Traslada una propuesta de alegaciones al nuevo Proyecto de Ley de Modificación de la Ley 43/2003 de Montes, que supondrá la "degradación" de una profesión emblemática e histórica, y el deterioro de un servicio de protección medioambiental en España". En Castilla y León hay más de un millar de agentes forestales y medioambientales, sobre todo en la administración autonómica, pero también en ayuntamientos, mancomunidades y otras entidades locales y nacionales.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) alerta de la "grave degradación profesional" que sufrirán los agentes medioambientales y forestales, si el Gobierno no reconduce las modificaciones planteadas en el nuevo proyecto de ley de reforma de la Ley 43/2003 de Montes, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 9 de enero; y exige que se mantengan las competencias de policía judicial de estos profesionales, "necesarias para ser eficientes en su deber de velar por el respeto al medio ambiente y, por tanto, de defender la legalidad".
CSI-F denuncia que la modificación planteada "sustituye el actual sistema de trabajo de investigación de los agentes medioambientales y forestales, basado en la coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que tan buenos resultados viene dando hasta el momento. Un sistema que, siendo eficaz, incomprensiblemente se pretende sustituir por una nueva relación de subordinación hacia los otros cuerpos de seguridad que, con todo el respeto hacia ellos, rechazamos porque supone el desprecio a una profesión emblemática y de una tradición histórica".
CSI-F no entiende este cambio "absurdo, que supone poner fin a unas competencias profesionales reconocidas desde hace 140 años; y que introduce un importante elemento de inseguridad jurídica en la actuación del agente forestal y medioambiental, en su labor como policía judicial, amparada por la Ley 10/2006, que sirvió para ratificar y consolidar las competencias y las funciones de policía judicial.
Las modificaciones que recoge el nuevo proyecto de ley de reforma de la vigente Ley de Montes, que ha iniciado su tramitación parlamentaria, dan un nuevo sentido a las competencias actuales de policía judicial de los agentes ambientales y forestales, que pasarían a actuar "de forma auxiliar", sin poder realizar atestados, y siempre subordinados a los otros cuerpos de seguridad. Es lo que indican los cambios que se quiere introducir en el texto de los artículos 6 y 58 de la Ley 10/2006 de Montes, que en su día ya fue una modificación a la Ley 43/2003 de Montes.
El sindicato independiente CSI-F explica que, si sigue adelante la reforma, muchos de los cometidos que ahora vienen haciendo los agentes medioambientales y forestales, luego necesitarán la participación de otros empleados públicos, pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, duplicando así los recursos que se utilizan, para llevar a cabo un mismo trabajo y finalidad".
En este sentido, CSI-F recuerda que los agentes medioambientales y forestales "están perfectamente preparados y formados para cumplir su trabajo, ya que son unos funcionarios especializados en la protección medioambiental". CSI-F lamenta la "desconfianza que el Gobierno traslada a la sociedad, sobre el trabajo de sus agentes medioambientales y forestales, que supondrá pérdida de eficacia y autonomía en las labores que vienen realizando, entre las que está poner en conocimiento de la Justicia, en debida forma y tras la oportuna investigación, la comisión de delitos medioambientales".
Dado que el ordenamiento jurídico español no otorga el monopolio del ejercicio de las funciones de policía judicial a favor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, CSI-F insta a la eliminación de las modificaciones señaladas en la nueva reforma de la Ley de Montes que se tramita, que supongan una alteración del actual estatus jurídico de los agentes medioambientales y forestales.
Además, CSI-F remarca que "la nueva redacción del texto de algún artículo, tiene que garantizar la validez y eficacia de las diligencias practicadas por estos profesionales medioambientales de la administración pública, reconociéndose sus competencias y labores de policía judicial, directamente o por colaboración con otros cuerpos de seguridad, en términos idénticos o similares a los empleados para su reconocimiento al Servicio de Vigilancia Aduanera o a la Policía Local".
Asumiendo la responsabilidad de ser el sindicato mayoritario entre los empleados públicos, CSI-F ha enviado a todos los grupos parlamentarios del Congreso diversas alegaciones al proyecto de ley de modificación de la Ley 43/2003 de Montes, "con el fin de que los representantes políticos atiendan nuestras explicaciones y peticiones, y eviten unas modificaciones que sólo van a traer problemas, porque se va a degradar profesionalmente a un colectivo emblemático de funcionarios, y encima se va a deteriorar un servicio esencial, como es el de la protección del medio ambiente".