y, además, recibir sesiones de fisioterapia o terapia cognitiva y disponer en su domicilio del servicio de teleasistencia.
Para establecer esa ruta de atención, el profesional de referencia dispone de dos documentos paralelos: uno que mide las necesidades y otro que establece las prestaciones e intensidades que mejor responden a esa realidad. Ambos ficheros están abiertos a la incorporación en un futuro de nuevas prestaciones que respondan a requerimientos futuros de la sociedad.
Se parte de la existencia de 10 grandes grupos de necesidades, como por ejemplo cuidados básicos, alimentación, autonomía personal, movilidad, inclusión social, necesidades básicas de subsistencia etc., que hay que atender desde los Servicios Sociales.
El profesional irá marcando una necesidad u otra según corresponda, y a continuación analizará de entre ocho grandes grupos (acceso a la información y valoración, prevención, apoyo a la familia, apoyo a la autonomía personal, atención social en contexto comunitario, atención integral en centro residencial, protección y tutela o apoyo para necesidades básicas) cuál de las 109 modalidades de prestaciones definidas en el catálogo ofrece esa respuesta acorde a sus necesidades y con qué intensidad. De esas 109 modalidades, el 78 % (85 en total) no tendrá aportación del usuario.
El profesional, tras la combinación de ambos documentos, contará con toda la información básica para elaborar el plan individualizado de atención. Y de la misma forma el usuario y la familia conocerá a qué prestaciones tiene derecho, cuáles son las condiciones y requisitos para su reconocimiento y percepción.
Además, el catálogo identifica un grupo como prestaciones esenciales (58 modalidades), que serán garantizadas como derecho subjetivo para evitar la existencia de colectivos en una situación de riesgo o de exclusión social. Más de la mitad se prestarán, por tanto, de forma obligatoria y estarán garantizadas públicamente, con independencia del nivel de necesidades o del índice de demanda existente. Y existe otro grupo de prestaciones no esenciales (51 modalidades), que estarán sujetas a disponibilidad de recursos y al orden de prelación.
Otra de las novedades del catálogo, tal y como recoge el decreto, es que, además de reconocer la figura del profesional de referencia y definir cada prestación, no considera al usuario desde una perspectiva estática sino que abarca su ciclo de la vida y sus necesidades cambiantes e incorpora las prestaciones sociales de la Red de Apoyo a las Familias.
El decreto, estructurado en 13 artículos, una disposición adicional, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales, establece que ninguna persona se quedará privada del acceso a las prestaciones que le pudieran corresponder por falta de recursos económicos y garantiza la equidad territorial, de tal forma que cualquier persona resida donde resida tendrá accesos similares. Asimismo, contempla la coordinación con otros ámbitos, como el educativo, el sanitario o el empleo, para garantizar esa atención integral a la persona.
Recoge dos anexos. Uno comprende el conjunto de prestaciones del sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública y el segundo contiene las fichas descriptivas en las que se determina cada prestación.
En la elaboración del catálogo, que ha supuesto casi tres años de trabajo consensuado, han participado entidades representativas del Tercer Sector, corporaciones locales, sindicatos y empresarios, representados en el Diálogo Social, trabajadores, profesionales y colegios profesionales. El catálogo fue abierto a la participación de cualquier castellano y leonés con su inclusión en el Portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León.
El documento aprobado, tras los pertinentes informes de los órganos de participación, consolida un modelo en el que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades trabaja de forma consensuada con el sector y permite a la Comunidad situarse a la vanguardia de España.