La Junta pretende que las empresas puedan tramitar sus documentos de cobro de manera más sencilla.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy permitir a los proveedores de la Junta la presentación en papel de las facturas de hasta 5.000 euros, medida que será efectiva a partir de la próxima semana, una vez se publique el acuerdo en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). El objetivo es que las empresas, en especial las de menor tamaño y los autónomos, puedan tramitar sus documentos de cobro de manera sencilla.
La gran mayoría de los proveedores de las administraciones están obligados a facturar electrónicamente desde el pasado 15 de enero, fecha en que entró en vigor lo establecido por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público. Esta misma regulación permite a las comunidades autónomas que, en el ejercicio de sus competencias, puedan hacer excepciones cuando el importe sea igual o inferior a 5.000 euros.
La Junta ha decidido hacer uso de esta posibilidad para facilitar los trámites a aquellas empresas o autónomos que contratan obras o servicios con la Administración de Castilla y León, pero carecen de los medios o la formación necesaria para elaborar facturas en ese formato. En virtud del cambio normativo acordado esta mañana todos los proveedores, sea cual sea su forma jurídica, estarán exentos de la obligación de presentar documentos al cobro de hasta 5.000 euros de manera electrónica. Con ello se les concede un margen de tiempo adicional para adaptarse a esta tecnología, de modo que puedan usarla en un futuro próximo y beneficiarse de sus ventajas. Entre ellas destaca, en primer lugar, un relevante ahorro de tiempo y dinero asociado a la facilidad en la gestión. Junto a esto, permite a los interesados acceder al estado de tramitación del expediente y asegura una mayor agilidad administrativa, que redunda en la disminución de los plazos de pago.
Conviene recordar que desde comienzos de 2013 la Junta tiene en funcionamiento el sistema informático que hace posible la recepción de facturas electrónicas. A diferencia de lo que ocurre con herramientas similares de otras administraciones, para beneficiarse de este servicio de la Consejería de Hacienda no es preciso disponer de certificado electrónico, sino que basta con inscribirse como proveedor en un registro creado al efecto. La Intervención General de Castilla y León gestionó 542.990 facturas de suministradores de bienes o servicios en 2014, de las que 17.554, el 3,2 %, se presentaron a través de la Plataforma de Facturación Electrónica. Ese porcentaje ha crecido de manera exponencial en lo que va de 2015, puesto que de los 31.988 documentos de este tipo que se han tramitado han llegado telemáticamente 6.293, el 19,7 % del total.
El Gobierno autonómico ha apostado en los últimos años por aplicar las tecnologías de la administración electrónica al seguimiento de los pagos, con la aprobación de normas que han supuesto un notable avance. Así, el Decreto 3/2013 creó la citada Plataforma de Facturación, que recibe los documentos que envían por Internet las empresas que contratan con la Junta e incluso les permite confeccionarlos 'on-line' desde la propia web. Por su parte, el Decreto 4/2013 reguló el Registro de Documentos a Pagar, que ha acortado los plazos de grabación y tramitación de las facturas y facilita su seguimiento a través del Sistema de Información Contable de Castilla y León (SICCAL2), donde se encuentra integrado.
La gran mayoría de los proveedores de las administraciones están obligados a facturar electrónicamente desde el pasado 15 de enero, fecha en que entró en vigor lo establecido por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público. Esta misma regulación permite a las comunidades autónomas que, en el ejercicio de sus competencias, puedan hacer excepciones cuando el importe sea igual o inferior a 5.000 euros.
La Junta ha decidido hacer uso de esta posibilidad para facilitar los trámites a aquellas empresas o autónomos que contratan obras o servicios con la Administración de Castilla y León, pero carecen de los medios o la formación necesaria para elaborar facturas en ese formato. En virtud del cambio normativo acordado esta mañana todos los proveedores, sea cual sea su forma jurídica, estarán exentos de la obligación de presentar documentos al cobro de hasta 5.000 euros de manera electrónica. Con ello se les concede un margen de tiempo adicional para adaptarse a esta tecnología, de modo que puedan usarla en un futuro próximo y beneficiarse de sus ventajas. Entre ellas destaca, en primer lugar, un relevante ahorro de tiempo y dinero asociado a la facilidad en la gestión. Junto a esto, permite a los interesados acceder al estado de tramitación del expediente y asegura una mayor agilidad administrativa, que redunda en la disminución de los plazos de pago.
Conviene recordar que desde comienzos de 2013 la Junta tiene en funcionamiento el sistema informático que hace posible la recepción de facturas electrónicas. A diferencia de lo que ocurre con herramientas similares de otras administraciones, para beneficiarse de este servicio de la Consejería de Hacienda no es preciso disponer de certificado electrónico, sino que basta con inscribirse como proveedor en un registro creado al efecto. La Intervención General de Castilla y León gestionó 542.990 facturas de suministradores de bienes o servicios en 2014, de las que 17.554, el 3,2 %, se presentaron a través de la Plataforma de Facturación Electrónica. Ese porcentaje ha crecido de manera exponencial en lo que va de 2015, puesto que de los 31.988 documentos de este tipo que se han tramitado han llegado telemáticamente 6.293, el 19,7 % del total.
El Gobierno autonómico ha apostado en los últimos años por aplicar las tecnologías de la administración electrónica al seguimiento de los pagos, con la aprobación de normas que han supuesto un notable avance. Así, el Decreto 3/2013 creó la citada Plataforma de Facturación, que recibe los documentos que envían por Internet las empresas que contratan con la Junta e incluso les permite confeccionarlos 'on-line' desde la propia web. Por su parte, el Decreto 4/2013 reguló el Registro de Documentos a Pagar, que ha acortado los plazos de grabación y tramitación de las facturas y facilita su seguimiento a través del Sistema de Información Contable de Castilla y León (SICCAL2), donde se encuentra integrado.