La Comunidad cerró el tercer trimestre del año con una deuda viva de 9.470 millones de euros, que representan el 17,2 % del Producto Interior Bruto (PIB). Esto implica que Castilla y León continúa como la sexta autonomía más saneada, y ello considerando el cambio metodológico que introdujo en junio el Banco de España en aplicación del nuevo Sistema Europeo de Cuentas.
Castilla y León terminó el pasado mes de septiembre como la sexta autonomía más solvente del país, por detrás de Madrid, Canarias, País Vasco, Asturias y La Rioja. La ratio de deuda sobre PIB sube una décima respecto a los datos actualizados del segundo trimestre y se sitúa en el 17,2 %, muy por debajo del promedio del 22 %, lo que implica un diferencial de casi cinco puntos que de nuevo sitúa a la Comunidad en una buena posición relativa.
La menor deuda viva de Castilla y León en comparación con la mayoría de los territorios autonómicos, tanto en cifras absolutas como relativas, se refleja asimismo en que al término del tercer trimestre únicamente suponía el 4,1 % del total de las comunidades, que ascendía a 232.009 millones de euros.
Los datos difundidos hoy por el Banco de España son los segundos que se elaboran conforme al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la UE (SEC 2010), que desde el 1 de septiembre de 2014 sustituye al anterior (SEC´95). Su principal novedad respecto a éste es que modifica la composición del sector Administraciones Públicas, incorporando entes que antes quedaban fuera. En el caso de Castilla y León, ha supuesto la reclasificación de ADE Parques Tecnológicos y Empresariales y que ahora compute a efectos de calcular la deuda de la Comunidad.
Conviene indicar que si bien la ratio conocida hoy supera el objetivo de cierre del ejercicio, no implica que Castilla y León vaya a sobrepasar el límite de endeudamiento del 16,4 % aprobado para 2014. A efectos de una adecuada valoración hay que tener presente, en primer lugar, que el volumen de deuda pendiente de completar hasta fin de año es reducido, puesto que durante los nueve primeros meses se ha formalizado un elevado porcentaje (en concreto, el 80 % del total). En segundo lugar, el último trimestre concentra el grueso de las amortizaciones que se realizan. Y finalmente, es preciso recordar que la deuda asociada a la modificación del perímetro de consolidación fiscal es una excepción que se tiene en cuenta a la hora de evaluar el cumplimiento. Todo ello permitirá que el endeudamiento autonómico esté en línea con el máximo establecido para este año.
En orden a evaluar atinadamente la salud financiera de Castilla y León hay que insistir en que los 9.470 millones de euros correspondientes al tercer trimestre incluyen la deuda derivada de la primera fase del Mecanismo de Pago a Proveedores (1.051,4 millones de euros), al que la Junta se acogió excepcionalmente y del que no ha vuelto a hacer uso. El saldo vivo actual es de 376,3 millones, como consecuencia de dos factores: la refinanciación de 663 millones de euros mediante préstamos bilaterales con entidades financieras nacionales, y la realización de la primera amortización trimestral, en el mes de septiembre, por importe de 12,1 millones.
El organismo de control no atribuye a la Comunidad ningún préstamo con cargo al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), puesto que fue una de las ocho autonomías que no precisaron recurrir a este sistema de obtención de liquidez dada su contrastada capacidad para obtenerla de los proveedores financieros tradicionales.
El Banco de España también incorpora como endeudamiento de Castilla y León las operaciones de 'factoring' sin recurso, esto es, la cesión de algunos créditos comerciales frente a las administraciones públicas a instituciones financieras, así como ciertos préstamos para proyectos específicos. La consecuencia de ello es que de los 9.470 millones de euros de deuda autonómica, 307 están asignados a la Comunidad por proyectos de colaboración público-privada, y otros 214 millones son créditos comerciales cedidos.
De ahí que, en rigor, la deuda financiera de Castilla y León era de 8.949 millones de euros a 30 de septiembre. De esa cuantía, por otro lado, 418 millones eran créditos para financiar préstamos a empresas, por los que la Junta ingresa tanto la amortización del capital como los intereses correspondientes.
De acuerdo con la metodología SEC 2010, la mayoría del endeudamiento de la Comunidad está atribuido a la Administración General, que es titular del 91,7 % del total, mientras que las universidades y los entes públicos de derecho privado tienen suscrito el 4 % y las empresas públicas el 4,3 % restante.
Respecto a estas últimas, el Banco de España ofrece información separada sobre las que no computan porque realizan actividades de mercado. Así, la deuda de las sociedades públicas de Castilla y León que no tiene efectos sobre la cifra autonómica era de 150 millones de euros al finalizar el tercer trimestre, el 2,6 % del total nacional. En términos relativos equivale al 0,3 % del Producto Interior Bruto, dos décimas menos que la media del 0,5%.
Un interesante ejercicio económico es sumar la deuda viva de la parte de la Administración de Castilla y León que tiene en cuenta el Sistema Europeo de Cuentas (9.470 millones de euros) y la que no (150 millones). El resultado es un endeudamiento global del sector público autonómico de 9.620 millones a 30 de septiembre de 2014. Es decir, que la Comunidad sólo aportó el 4 % de los 237.732 millones registrados en el conjunto de España. En relación al PIB nuestra posición también es favorable, ya que nuestra deuda viva representa el 17,5 % del PIB frente al promedio del 22,5 %.
La deuda de Castilla y León está concertada en moneda euro en su totalidad, por lo que no existen riesgos asociados a las fluctuaciones del tipo de cambio. Además, su estructura se ha ido adaptando a las exigencias del mercado. Hasta septiembre el 70 % de las operaciones de crédito se articulaba a través de préstamos, frente al 30 % de emisiones de deuda. La práctica totalidad es financiación a largo plazo, con el objetivo de minimizar en lo posible los riesgos de la refinanciación.
Por otra parte, continúa siendo mayoritaria la presencia de prestamistas nacionales, si bien la percepción de una mejoría económica general y, en particular, de Castilla y León se está traduciendo en un interés creciente de los inversores extranjeros hacia el riesgo autonómico.
La confianza que ofrece Castilla y León como prestatario ha propiciado que la Junta mantenga intacta su capacidad de acceso a los mercados, que se vio reforzada por la determinación de la agencia internacional de calificación Moody´s de mejorar la nota de la Comunidad en febrero. El hecho de que se elevara un escalón la valoración financiera autonómica hasta Baa2, la misma que España, es un reflejo de esa buena imagen, que se basa en una mejor gestión presupuestaria y financiera, un déficit bajo control y una carga financiera por debajo de la media.
Una vez más no hay que olvidar que para reforzar la transparencia y con el fin de que los potenciales inversores dispongan de información relevante, la Consejería de Hacienda, que dirige Pilar del Olmo, tiene centralizadas en Internet las principales estadísticas económicas, presupuestarias y financieras de Castilla y León. Estos contenidos se actualizan periódicamente y están disponibles, tanto en castellano como en inglés, en la sección de Hacienda y Finanzas Públicas de la página web de la Junta ( www.jcyl.es ).