De esta forma el principal instrumento de información de víctimas en la Comunidad se abrirá a todos los profesionales que intervienen en el proceso, tales como, Servicios Sociales, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, jueces y fiscales.
Este avance, enmarcado en el 'Objetivo Violencia Cero', permitirá aumentará la protección y seguridad de la víctima, evitará la doble 'victimización', al no tener que narrar su historia ante distintos profesionales, aumentará la eficacia de los recursos, eliminando duplicidades y, en definitiva, mejorará la atención a las usuarias, que tendrán un único punto de referencia en la atención y acceso a los recursos existentes en la Comunidad.
De esta forma, los profesionales de los Servicios Sociales de ámbito autonómico, provincial y local, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía Local, los jueces y los fiscales de Castilla y León compartirán en una única base de datos información relevante y actualizada sobre la víctima, que les permitirá tener una visión integral del caso y adoptar las mejores decisiones para garantizar la atención integral y la protección.
El registro se nutrirá, entre otros datos, de la historia social, de las órdenes judiciales de protección, de información procedente de los servicios penitenciarios, de la derivada del seguimiento de casos del Ministerio del Interior (Viogen) y del servicio telefónico de atención y protección a las víctimas. Los datos de las más de 2.000 víctimas que ya figuran en el registro unificado se sumarán las que tiene contabilizadas el registro de la policía y la información de los juzgados y de la Fiscalía.
Las informaciones que aglutinará este registro son: los datos identificativos de la mujer, de los menores y personas que de ella dependan, datos personales, información sobre renta, ingresos y patrimonio, información sobre actuaciones judiciales, información sobre las formas y ámbitos en los que se ha ejercido la violencia, así como la historia social e información de los recursos del sistema de responsabilidad pública que haya o esté utilizando la víctima.
Además, se anotará en el registro la información de la que tengan conocimiento otros organismos o entidades que desarrollen su actividad con víctimas. El acceso al registro para hacer anotaciones y consultas deberá estar autorizado por la Administración autonómica. Todos los datos recogidos en el registro tendrán el máximo nivel de seguridad.
La aprobación de este decreto responde al compromiso lanzado por el presidente de la Junta de Castilla y Leon, Juan Vicente Herrera, el pasado mes de enero durante la presentación del novedoso modelo de trabajo en red para la atención integral a las víctimas de violencia de género. Representa el paso necesario para la aprobación en breve, por acuerdo de la Junta de Castilla y León, de las futuras directrices de funcionamiento del modelo de Violencia de Cero. Además, las corporaciones locales procederán a contratar a 100 nuevos profesionales de atención directa para los Centros de Acción Social de la Comunidad, que anunció el presidente de la Junta.
Este registro nació como un fichero en mayo de 2013. Desde su creación, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha trabajado para modelar y construir un sistema coordinado de información único en España al que se sumarán los principales agentes que trabajan antes, durante y después de la denuncia.
Para ello, suscribió el 2 de julio de 2014 un acuerdo con el Ministerio del Interior, convirtiendo a Castilla y León en la primera comunidad en poder compartir información sobre las víctimas con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. El 9 de octubre, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades firmaba otro convenio con la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) para reforzar la colaboración entre administraciones.
El 15 de octubre tuvo lugar la firma de un convenio con el Consejo General del Poder Judicial, que abriría la posibilidad de materializar el 11 de noviembre un convenio con la Fiscalía de Castilla y León y otro el 18 de noviembre con el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Ambos convenios posibilitaban que trabajadores sociales, jueces y fiscales intercambien información completa y actualizada que les permita profundizar en la protección a las víctimas. Y, además, desde el pasado 10 de noviembre se han suscrito convenios con 19 entidades locales que tienen policía local.