Los agricultores sorianos, hartos de la normativa sobre fitosanitarios

A raíz de la conocida como 'crisis de los pepinos', del año 2011, las Administraciones tomaron la firme decisión de regular el uso de plaguicidas de uso fitosanitario y la trazabilidad, para equipararlo a niveles parecidos de exigencia de los medicamentos y de los productos veterinarios. Por ese motivo, han ido creando un complejo desarrollo normativo que, por supuesto, afecta a los profesionales del campo soriano.

Esta regulación -que se traduce en aspectos como el registro de todos los tratamientos en un nuevo libro, complejo y laborioso, la obligación de utilizar recetas para algunos tipos de tratamientos y cultivos, el establecimiento del sistema de gestión integrada de plagas o la implantación de un muy definido sistema de eslabones de responsabilidad para todos los que manipulan, operan, usan o comercializan productos fitosanitarios- ha llevado, según ASAJA Soria "a la más demencial campaña de formación en todos sus niveles". Un hartazgo por el que fuentes de la organización agraria (OPA) "tiene a los agricultores literalmente hasta el 'pepino' ". Y lo peor, dicen, "es que estamos solamente empezando con la implantación de esta nueva regulación".

Todos estos requisitos y otros que recoge la normativa suman a agricultores y operadores mayores exigencias de cumplimiento de registro, exigencias incluso tributarias, de control, de almacenaje, administrativas, etcétera, que ASAJA no niega que puedan servir para garantizar a la sociedad en su conjunto un uso más sostenible de este tipo de productos. Sin embargo, todos estos requisitos, en opinión de ASAJA Soria, "lo único que hacen a la larga es lastrar la competitividad de las explotaciones al incrementar gastos sin conllevar mejoras de rentabilidad y para colmo el mercado interior no está protegido de la llegada de productos extracomunitarios con muchas menores exigencias en materia de fitosanitarios".

ASAJA invita a las Administraciones a reflexionar sobre el cúmulo de cuestiones que están llegando al punto de saturación total para el campo, que no aportan mejoras directas sobre la competitividad y que ponen en peligro la buena salud de las actividades agroganaderas.
Sea como fuere, la OPA continúa con su labor de dar salida a la demanda de la obligada formación, con cursos por toda la provincia, con el fin de que ningún agricultor se quede sin cumplir con estas exigencias antes del 26 de noviembre de 2015, fecha en la que termina el plazo para la capacitación requerida.