La Conferencia Sectorial ha ratificado los criterios de distribución de los créditos que se transfieren directamente a las Autonomías para sus planes de lucha contra las drogas, excepto Navarra y País Vasco, debido a su régimen foral.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad transferirá 9,5 millones de euros a las comunidades autónomas para luchar contra las drogas.
A Castilla y León le corresponden 711.645 euros dentro de la cantidad consignada en los Presupuestos Generales del Estado de 2015. Así se ha comunicado hoy en el transcurso de la Conferencia Sectorial del Plan Nacional sobre Drogas.
La secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, presidió la Conferencia, en la que están representadas la Administración central -a través de los ministerios de Presidencia, Interior, Empleo, Educación, Cultura y Deporte, Economía y Competitividad, Hacienda y Administraciones Públicas, Asuntos Exteriores y Cooperación, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad- y las comunidades sutónomas. En el acto también estuvo presente el Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco Babín.
La Conferencia Sectorial ratificó los criterios de distribución de los créditos que se transfieren directamente a las autonomías para sus planes de lucha contra las drogas (excepto Navarra y País Vasco, debido a su régimen de cupo). Estas comunidades no reciben transferencias de los PGE debido a su régimen foral, pero sí del Fondo de Bienes Decomisados.
Además de la distribución de créditos referida, se abordó un informe sobre el estado de ejecución del Plan de Acción 2013-2016 que desarrolla la Estrategia Nacional sobre Drogas, donde se han formado 28 grupos de Trabajo. Otro de los informes versó sobre las actividades del Sistema Español de Alerta Temprana para la detección de nuevas sustancias con potencial adictivo.
Por último, se informó a los miembros de la Conferencia Sectorial de la puesta en producción de la Plataforma BIDA (Biblioteca Iberoamericana de Drogas y Adicciones), que ha sido desarrollada dentro del Proyecto Copolad. Esta iniciativa, que se desarrollos en la UE y lidera España, garantiza el acceso desde los países participantes a un amplio catálogo de documentos de interés para la planificación de políticas relacionadas con la reducción de la demanda de drogas.